Un informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, elaborado en conjunto con la Defensoría LGBT+ y la Federación Argentina LGBT+, reveló que en la primera mitad de 2025 se registraron 102 ataques basados en odio hacia personas LGBT+, lo que representa un incremento del 70% respecto al mismo período de 2024, cuando se registraron 60 hechos similares.
Los crímenes de odio LGBT+ aumentaron un 70% en Argentina en el primer semestre de 2025
Un informe del Observatorio Nacional reveló que se registraron 102 ataques en seis meses. La mayoría de las víctimas fueron mujeres trans y en casi la mitad de los casos hubo responsabilidad o complicidad del Estado.
Del total, el 70,6% (72 casos) afectaron a mujeres trans, quienes aparecen como el grupo más vulnerado. Le siguen los varones gay cis con un 16,7% (17 casos), lesbianas con 6,9% (7 casos), varones trans con 4,9% (5 casos) y personas no binarias en un 1% de los casos.
El informe especifica que hubo 17 muertes vinculadas a odio, ya sea por asesinatos, suicidios o muertes evitables por violencia estructural. El resto de los casos (85 ataques) consistieron en agresiones físicas sin desenlace fatal.
El documento advierte que en 2024 se registraron 140 crímenes de odio, el 48% de ellos con resultado fatal. Además, se destaca que la violencia en la vía pública representó el 35% de los casos, superando por primera vez a la violencia estructural.
En el análisis aparece un dato alarmante: el Estado fue responsable directo o cómplice en casi un 65% de los ataques, es decir un equivalente a 66 casos. De esa cifra, en unos 54 la violencia fue ejecutada por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones, configurando graves situaciones de violencia institucional. Ante ese escenario, la falta de políticas públicas y el desmantelamiento de organismos como el INADI agravan el contexto.
Desde distintas organizaciones destacaron que los discursos discriminatorios impuestos desde cargos públicos validan la violencia cotidiana. La retórica política agresiva, especialmente desde el Gobierno nacional, legitima y acelera los ataques reales contra la comunidad.
El informe concluye con dos demandas clave: que los crímenes de odio sean tipificados en el sistema judicial y que se avance con urgencia en la nueva Ley Nacional contra la Discriminación, hoy en debate. La falta de respuestas estatales deja a la comunidad en una situación de total vulnerabilidad.
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