Los crímenes de odio LGBT+ aumentaron un 70% en Argentina en el primer semestre de 2025

El informe especifica que hubo 17 muertes vinculadas a odio, ya sea por asesinatos, suicidios o muertes evitables por violencia estructural. El resto de los casos (85 ataques) consistieron en agresiones físicas sin desenlace fatal.

El documento advierte que en 2024 se registraron 140 crímenes de odio, el 48% de ellos con resultado fatal. Además, se destaca que la violencia en la vía pública representó el 35% de los casos, superando por primera vez a la violencia estructural.

En el análisis aparece un dato alarmante: el Estado fue responsable directo o cómplice en casi un 65% de los ataques, es decir un equivalente a 66 casos. De esa cifra, en unos 54 la violencia fue ejecutada por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones, configurando graves situaciones de violencia institucional. Ante ese escenario, la falta de políticas públicas y el desmantelamiento de organismos como el INADI agravan el contexto.

Desde distintas organizaciones destacaron que los discursos discriminatorios impuestos desde cargos públicos validan la violencia cotidiana. La retórica política agresiva, especialmente desde el Gobierno nacional, legitima y acelera los ataques reales contra la comunidad.

El informe concluye con dos demandas clave: que los crímenes de odio sean tipificados en el sistema judicial y que se avance con urgencia en la nueva Ley Nacional contra la Discriminación, hoy en debate. La falta de respuestas estatales deja a la comunidad en una situación de total vulnerabilidad.