El Gobierno aumentó en un 8,8% los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. Ya se había incrementado un 12% en abril. La medida se implementó a través de la Resolución Conjunta 4/2024 del Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
Discapacidad: el Gobierno aumentó los aranceles de las prestaciones
Se implementó un incremento de 8,8% a partir de mayo, con un 20% adicional en las provincias patagónicas. Cómo quedan los montos.
Las prestaciones para personas con discapacidad ya habían aumentado un 12% en abril.
La norma determina que el aumento es del 8,8% en los aranceles de todas las prestaciones a partir de mayo, a lo que se añade un 20% para las prestaciones en las provincias de la zona patagónica, por considerarla desfavorable.
El texto oficial sostiene que los prestadores de servicios deberán actualizar sus aranceles de acuerdo a lo establecido en dicha resolución. Mientras que las personas con discapacidad que reciben prestaciones deben consultar con sus prestadores para conocer los nuevos aranceles.
Discapacidad: preocupa la posible desregulación del sistema de prestaciones
La Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, encabezó la semana pasada una reunión con representantes de organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad ante la posible eliminación del nomenclador del sistema de prestaciones básicas por parte del Gobierno.
Los representantes expresaron su preocupación por la medida que permitiría que cada financiador establezca sus propios aranceles, en lugar de acordarlos en el Directorio de Prestaciones Básicas para todos los financiadores del Sistema.
Según señalaron, esta situación "conspiraría contra la universalidad de la atención de calidad y sería contraria al principio de progresividad establecido en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad".
Además, recalcaron que "según lo establece el preámbulo de la Convención, las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas que les afectan directamente".
Finalmente, se elaboró un documento conjunto con las preocupaciones y solicitudes de las organizaciones presentes.
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