La Justicia le ordenó este martes al Gobierno a regularizar y normalizar, en un plazo de 72 horas, las deudas correspondientes al área de Discapacidad. El fallo, dictado por el juez federal, Miguel Hugo Vaca Narvaja, dio lugar a un amparo presentado e intimó al Ministerio de Salud (mediante el programa Incluir Salud), y al PAMI a normalizar la cadena de pagos a prestadores.
La medida, que busca proteger las pensiones no contributivas y los beneficiarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD), advierte que las demoras en los pagos ponen en riesgo tratamientos, medicamentos y la continuidad de instituciones que atienden a personas con discapacidad.
“La falta de cobertura o la interrupción de un tratamiento genera retrocesos en el grado de desarrollo alcanzado mediante la intervención terapéutica, y el esfuerzo aplicado en sostener esos espacios por parte de los grupos familiares y personas responsables del cuidado de las personas con discapacidad”, señala el texto.
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La decisión magistrado tuvo lugar en el marco del amparo colectivo presentado por la abogada y madre de un niño con discapacidad, Marta Lastra, quien representa al colectivo Defendamos Córdoba, y había interpuesto el recurso judicial junto a la Asociación Apadim Córdoba, la Clínica Villa Bustos, el Centro de Vida Alegría, el Centro de Día y Educativo Terapéutico Mi Lugar y el Pequeño Cottolengo Don Orione.