Universidades desmintieron al Gobierno y exigieron la aplicación de la Ley de Financiamiento

Universidades públicas nacionales desmintieron la versión oficial del Gobierno en la que sostuvieron que la Ley de Financiamiento Universitario no puede aplicarse hasta que se definan sus fuentes. Desde el sistema universitario salieron a rechazar esa interpretación y aseguraron que el Poder Ejecutivo sigue obligado a cumplir la norma aprobada por el Congreso.

Tras la multitudinaria marcha del martes, la cuenta oficial de Oficina de Respuesta Oficial realizó una publicación en la que afirmó que la ley “nació suspendida en su ejecución” por no cumplir con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige especificar las fuentes de recursos para financiar nuevos gastos no contemplados en el presupuesto.

Según el texto oficial, la aplicación plena de la ley implicaría un gasto de “1,9 billones de pesos” y pondría en riesgo el equilibrio fiscal. Además, el Ejecutivo sostuvo que la reciente decisión de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que concedió un recurso extraordinario federal, implica que la medida cautelar solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional “no está firme” hasta que se expida la Corte Suprema. “El Gobierno Nacional seguirá respetando los fallos judiciales y la Constitución”, concluyó el comunicado.

Sin embargo, desde la Universidad de Buenos Aires cuestionaron con dureza esa postura. El vicerrector, Emiliano Yacobitti, aseguró que el Ejecutivo “está obligado a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario” y acusó al Gobierno de intentar evitar la aplicación de una norma votada por el Congreso.

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Yacobitti, vicerrector de la UBA.

“Estamos frente a un hecho inédito en nuestra historia constitucional: la búsqueda desesperada de un Gobierno Nacional de emplear todos los medios a su alcance para no cumplir una ley”, sostuvo el dirigente universitario.

Yacobitti remarcó además que la decisión de la Cámara de conceder el recurso extraordinario “no suspende la obligación del Gobierno de cumplir las leyes sancionadas por el Congreso” y afirmó que las cautelares favorables a las universidades “continúan vigentes”.

“La sentencia de la Sala III que concedió el recurso extraordinario de manera inédita y contraria a la doctrina de la Corte Suprema, no suspende la obligación del Gobierno de cumplir las leyes sancionadas por el Congreso”, señaló.

En esa línea, explicó que el Ejecutivo “agotó las instancias ordinarias” y recurrió a la Corte Suprema, pero que eso “no le quita la obligación de cumplir con la ley”.

Por último, el vicerrector de la UBA aseguró que “no existe ninguna sentencia que le dé la razón al Poder Ejecutivo” y sostuvo que las universidades están en condiciones de solicitar la ejecución de las medidas cautelares ya concedidas por la Justicia.

La publicación de la Oficina de Respuesta Oficial

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