Sigue el reclamo por la desregulación de las prestaciones para discapacidad: "Nuestros hijos dependen de este sistema"

Juan Pérez Brancatto, presidente de la Asociación de Transportistas y Amigos de Educación Capacidades Distintas (ATAECaDis) y Mariana y Lorena, madres de chicos con discapacidad, contaron detalles de la situación y cómo dejaría desamparada a una población de gran vulnerabilidad.

Organizaciones nucleadas en el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad se movilizaron la semana pasada en la Quinta de Olivos y en distintos puntos del país para rechazar los ajustes en el sector y la posible desregulación del Sistema Único de Prestaciones Básicas. El reclamo continúa y padres de chicos afectados pidieron apoyo a la ciudadanía: "A veces no dormimos pensando en el futuro de nuestros hijos, ahora es peor".

Juan Pérez Brancatto, presidente de la Asociación de Transportistas y Amigos de Educación Capacidades Distintas (ATAECaDis) y Mariana y Lorena, madres de chicos con discapacidad, visitaron el estudio de Bien de domingo, en C5N, donde dialogaron con Adrián Salonia sobre la situación que podría cambiar su vida.

"El Gobierno redactó un decreto, que ya pasó por el área de Legal y Técnica, que lo que haría es desregular el sistema, que hoy en día tiene un arancel único que se fija en el directorio único de prestaciones básicas, permite una universalidad de prestación. El libre mercado con este sistema está garantizado, porque al hay un nomenclador único y esta ley permite a la familia elegir el prestador que quiera y cambiarlo cuando quiera", explicó Juan.

"Lo que se siente es desesperación, nuestros hijos dependen de este sistema para tener sus terapias, sus maestras, sus acompañantes. Nos tienen con la espada de Damocles todos los días. Por lo general las personas con discapacidad necesitan un tratamiento integral. No queremos hacernos las víctimas, es una situación que nos tocó. Nos interpela a todos, puede ser cualquiera", manifestó Mariana.

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Lorena, por su parte, remarcó que "no se toma dimensión del daño que se le puede hacer a las personas con discapacidad y a sus familias, no solo ellos reciben apoyo".

"En el caso de mi nena, tuvimos el diagnóstico a los tres años y medio. Ella tenía problemas de motricidad fina, comía con la mano. Hoy va a su escuela especial contenta, tiene su transporte porque tiene problemas de sensibilidad auditiva y el transporte público le resulta muy doloroso y ella necesita trasladarse al colegio y volver. Es una tranquilidad para ella y para nosotros. Quitarle las terapias es no dejarlos avanzar. Ellos necesitan sus terapias, que estén cubiertas totalmente, no importa qué obra social o qué prepagas tengas", subrayó.

Ante esta situación, las prestadoras de servicio también hacen evidente su preocupación. "Somos conscientes de que si se desregula le va a generar una gran desigualdad a la persona con discapacidad porque va a depender de la capacidad económica de la familia. Hoy en día se le brinda la misma atención a una persona que tiene Incluir Salud, la obra social para quienes no tienen, que al que tiene PAMI o una obra social sindical. Hay gran preocupación por que se le deje de brindar servicios al que menos tiene", planteó Juan.

Mariana apuntó contra el Gobierno y sus políticas que desamparan a los más vulnerables. "Tienen las manos manchadas de sangre con lo de los comedores, y si sacan el nomenclador nacional las van a tener aun más manchadas. Miro a cámara y le vuelvo a decir al Presidente: habla de Dios, actúe como un hombre de Dios. Lo votaron y gobierna para todos: la discapacidad existe, somos muchos y vamos a luchar por nuestros hijos", expresó.

Embed - PROTESTA en la QUINTA de OLIVOS contra los RECORTES en DISCAPACIDAD

"Las autoridades dicen que el decreto todavía se encuentra en revisión así que hay altas probabilidades de que salga", lamentó Juan, a lo que Lorena agregó: "El colectivo de discapacidad no se puede tocar. Nuestros hijos son las personas más vulnerables del país, necesitan apoyo, no se puede meter con la discapacidad, no se puede hacer este recorte. No se citó a padres, al colectivo de discapacidad. Simplemente se hizo y nos van a hacer mucho daño. No vamos a permitir que se metan con nuestros hijos".

Consultada sobre qué ocurriría con su hijo en caso de perder las prestaciones, Mariana señaló que "él tiene un cúmulo de terapias que sale alrededor de $90 mil por semana. Yo no lo puedo pagar. Tiene su acompañante, que lo guía en la escuela, no podría asistir a la escuela, porque aunque la ley lo permite, la mayoría de las escuelas no los dejan entrar sin acompañante. Entonces yo tendría que trasladarlo a una escuela especial. A mi hijo le arruinarían su vida, le cortarían su entorno. Dejaría de existir".

"Nos pasa a nosotros pero le puede pasar a cualquiera. A veces no dormimos pensando en el futuro de nuestros hijos, ahora es peor. Les pido a los argentinos de buen corazón que nos acompañen en esta lucha. Esto no es contra un gobierno, es por el amor a nuestros hijos", concluyó.

Lorena, por su parte, sostuvo: "Mi hija perdería sus terapias, sus avances en el lenguaje, en la conducta, perdería a sus amigos. No podríamos pagar una escuela especial ni hacernos cargo de todo lo que necesita. Necesitamos un Estado presente".

"Es importante que sepamos que hay presentados varios proyectos, al menos tres, que solucionarían el problema, son proyectos para modificar la Ley 24.901, sabemos que va a llevar mucho tiempo y por eso apuntamos a que este decreto no salga. Lo que esperamos que es de una vez por todas se haga una ley para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, que sea pensada para solucionar la burocracia que existe en el acceso a esas prestaciones y que les dé estabilidad a los prestadores de servicio para poder hacerlo de la mejor manera posible", cerró Juan.

¿En qué consiste el reclamo?

A través de la plataforma de Change.org, fue lanzada una campaña de recolección de firmas que ya lleva reunidas más de 33.000 adhesiones, en rechazo a la posible desregulación del sistema de prestaciones. Allí, plantean que “la existencia de un nomenclador único facilita la identificación de los tratamientos y servicios que deben ser cubiertos, así como su valor y modalidades de acceso”.

Además, señalan que “la importancia de la Ley 24.901 y del Nomenclador en la cobertura para personas con discapacidad radica en asegurar el acceso a los tratamientos necesarios y servicios para garantizar su calidad de vida y su pleno desarrollo”.

Al llamar a adherirse a la campaña, la petición subraya que las normativas hoy en riesgo “aseguran que las personas con discapacidad reciban la atención adecuada y oportuna, sin discriminación y con equidad, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida y promover su inclusión social”.

En tanto, desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, advirtieron a través de un comunicado de prensa que, de concretarse la pretendida desregulación de las prestaciones por parte del Gobierno, “se agravará la ya importante crisis económica de los prestadores categorizados que tienen que cumplir con una serie de exigencias impuestas por el Estado, ya que da lugar a que cada organismo financiador establezca el arancel que le parezca o convenga”.

“El 10 de mayo se dio a conocer un proyecto de decreto presidencial que establece que los organismos públicos financiadores de las prestaciones para las personas con discapacidad establecidas por la Ley 24.901 se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones (y no vinculante entre ellos) incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas”, señalaron.

“Actualmente no se ha podido establecer un mayor aumento, que está atrasado en un 100% para el transporte y en un 45% para el resto de las prestaciones, por la presión de uno de los organismos financiadores. Dicha situación ha llevado a un desfinanciamiento y endeudamiento de los prestadores, que están al borde del colapso. Esto marca lo que puede pasar en el corto plazo si se publica dicho decreto”, señalaron.

En ese marco, y del mismo modo en que lo hacían hoy con las movilizaciones, exigieron a las autoridades que “revean esta medida que puede entorpecer la universalización de la atención de las personas con discapacidad, derecho que se obtuvo hace ya más de 25 años”.

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