Inocencia Fiscal II: el Senado convirtió en ley el proyecto del Gobierno

El Senado convirtió en ley este jueves el proyecto de Inocencia Fiscal II, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno para incentivar la formalización de los ahorros en dólares que permanecen fuera del sistema financiero.

La iniciativa fue aprobada por 44 votos a favor y 23 en contra y contó con el respaldo de todos los bloques a excepción del peronismo encolumnado en el Interbloque Popular, liderado por José Mayans.

El proyecto modifica el régimen de Ganancias, elimina los topes de ingresos y patrimonio para acceder al esquema simplificado y flexibiliza los controles de ARCA.

La propuesta forma parte del paquete económico que impulsa la administración de Javier Milei y tiene como uno de sus principales objetivos incorporar al circuito formal los denominados "dólares del colchón". El oficialismo sostiene que la simplificación de las declaraciones juradas permitirá reducir los costos y las obligaciones para los contribuyentes.

Un proyecto pensado para los "dólares del colchón".

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Qué cambia con la nueva ley

Uno de los principales cambios es la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que tenía el régimen anterior: hasta ahora estaban establecidos en $1.000 millones y $10.000 millones, respectivamente. También se modifica el concepto de "discrepancia significativa" utilizado por ARCA para determinar cuándo existen inconsistencias entre lo declarado por un contribuyente y la información detectada por el organismo.

El objetivo del Gobierno es establecer un esquema más simple para los contribuyentes y limitar la posibilidad de que una inconsistencia en la declaración implique automáticamente la pérdida de los beneficios del régimen.

Durante el tratamiento del proyecto, uno de los cambios que más discusión generó fue la exclusión de los funcionarios públicos. La modificación había sido acordada durante el tratamiento en comisión de Diputados y quedó incorporada al texto que finalmente llegó al Senado. La restricción alcanza a quienes ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad pública durante los cinco años anteriores a su adhesión al régimen, además de quienes ejerzan esas funciones posteriormente.

El punto volvió a aparecer durante el debate en la Cámara alta, aunque se trata de una modificación que el oficialismo ya había con anterioridad. En aquella oportunidad, la exclusión había adquirido relevancia por la adhesión del entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni al régimen original, aprobado a fines de 2025.

Cruces en el Senado

Durante la sesión, el peronismo cuestionó el alcance de la iniciativa y puso el foco en las restricciones que, según planteó, tendrá ARCA para controlar posibles maniobras de evasión.

Durante el debate, el senador José Mayans volvió a cuestionar el alcance de la iniciativa y apuntó contra la exclusión de los funcionarios públicos, una modificación que ya había sido incorporada durante el tratamiento en Diputados. En tono irónico, incluso propuso que el 17 de septiembre, fecha en que el Senado convirtió el proyecto en ley, pase a ser el "Día de los Inocentes" en reemplazo del tradicional 28 de diciembre. "A partir de ahora los inocentes fiscales podrán festejar el 17 de septiembre", ironizó.

Mayans también sostuvo que el nuevo régimen reduce los controles sobre la evolución patrimonial y volvió a vincular la exclusión de los funcionarios con el caso del exjefe de Gabinete Manuel Adorni.

Desde el oficialismo, Patricia Bullrich defendió la iniciativa y sostuvo que el Estado debe partir de la buena fe de los contribuyentes. En esa línea, planteó que durante años las restricciones cambiarias, la inflación y las distintas regulaciones llevaron a muchos argentinos a mantener sus ahorros fuera del sistema financiero.

La senadora también remarcó que los grandes contribuyentes quedan fuera del régimen y que los funcionarios públicos no podrán acceder a sus beneficios, aunque sí podrán utilizar el esquema de simplificación con controles específicos.

La defensa del proyecto estuvo acompañada por senadores aliados. Silvana Schneider, de la UCR, sostuvo que la iniciativa busca otorgar mayor seguridad jurídica y reducir costos y tiempos para los contribuyentes, mientras que Bruno Olivera, de La Libertad Avanza, planteó que el debate gira en torno a si los contribuyentes deben ser considerados "sospechosos" de manera permanente o ciudadanos que cumplen con sus obligaciones.