Alquilaba el departamento a jóvenes estudiantes y las grababa las 24 horas: la trama oculta más perversa

Ana, Milagros y Fiamma comparten la pasión por el estudio, pero también son inquilinas de un hombre que, a esta hora, es investigado en La Rioja por haberlas registrado con cámaras ocultas en el inmueble que les alquilaba.

Las jóvenes rentaban ese complejo de viviendas desde hace, por lo menos, un año, y en los últimos días estaban a punto de renovar el contrato. Todo cambió durante una madrugada en la cual Ana, con mucho calor, sintió que había mosquitos en su habitación. A oscuras tomó su celular y comenzó a iluminar para intentar ubicar al insecto. Pero algo en el techo, justo encima de su cama, le llamó la atención.

Algo reflejó al ser apuntado por el haz de luz de su teléfono celular. Intrigada, se preguntó qué podría ser aquello que brillaba detrás de una rejilla y estaba cubierto una bolsa y cinta de color negra. Fue así que procedió a sacar la rejilla que estaba sobre su cama. Lo que encontraría le helaría la sangre: era una cámara oculta conectada a un cableado oculto en el techo.

Ana pasó de la sorpresa a la consternación. Había una cámara que grababa su cama. Estaba estratégicamente colocada para registrar todo lo que sucedía en el lugar donde ella dormía desde hace un año.

Pero todo se volvería aún más tétrico. Al manipular la cámara descubrió que tenía colocada una memoria. Asustada, decidió ver cuál era su contenido. La tarjeta de memoria contaba con unos 4.000 segmentos de video. Pudo ver así horas y horas de todo lo que sucedió en su habitación.

Rápidamente pensó en José Alexis Aguilar, el hombre que le había alquilado, pero también en otras posibles víctimas. Ana sabía que, si le había pasado a ella, también podría haberle pasado a otras jóvenes.

Fue entonces cuando recordó la “preferencia” que Aguilar le había manifestado a la hora de alquilar. Es que el dueño siempre elegía jóvenes solteras para que sean sus inquilinas.

Generalmente alquilaba a estudiantes, ya que el complejo de viviendas se encuentra a apenas una cuadra de la Universidad Nacional de La Rioja.

Su trato siempre había sido amable. Hasta había logrado que las víctimas le permitieran el ingreso a las viviendas cuando ellas no estaban, generalmente aduciendo tener que realizar algún tipo de tarea de mantenimiento. La Justicia sospecha que esos eran los momentos en los que aprovechaba para retirar las memorias de las cámaras que había colocado.

Y no era sólo esa cámara. Cuando Ana puso en conocimiento de otras inquilinas lo que le había sucedido, comenzaron a revisar los techos de sus habitaciones.

Milagros notó que, sobre uno de los vértices del techo de su cuarto había una rejilla de similares características a la que Ana le había mencionado. Decidió investigar. Lo que encontraría la consternaría, pero lamentablemente no la sorprendería: había otra cámara, solo que en este caso no tenía la tarjeta de memoria colocada.

La cámara de Milagros tenía una mejor visión que la de Ana, ya que tomaba una panorámica de toda la habitación. Milagros había sido grabada y monitoreada en su habitación también durante un año.

Fiamma es la tercera denunciante, hasta ahora, de lo que parece ser un perverso psicópata. En su caso, la cámara también tenía una vista panorámica de su habitación, pero, al correr la rejilla ubicada en el techo, solamente encontró el cableado. Sospechan que la cámara había sido recientemente removida.

Las tres jóvenes denunciaron inmediatamente la situación de la que fueron víctimas. Aguilar, mientras tanto, se mostraba nervioso y algo preocupado: sospechaba que su macabro plan de vigilancia y acoso había sido descubierto.

La peor sospecha

La causa es investigada por la jueza Gisela Flamini, que intenta delimitar la maniobra denunciada y el móvil por el cual este hombre registró los movimientos de, por ahora, las tres denunciantes mediante cámaras ocultas en sus habitaciones.

La Justicia busca establecer qué hacía con ese registro audiovisual, mientras todo parece apuntar a que lo distribuía en distintos grupos cerrados.

En el allanamiento a la casa de José Alexis Aguilar se hallaron más de 200 CD y decenas de memorias y dispositivos electrónicos donde almacenaría el material registrado por las cámaras.

El acusado ya fue notificado de la formación de la causa y el próximo martes comenzarán las pericias sobre los elementos secuestrados. Allí buscarán saber qué tipo de material almacenaba de las víctimas y si hubo otras.

Es que las tres denunciantes vivían allí desde hace apenas un año. Antes, esas viviendas, también fueron ocupadas por jóvenes estudiantes que comienzan a acercarse a la causa para saber si también fueron víctimas de esa especie de perverso “Gran Hermano” de la intimidad.

Además, buscan determinar si otras tres jóvenes inquilinas —también estudiantes— fueron registradas por cámaras ocultas y monitoreadas por el, por ahora, sospechoso.

Encuadre legal

El Código Penal no tipifica este tipo de delitos y su encuadre legal podría quedar apenas en un caso de violencia digital o telemática, lo cual implicaría una demanda civil sin posibilidad de pena privativa de la libertad.

Ello, siempre que las conductas desplegadas impliquen la utilización de medios tecnológicos para vigilar, controlar, hostigar y vulnerar la intimidad de la víctima, afectando de manera directa su libertad, su integridad psicológica y su esfera de vida privada.

Esa normativa reconoce expresamente como formas de violencia contra la mujer aquellas acciones de persecución, hostigamiento, vigilancia, exposición pública no consentida o injerencias indebidas a través de dispositivos electrónicos, redes sociales o plataformas digitales.

Pero también lo que se investiga podría encuadrarse en la figura de violación de domicilio prevista en el artículo 150 del Código Penal, en tanto el imputado ingresó —o se mantuvo— en el domicilio ajeno sin autorización, o bien instaló dispositivos o ejecutó actos que implican una intromisión ilegítima en el ámbito de privacidad que la ley protege de manera reforzada. Accionar que importa una vulneración directa del derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio.

En definitiva, todas las conductas denunciadas conformarían un claro supuesto de hostigamiento, toda vez que se verifica la reiteración de actos invasivos, perturbadores y coercitivos orientados a afectar la tranquilidad, la libertad y la autodeterminación de la víctima.

El comportamiento persistente, insistente y abusivo configurado por Aguilar daría así cuenta de un patrón sistemático de acoso que excede cualquier interacción legítima e ingresa plenamente en el ámbito de la afectación psicológica y emocional reconocida por la legislación como modalidad de violencia.

En cuanto a la posibilidad de que el sospechoso fuera privado de su libertad, todo se vuelve más complejo. Casi no existen antecedentes de personas que hayan sido condenadas a penas efectivas de prisión por hechos de esta naturaleza, aunque sí se registran abundantes casos en los que los tribunales han ordenado la supresión, eliminación o bloqueo inmediato del contenido digital difundido, bajo apercibimiento de multas e incluso medidas de coerción, pero leves.

Así así, si la Justicia logra determinar que la finalidad del grabado y monitoreo de las víctimas era la difusión o algún tipo de explotación del material, todo se volverá más grave.

Por todo ello, la próxima semana será clave para comenzar a valorar el material secuestrado en los allanamientos y determinar qué delitos podrían atribuirse a Aguilar. Todo ello en el marco legal cuya falta de tipicidad y jurisprudencia, podría hacer la causa diluirse en una contienda que no lleve a la cárcel al sospechoso.

Mientras tanto, las víctimas viven un martirio psicológico al verse vulneradas en su intimidad durante un tiempo prolongado e inespecífico, del cual desconocen la cantidad de actores que pueden haber accedido a esas imágenes, dejando su vida íntima a merced de los deseos de un psicópata que, detrás de las paredes, las monitoreaba las 24 horas.