Tomas de colegios: la Defensoría del Pueblo recorrió 53 escuelas y detectó irregularidades

La titular de la Defensoría del Pueblo de CABA, María Rosa Muiños, aseguró que la información que recogió el organismo es "más que suficiente" para constatar las denuncias de los estudiantes que llevan adelante las tomas. La defensora encontró distintas irregularidades en la recorrida que realizó por 53 escuelas públicas.

"Hicimos una recorrida en últimos 20 días. Nos propusimos un plan de recorrer 69 escuelas, pero entramos en 53, porque al resto les llegó una comunicación del Ministerio prohibiéndonos el ingreso, pese a que no se puede hacer eso", explicó Muiños.

La funcionaria porteña sostuvo que, de todos modos, "con las 53 tenemos más que suficiente". En diálogo con AM 750, aclaró que los reclamos de los alumnos "están corporizados en la Defensoría a través de denuncias a lo largo de los años".

María Rosa Muiños defensora del pueblo CABA

María Rosa Muiños, titular de la Defensoría del Pueblo de CABA.

"Muchos pudieron relatar desde qué mes de este año empezaron a hacerlos, donde el disparador fueron las prácticas preprofesionales obligatorias. Y no es lo único que pasa: tenemos denuncias por presencia de ratas, la calidad y cantidad de viandas y la infraestructura en general de las escuelas", agregó.

En su visita a las escuelas, Muiños encontró un estado de "abandono generalizado, aulas clausuradas, cocinas y baños en mal estado, locales mal iluminados y ventilados, desbordes y filtraciones", entre otras irregularidades.

En cuanto a las denuncias contra las familias, la defensora recordó que "ya pasó en la última toma del 2018" y en esa ocasión fueron archivadas. "Pero ahora fueron un paso más allá, con una carta documento que recibieron las familias donde reclaman una suma de 1 millón y medio de pesos por salarios caídos", destacó.

Cuáles son los reclamos de los alumnos

Los centros de estudiantes secundarios reclaman viandas nutritivas, de calidad y cantidad, mejoras en la infraestructura edilicia y una mesa de diálogo para a los alumnos perjudicados por las ACAP (Actividades de aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores).

También exigen que el Ministerio de Educación "cese el hostigamiento" que se traduce en "averiguar datos de menores, meterse en casa de padres o madres, iniciar causas penales y demandar montos de dinero exorbitantes por cada día de toma".