Tras la muerte del soldado extorsionado, presentan un proyecto para prohibir celulares en las cárceles bonaerenses

Luego de la muerte de Rodrigo Gómez, el soldado hallado sin vida en la Quinta de Olivos en diciembre pasado, quien se suicidó tras ser víctima de una extorsión desde un establecimiento penitenciario, en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires se presentó un proyecto para impedir el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses.

La iniciativa, a cargo del diputado libertario Oscar Liberman, fue denominada "Ley Rodrigo", y cuenta con el apoyo de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.

El proyecto busca dejar sin efecto el "Protocolo para el uso de teléfonos celulares" (Resolución número 47688/20) por haber finalizado la pandemia que motivó su sanción, y la modificación del inciso 5 del artículo 9 de la Ley 12.256 (Ley de Ejecución Penal Bonaerense) para que la comunicación telefónica de los internos se realice exclusivamente a través de los medios fijos o dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

En ese sentido, planteó que el tiempo de comunicación por interno quede limitado a un máximo de dos horas diarias y "en ningún caso los dispositivos móviles podrán estar a su libre disposición".

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Además, establece que cada unidad tiene la obligación de instalar y operar sistemas de inhibición y bloqueo de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los sectores de alojamiento y permanencia de los internos, con el objetivo de garantizar el control de la comunicación con el exterior de cada detenido.

"Las cárceles parecen un call center del delito. Viene de la época de la pandemia, pero sigue vigente esto de tener celulares. Trabajamos para que se prohíba el uso de celulares en las cárceles y todo tipo de comunicaciones por red. La idea es que se tomen medidas con inhibidores de señal y requisas diarias para que no se pueda violar la norma", señaló Liberman entrevistado en ATP Stream.

Asimismo, añadió: "Es un trabajo concreto para que no haya un debate circular en torno a esto. Es básicamente decir si estamos de acuerdo con que esto siga así o si queremos que se termine".

El legislador bonaerense explicó que las penalidades para cuando se viole la norma "ya están previstas, porque el proyecto lo único que hace es modificar el artículo en el que ahora habla de prohibición de celulares en las cárceles".

Celulares robados

Liberman hizo hincapié en los mecanismos de control para que se respete la norma como el uso de inhibidor de señal y las requisas diarias y remarcó que si se quiere replicar la iniciativa en todo el país "puede hacerse".

"El nivel de producción con el que trabajan los presos es tremendo. Hasta hay sonidos en los que se escucha la sirena de la policía y otros sonidos. Parecen productoras audiovisuales más que una cárcel", señaló.

Además, sostuvo que el proyecto lo preparó con aprendizajes "de iniciativas anteriores" y armó algo "que evite debates ideológicos, porque acá es levantar la mano a favor de que se prohíban los celulares en las cárceles o no levantarla".

"Ahora tiene que seguir el curso legislativo. Veremos cuál es el nivel de apoyo. Va más allá de la ideología partidaria, estas cosas son cuestiones de Estado y eso tiene que superar las diferencias políticas y partidarias. Ahora vamos a conversar con los distintos legisladores", indicó.

"El Artículo 19 de la Constitución Nacional establece que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para el castigo de los reos. Este mandato implica no sólo la prohibición de tratos crueles, sino también la obligación estatal de garantizar que el encierro cumpla su finalidad preventiva y no se convierta en un ámbito desde el cual se continúe delinquiendo", remarcó el legislador en los fundamentos del proyecto.

Al respecto, afirmó que la normativa “tiene por finalidad adecuar el régimen de comunicaciones de las persona privadas de libertad a las exigencias actuales de seguridad pública, protección de las víctimas y adecuado funcionamiento del sistema penitenciario, restableciendo parámetros compatibles con la normativa constitucional y legal vigente”.

Dentro de los 10 días hábiles de promulgada la ley, el Servicio Penitenciario Bonaerense deberá notificar a los internos para que, dentro del plazo de 24 horas, entreguen voluntariamente los teléfonos, incluso aquellos que no se encuentren declarados, sin perjuicio alguno, para efectuar un inventario de los dispositivos que entrega cada uno.

Vencido ese plazo, se requisarán todas las celdas y demás espacios públicos de cada unidad para el secuestro de los dispositivos y la sanción de los infractores.

Así estafan desde la cárcel: cómo funcionan las sextorsiones, la nueva modalidad delictiva

Un video transmitido en vivo por TikTok volvió a encender las alarmas sobre una modalidad de sextorsión que ya tuvo consecuencias trágicas en la Argentina, como la muerte de un soldado de Gendarmería en la Quinta de Olivos.

En el video en vivo, mientras un joven se grababa en primer plano, se escucha cómo un hombre, privado de su libertad, participa de una llamada en la que, junto a otros interlocutores, amenaza y extorsiona a una víctima haciéndose pasar por personal policial.

La escena muestra con crudeza el modus operandi: los estafadores simulan actuar desde una comisaría, utilizan un léxico policial y reproducen de fondo sonidos que imitan una radio con modulación oficial, para darle verosimilitud al engaño.

En la conversación le hacen creer a la víctima que existe una denuncia penal en su contra por el supuesto envío de fotos íntimas a un menor de edad, y aseguran contar con todos sus datos personales y familiares.

“Yo ahora te voy a hacer la llamada del teléfono de un compañero porque estoy ayudando de acá de la comisaría”, se escucha decir a uno de los interlocutores. En otro tramo, lo intimidan con una falsa vigilancia cercana: “Si vos me cortás ahora, voy a ir hasta la puerta de tu domicilio”. Incluso se dan instrucciones entre ellos sobre cómo continuar la extorsión, dejando en evidencia que se trata de una maniobra organizada.

Según se desprende del audio, la captación se habría iniciado a través de una aplicación de citas, mencionada explícitamente como Jaumo, una constante en este tipo de estafas. A cambio de dinero, los delincuentes ofrecen “borrar” la supuesta conversación comprometedora y frenar la denuncia inexistente.

El caso remite de manera directa al de Rodrigo Gómez, quien se suicidó tras ser víctima de una estafa idéntica. “Es exactamente la misma metodología”, analizó Diego Gabriele en C5N junto a la mesa de Mañanas Argentinas, subrayando que el impacto psicológico de este tipo de amenazas puede ser devastador.