Javier Milei busca extender un liderazgo que no funciona

Los libertarios hablan mucho y tienen una extraña tendencia a la soberbia. Quizás eso sea lo que los lleva, aún con un establishment mediático que está claramente a favor, a cometer errores no forzados que complican la gestión. ¿Es sólo torpeza de los intérpretes o es que la materia que tienen que comunicar es tan espantosa que sostener una narrativa intachable se vuelve imposible?

Está claro que mientras el Gobierno intenta sostener el relato de una economía en recuperación, los datos que se acumulan semana tras semana muestran un escenario cada vez más complicado para las mayorías. Mientras Javier Milei y sus funcionarios insisten con la llegada de los “brotes verdes”, la realidad exhibe que ni siquiera lo que parecía estar controlado, lo está del todo.

El dólar vuelve a estar bajo presión y eso puede tener consecuencias en la inflación pero, además, la actividad económica sigue en derrumbe, la industria funciona muy por debajo de su capacidad, el consumo no logra recuperarse y el deterioro del empleo y los ingresos amenaza con transformarse en un problema político en la previa a un año electoral.

En paralelo, la Casa Rosada acelera una negociación en el Congreso para conseguir los votos que necesita para avanzar con su radical agenda de reformas. La eliminación de las PASO, la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y otros proyectos centrales del oficialismo dependen de acuerdos con gobernadores y sectores aliados. Para construir esos apoyos, el Gobierno sabe que ya no alcanza con prometer adelantos de coparticipación a cuentagotas y comenzó a utilizar como prenda de negociación el traspaso de obras públicas que quedaron paralizadas desde el inicio de la gestión. Es un estímulo clave a la actitud mendicante que los gobernadores vienen mostrando hace dos años.

Error no forzado con el dólar

Como la ministra de seguridad, Alejandra Monteoliva, con las banderas de Malvinas en el partido del Mundial contra Inglaterra, esta vez fue el vocero presidencial Adrián Ravier el que boqueó. Ravier planteó que el dólar podría llegar a los $1.800 en los próximos meses y aseguró que una suba de ese nivel representaría una corrección “mínima” sin grandes consecuencias sobre los argentinos. La reacción del mercado fue distinta. Inversores y empresas comenzaron nuevamente a buscar cobertura ante una eventual devaluación. Se desarma el carry trade y el refugio, como siempre, es el dólar.

Un informe de Banco Comafi registró que la demanda privada de instrumentos para protegerse de una suba del dólar ya supera los u$s 8.000 millones, el nivel más alto desde octubre de 2025, antes de las últimas elecciones legislativas. El Tesoro debió ampliar la colocación de bonos atados al dólar y el Banco Central reforzó su intervención en futuros para contener las expectativas.

La presión se trasladó rápidamente a las cotizaciones. El dólar subió por tercer día consecutivo el viernes y alcanzó nuevos máximos nominales: $1.520 en el Banco Nación, $1.497 en el mercado mayorista y cerca de $1.600 en el contado con liquidación. La estabilidad cambiaria, uno de los principales pilares del programa económico del Gobierno, empieza a mostrar fisuras justo cuando la Casa Rosada necesita llegar a las elecciones con una imagen de control. Falta mucho, es cierto. Pero no tanto, porque el escenario actual es el que incide en la negociación con los gobernadores. A los aliados, Karina Milei les prometió que no les armará listas que les compitan en el distrito. Pero para que esa oferta sea atractiva, La LibertadAvanza tiene que medir bien.

¿Brotes verdes?

Ese escenario contrasta con el discurso oficial de recuperación. El viceministro de Economía José Luis Daza aseguró que “ya están los brotes verdes”, pero los datos de actividad muestran que no hay derrame ni rebote para la mayoría de los sectores.

El Estimador Mensual de Actividad Económica volvió a caer y acumuló su segundo mes consecutivo de retroceso. Cerca del 70% del aparato productivo permanece por debajo de los niveles de 2023 y el crecimiento aparece concentrado en actividades como el agro, la energía, la minería y las finanzas, sectores que no logran compensar la caída de la industria, el comercio y los servicios, donde se concentra la mayor parte del empleo.

La industria metalúrgica es uno de los ejemplos más claros de ese contraste. Según Adimra, la producción del sector cayó 4,6% interanual en junio y acumula una baja de 5,7% en lo que va del año. La utilización de la capacidad instalada quedó en apenas 40,8%, uno de los niveles más bajos registrados en las últimas décadas.

La propia entidad empresaria advirtió que el problema ya no es sólo la caída de la producción nacional. También retrocede la demanda total del mercado. Menos actividad, menos consumo y menos inversión. En ese contexto, los “mejores 18 meses” prometidos por el ministro de Economía, Luis Caputo parecen una quimera. O una mentira.

El deterioro también golpea de lleno al consumo. Según la consultora Scentia, las ventas de productos de consumo masivo cayeron 2,7% interanual en junio y acumulan un retroceso de 2,9% en el primer semestre del año, encadenando seis meses consecutivos de bajas. Los supermercados, mayoristas, almacenes y kioscos siguen en terreno negativo, mientras el comercio electrónico es prácticamente el único canal que logra crecer. La desaceleración de la inflación no alcanzó para recomponer el poder de compra, los salarios y las jubilaciones continúan corriendo por detrás del costo de vida y el ajuste sigue sintiéndose en la mesa de millones de argentinos.

Y las consecuencias ya se sienten en el mercado laboral. Según datos oficiales de la Subsecretaría de Seguridad Social, en el último año se perdieron 38.532 aportantes al sistema previsional. La caída estuvo impulsada por la destrucción de 140.659 empleos en relación de dependencia, de los cuales 108.378 correspondieron al sector privado y 36.034 al sector público. Al mismo tiempo, el empleo formal acumula una retracción del 3,2% respecto de noviembre de 2023, equivalente a casi 330.000 puestos de trabajo registrados menos, mientras la informalidad ya alcanza al 43,6% de los asalariados. La consecuencia de esto es menos empleo de calidad, menos aportes para sostener el sistema previsional y una economía cada vez más precarizada. Además, en términos generales, una menor recaudación obliga inevitablemente a profundizar el ajuste. El espiral descendente se acentúa en el segundo semestre.

Ese malestar también aparece en las encuestas. El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella cayó 4,8% en julio y acumula una baja superior al 12% interanual. La caída fue especialmente fuerte entre los sectores de menores ingresos, una señal de que la estabilidad macroeconómica de la que se ufana el oficialismo no se transforma en una mejora concreta para las familias. El índice ha mostrado, en las elecciones de los últimos años, ser un mejor predictor que la mayoría de las encuestas.

Ofensiva política

El Gobierno siente la urgencia y acelera su ofensiva política. El operativo reelección marcha pero también todo lo que hay que hacer, tiene que ser más rápido, por si no hay segundo mandato. Con este telón de fondo, Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger se reunieron para destrabar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas consideradas estratégicas por el oficialismo.

La propuesta busca modificar el régimen vigente desde el kirchnerismo sobre la adquisición de tierras y eliminar restricciones para la compra por parte de extranjeros, incluso en zonas consideradas estratégicas. El proyecto generó cuestionamientos por el impacto sobre la soberanía territorial y obligó al Gobierno a negociar cambios para intentar reunir los votos en el Senado. Ya hay 15 borradores del texto y aún no se consiguieron las voluntades necesarias para aprobar ese artículo. Los misioneros, habituales aliados de LLA, ya avisaron que no acompañan. El 6 de agosto, día de la sesión en el Senado, habrá además una masiva manifestación en contra, acorde con la entrega del país que la norma implica.

La discusión por la apertura a capitales extranjeros ya había quedado expuesta luego del trapo desplegado por la selección argentina en el partido con Inglaterra. La impertinencia de la hoy silenciada Monteoliva potenció otros reclamos. Uno muy claro tiene que ver con la actitud timorata de la Cancillería en relación con explotación hidrocarburífera en el norte de las Islas Malvinas.

El conflicto también llegó al Congreso. El diputado nacional Guillermo Michel, junto a las diputadas Kelly Olmos y Moira Lanesan Sancho, presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo detalle qué medidas adoptó frente a las actividades de exploración y búsqueda de petróleo impulsadas o autorizadas por el Reino Unido en las aguas que rodean las islas. La diputada Marcela Pagano presentó también una denuncia penal contra empresas vinculadas al proyecto Sea Lion, entre ellas Navitas Petroleum, por la explotación de petróleo en territorio cuya soberanía reclama la Argentina.

Pagano cuestionó el silencio del Gobierno frente al avance de esas operaciones y apuntó contra la política oficial respecto de los recursos estratégicos. La legisladora pidió investigar a las compañías involucradas en la exploración, explotación, transporte y comercialización del crudo extraído del proyecto, argumentando que podrían existir violaciones a la normativa argentina sobre actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental.

La misma búsqueda de apoyos atraviesa la reforma electoral y la eliminación de las PASO. La Casa Rosada necesita sumar gobernadores y legisladores aliados, y Diego Santilli encontró en la obra pública una herramienta de negociación.

Con la Nación prácticamente retirada del financiamiento de infraestructura, las provincias comenzaron a reclamar rutas, viviendas y obras que quedaron frenadas. Ahora el Gobierno ofrece transferir esas responsabilidades a los distritos a cambio de respaldo político.

Santa Fe es uno de los casos más visibles. Nación acordó ceder por 20 años la Ruta Nacional A012, un corredor estratégico que conecta el cordón industrial del Gran Rosario con los puertos exportadores. La provincia venía reclamando por el deterioro de esa traza y ahora deberá asumir las tareas de reparación y mantenimiento.

En San Luis, el Gobierno transfirió 12 kilómetros de la ex Ruta Nacional 7 que atraviesan la capital provincial, mientras Claudio Poggi negoció una futura prórroga de la concesión de la Ruta 7 para avanzar con obras sobre ese corredor.

En La Pampa, el oficialismo avanzó con el traspaso de viviendas del exProcrear en Santa Rosa, Toay y General Pico, mientras el gobernador Sergio Ziliotto reclamó además por fondos pendientes para la caja jubilatoria provincial.

Corrientes también ingresó en la negociación con pedidos por obras estratégicas como los puentes Alvear-Itaquí y Monte Caseros-Bella Unión. El respaldo del gobernador Juan Pablo Valdés, quien se reunió con Santilli esta semana, es clave porque maneja a los senadores de la provincia.

La misma discusión atraviesa al Norte Grande, donde los gobernadores preparan una cumbre para reclamar obras, financiamiento y energía. Allí aparecen mandatarios peronistas que suelen acompañar al Gobierno en el Congreso, como Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz y Raúl Jalil, cuyos votos pueden ser determinantes para la agenda legislativa. En Chaco, la cosa parece más fácil porque Leandro Zdero se comporta casi como un empleado del asesor karinista, Lule Menem.

Así, una necesidad concreta de las provincias —recuperar infraestructura abandonada— se convirtió en una herramienta de negociación política para la Casa Rosada pero genera conflictos hasta en sectores que apoyan. El domingo, Javier Milei estará en la Rural. Su presidente, Nicolás Pino fue duramente cuestionado en el seno de la Mesa de Enlace por su apoyo con tibios matices a la extranjerización de la tierra y por no reclamar con fuerza por el estado de las rutas y otras obras claves para la logística del sector agropecuario. “Se vienen lluvias fortísimas por el súper niño y cuando todo se inunde, no vamos a poder mover un solo camión porque nadie hizo nada para prevenirlo” reclaman dirigentes de la Federación agraria.

La ultraderecha regional, un refugio

En paralelo, Javier Milei profundiza su alineamiento con la ultraderecha regional con la aspiración de ser el líder. El Presidente inició una gira por Brasil, Perú, Colombia y Ecuador con una agenda centrada en dirigentes latinoamericanos de ese espacio.

La gira regional de Javier Milei comenzó con un nuevo capítulo de confrontación política. Durante la Convención Nacional del Partido Liberal de Brasil, el Presidente respaldó la candidatura de Flavio Bolsonaro y aprovechó el escenario para lanzar un duro ataque contra Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de manera indirecta como "ladrón", "presidiario" y "totalitario". Incluso aseguró que, así como en la Argentina existe el "riesgo kuka", en Brasil existe el "riesgo Lula", y llamó a respaldar a Bolsonaro para "parar a la basura socialista". Las declaraciones tensaron aún más la relación con el principal socio comercial del país y volvieron a colocar la agenda ideológica del Presidente por encima del vínculo institucional con el gobierno brasileño.

La mala relación actual entre los gobiernos de Brasil y Argentina genera parálisis geopolítica en el Mercosur, un estancamiento en los proyectos de infraestructura a gran escala y un marcado distanciamiento diplomático institucional. Aunque el comercio bilateral se mantiene por necesidad mutua del sector privado, la falta de sintonía entre mandatarios frena la integración regional.

Desde el Planalto habían advertido acerca de que cualquier referencia directa a Lula tendrá nuevas consecuencias en la relación. Veremos de qué se trata pero no parece la mejor receta de desarrollo dinamitar la integración regional. Estados Unidos no es el único peligro. China también prefiere un Mercosur debilitado.

Luego, Milei viajará a Perú y Colombia para participar de las asunciones de Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella, dos dirigentes identificados con la derecha regional. También prevé una reunión con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa.

Testigos de una fiesta

En ese escenario, la llegada de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, aparece como una señal política de respaldo al rumbo económico del Gobierno. Su agenda incluye reuniones con Javier Milei, Luis Caputo y las autoridades del Banco Central para supervisar el cumplimiento del programa acordado con el organismo, pero también una visita a Vaca Muerta, el principal emblema del modelo exportador y extractivo que impulsa la gestión libertaria.

El Fondo exige mantener el ajuste fiscal y avanzar con cambios estructurales. Aunque el propio ministro de Economía admitió que el margen para seguir recortando el gasto es cada vez más limitado, el Gobierno mantiene como objetivo alcanzar un superávit primario del 1,4% del PBI y cumplir con los compromisos de deuda. Mientras tanto, desde el levantamiento parcial del cepo, la compra de dólares por parte de particulares ya supera los USD 37.000 millones.

La recorrida de Georgieva por Vaca Muerta refuerza la apuesta oficial por un modelo basado en la extracción de recursos naturales y el ingreso de grandes capitales extranjeros. El RIGI otorgó beneficios extraordinarios a empresas nacionales y multinacionales, con estabilidad fiscal por décadas, facilidades para importar, exportar y girar utilidades al exterior. Mientras el FMI reclama disciplina sobre jubilaciones, salarios y gasto social, el Gobierno ofrece incentivos millonarios para expandir un esquema energético basado en el fracking y la exportación de recursos estratégicos.

El contraste es cada vez más evidente. Mientras la Casa Rosada busca consolidar poder político, aprobar reformas, construir alianzas regionales y garantizar el respaldo de los organismos internacionales, la mayoría de los argentinos sigue esperando -en vano que los anuncios de crecimiento finalmente lleguen a su bolsillo. Como si fueran testigos de una fiesta a la que no fueron invitados.