El Gobierno nacional anunció este martes que las universidades podrán cobrar un arancel a los estudiantes extranjeros no residentes, quienes también dejarán de gozar de la gratuidad hospitalaria.
Salud y educación pública: el Gobierno autoriza a hospitales y universidades a cobrarle a extranjeros
La medida anunciada podría perjudicar a inmigrantes ilegales, residentes temporarios y temporales. Forma parte de una batería de medidas que impulsa el Gobierno nacional, que endurece su postura contra los migrantes.
En comunicado oficial, la Oficina del Presidente Electo, detalló que durante el 2024 "la atención médica a personas extranjeras en hospitales nacionales implicó un gasto aproximado de 114 mil millones de pesos". Por tal motivo, "se exigirá el pago de los servicios de salud a los residentes transitorios, temporarios e irregulares, y además se impondrá la obligatoriedad de contar con un seguro médico a la hora de ingresar a la Argentina".
A la vez, argumental que la medida tiene como objetivo "garantizar la sostenibilidad del sistema de salud público, para que deje de ser un centro de beneficio financiado por nuestros ciudadanos".
La noticia fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, en una nueva conferencia de prensa que brinda en carácter de funcionario público, a días de las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, que lo tiene como candidato por La Libertad Avanza.
En lo que respecta al cobro universitario para migrantes, el Gobierno autoriza a las Universidades Nacionales a que, de optar por hacerlo, establezcan aranceles para los servicios educativos universitarios dirigidos a residentes temporarios. "Cabe aclarar que se mantiene el acceso gratuito a la educación primaria y secundaria para todos los residentes, quienes podrán seguir accediendo de la misma manera que los ciudadanos argentinos, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Nacional", señalan.
El resto de las modificaciones en el régimen migratorio que impulsa el Gobierno
El Gobierno anunció el endurecimiento de su postura contra los inmigrantes e impulsó modificaciones en el régimen migratorio. "Las facilidades extremas que hasta la fecha existían pura ingresar a la Argentina hicieron que, en los últimos 20 años, inmigrarán 1.700.000 extranjeros de forma irregular a nuestro territorio", expresaron desde Casa Rosada.
La administración libertaria anunció que cualquier condenado que intente ingresar por la frontera será rechazado, a la vez que quienes sean detectados en flagrancia ingresando por pasos no habilitados serán expulsados. Además, todo aquel extranjero que sea condenado por cometer un delito, será deportado.
En cuanto a la obtención de la Carta de Ciudadanía, "se endurecen los requisitos, como siempre debió haber sido, y a partir de ahora se otorgará únicamente en los casos de haber residido de manera continua en el país durante dos años, o de haber realizado una inversión relevante para Argentina. Por su parte, en el caso de la residencia permanente, se requerirá acreditar medios de vida suficientes y la ausencia de antecedentes penales", detalló el comunicado del Gobierno.
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