El Tribunal Oral Federal 5 condenó a Gonzalo Sánchez, alias “Chispa”, exoficial de inteligencia de la Prefectura Naval e integrante del grupo de tareas 3.3.2 de la Armada, por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada entre 1976 y 1978. Sánchez estuvo prófugo durante años y fue extraditado desde Brasil en 2020, por lo que la calificación de los hechos se ajustó a los límites fijados en la sentencia de extradición.
Con esta condena se cerró el noveno tramo de la megacausa ESMA. El represor de 74 años fue hallado culpable por 178 privaciones ilegítimas de la libertad, aunque resultó absuelto en alrededor de una decena de casos. La pena quedó por debajo de los 25 años solicitados por la fiscalía y las querellas, y los fundamentos del fallo se conocerán el 22 de octubre.
Sánchez había llegado a juicio imputado por 193 crímenes de lesa humanidad y durante los alegatos, el fiscal Félix Crous y la auxiliar Marcela Obetko dieron por probada su responsabilidad en 179 secuestros. Pero, el tribunal finalmente lo condenó por 178.
La decisión estuvo condicionada por las limitaciones de la extradición desde Brasil, que solo habilitó juzgarlo por privaciones ilegítimas de la libertad y fijó un máximo de 30 años de prisión.
El represor permaneció prófugo varios años hasta ser detenido en mayo de 2020 en las playas de Paraty en Brasil. Los testimonios de los sobrevivientes y las víctimas lo ubicaron en operativos de secuestro, interrogatorios bajo tormentos, traslados y tareas de vigilancia dentro de ese centro clandestino.
Megacausa ESMA: quién fue "Chispa" Sánchez
Sánchez integró el Grupo de Tareas 3.3.2 de la Armada entre 1976 y 1978, donde actuó como enlace entre la Prefectura y la Marina. Su rol fue operativo ya que participaba en secuestros, traslados y en el funcionamiento interno de la ESMA. Más de treinta sobrevivientes lo identificaron como “Chispa” u “Omar”, describiendo su presencia en interrogatorios y operativos, mientras que documentos oficiales confirmaron su paso por inteligencia y la condecoración que recibió de Emilio Massera en 1978.
Entre las víctimas incluidas en el juicio se destacó el caso del periodista y escritor Rodolfo Walsh, emboscado el 25 de marzo de 1977 tras difundir su Carta abierta a la Junta Militar. Walsh fue herido y llevado a la ESMA, donde su cuerpo continúa desaparecido.
También se juzgaron los secuestros de militantes como Norma Arrostito y Alicia Eguren, además de 19 casos vinculados a la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo, que involucraron mujeres embarazadas, sus parejas y niños nacidos en cautiverio.
En los años ochenta, la Ley de Obediencia Debida y, más tarde, una prolongada estadía como prófugo en Brasil le permitieron a Gonzalo “Chispa” Sánchez esquivar durante décadas el accionar judicial. Pero la etapa de impunidad llegó a su fin y a los 74 años, el exoficial de inteligencia de la Prefectura Naval enfrentó el veredicto del Tribunal Oral Federal N° 5.
El proceso se inició en octubre de 2025, más de veinte años después de que fuera declarado rebelde. Tras permanecer prófugo quince años, Sánchez fue detenido en Brasil en 2020 y extraditado a la Argentina, donde quedó alojado en Campo de Mayo hasta el comienzo del debate. En el juicio se presentó como pastor evangélico y pidió la absolución, pero la fiscalía sostuvo que su rol fue clave dentro del grupo operativo de la ESMA.
Las querellas del CELS y de familiares de víctimas, representadas por Sol Hourcade, Pablo Llonto y Ariel Noli, remarcaron que Sánchez no fue un actor secundario sino un represor activo y reclamaron una condena de 25 años de prisión. La fiscalía coincidió en esa pena, subrayando que su participación en secuestros, interrogatorios y traslados lo convirtió en un engranaje clave del circuito represivo de la ESMA.