Ley de Emergencia en Discapacidad: familias y organizaciones marcharon al Congreso

Familias, prestadores, personas con discapacidad y cuidadoras marcharon este miércoles al Congreso para exigir la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta 2027, mientras en simultáneo la Cámara de Diputados sesiona de manera especial para debatir el proyecto que incluye la regularización de pagos, actualización de aranceles para prestadores y pensiones no contributivas, entre otros.

Esta nueva movilización ocurrió casi a una semana de las marchas en todo el país y paro histórico del sector. Los manifestantes se congregaron frente al Congreso y llegaron a cortar la circulación para visibilizar su reclamo. Luego buena parte de los presentes se sumaron a la marcha siguiente de jubilados y médicos del Garrahan.

El proyecto presentado por el diputado de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, busca aumentar el valor de las prestaciones de salud, educación y transporte que brindan las instituciones del sector. Dichos montos se mantienen congelados desde octubre del 2024.

En diálogo con C5N, desde el Congreso, Arroyo contó que "la situación en materia de discapacidad es catastrófica" , las personas que trabajan en talleres protegidos, cuatro horas al día, cobran 28 mil pesos por mes; en el caso de los transportistas, cobran cerca de 500 pesos el litro de nafta, mientras el litro sale 1.300 pesos, esto genera que "en vez de llevarlo los 5 días para hacer el tratamiento que corresponde lo lleva dos días".

En el programa La Mañana, por C5N, entrevistaron a Celeste Romero, licenciada en Terapia Ocupacional, quien relató que un kinesiólogo o psicólogo, cobra 12 mil pesos la consulta, monto que no sube dentro del nomenclador desde octubre del año pasado y que las obras sociales muestran un retraso de entre 3 y 6 meses.

"Si una mamá tiene que ir a trabajar, pero el transporte que tiene que pasar a buscar a su hijo para ir a la escuela o para ir alguna terapia ya no pasa porque hace cuatro meses que no le pagan, esa mamá también tiene que dejar de trabajar y la economía de esa familia impacta todo el sistema tan violento", sentenció.

Con un coro de "No al ajuste", entre silbatos y bombos, familias se reunieron en el Congreso, el periodista Alejandro Moreyra, entrevistó algunas de ellas: "Lo que se paga es insuficiente, se van a dedicar a otra cosa. No pueden hacer frente, y no es que se estén guardando el dinero, sino que es que no les alcanza", comentó una madre.

En redes sociales, desde la agrupación de Discas en Lucha publicaron un comunicado donde denunciaron: "Distintas organizaciones e instituciones de personas con discapacidad nos avisaron que hay controles vehiculares en el ingreso desde la zona oeste de CABA, que les impide ingresar a Capital, y les hacen volver a las instituciones, en muchos casos escolados por Gendarmería. Estamos denunciando esto ante los medios de comunicación y también dimos aviso a la Red Federal por los Derechos Humanos y la Democracia".

"Basta de ajuste": el reclamo de familias y organizaciones

Desde la agrupación de Discas en Lucha, llamaron a congregarse a partir de las 12 en las inmediaciones del Congreso, en Entre Ríos y Rivadavia: "Decimos basta de ajuste sobre nuestros cuerpos, existencias y medios de vida".

Desde la Asociación Civil TEA Activa apoyaron la movilización porque "la situación de la discapacidad en Argentina es crítica y cada vez más insostenible". En un comunicado informaron que ONG, profesionales y familias enfrentan diariamente obstáculos, cancelaciones de prestaciones y falta de cobertura en todo el país.

"Un país que le da la espalda a su población más vulnerable es un país que se aleja del sueño de igualdad, justicia y dignidad que imaginaron nuestros próceres. Mientras tanto, sectores privilegiados no solo mantienen sus beneficios, sino que incluso los amplían. ¿Es este el país que queremos dejarles a nuestros hijos?", remarcaron.

Sin embargo, ante este panorama, el Gobierno adelantó que en caso de que se apruebe, vetarán la ley. Esto ocurre en el marco del ataque del presidente Javier Milei contra Ian Moche, un niño de 12 años activista por la concientización sobre el trastorno del espectro autista (TEA), en redes sociales, después de que el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, le dijo a él y a su madre en una reunión que las personas con discapacidad no son responsabilidad del Estado.

Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, adelantó que "no existen los recursos" para una posible actualización presupuestaria: "Por más que propongan un aumento de partidas no se puede aprobar una ley así, y si lo hacen, el Ejecutivo la va a vetar".

Sumado a esto, desde la ANDIS expresaron el rechazo al proyecto, justificando que la propuesta "desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión", además de definirla como "una iniciativa regresiva que apela a un modelo asistencialista ya superado".