Seguridad por mercado: las bases del nuevo pacto
¿Qué dice el nuevo acuerdo bilateral de Estados Unidos con Argentina?
Lejos de ser un simple tratado comercial, el acuerdo firmado entre Argentina y Estados Unidos marca el giro geopolítico más profundo desde la vuelta de la democracia. El pacto busca integrar nuestra economía a la red de Washington, pero trae un costo oculto en su letra chica: la obligación de alejarnos definitivamente de la influencia y las inversiones de China.
El acuerdo consolida un alineamiento estratégico donde Argentina recibe beneficios financieros inmediatos —como el swap de 20.000 millones de dólares y el pacto sobre minerales críticos— a cambio de una subordinación regulatoria total a los estándares de Washington. Si bien la convergencia ideológica entre Javier Milei y Donald Trump facilitó la confianza mutua, el pacto opera bajo una lógica de asimetría: mientras Estados Unidos asegura la relocalización de sus cadenas de suministro y el control de recursos estratégicos, Argentina asume la carga de modificar sus normas de seguridad y salud, quedando relegada a un rol de proveedor dentro de la arquitectura geopolítica estadounidense.
El promedio arancelario será en una base de 10% para la mayoría de los productos, permitiendo a Argentina utilizar sus ventajas comparativas naturales, como el agro y la minería, mientras que EEUU no permitirá la importación del acero y aluminio para proteger a su sector industrial, debido a que tienen permitido bloquear importaciones bajo el concepto de que son un “peligro para la Seguridad Nacional”.
Argentina tiene reservas de litio y cobre, lo que sirve para la fabricación de teléfonos, dispositivos digitales y la transición energética de paneles solares, turbinas eléctricas y vehículos eléctricos. La ecuación es directa: Estados Unidos necesita alimentos y litio. Como Argentina es altamente competitiva en ese aspecto, Washington reducirá los aranceles para garantizarse el ingreso rápido de lo que no fabrica o necesita con urgencia.
Lo cierto es que el acuerdo desincentiva que Argentina venda productos industriales con valor agregado. Esta es la prueba de que se consolidará al país como un proveedor de materias primas por sus minerales y el campo, mientras que la industria pesada exportable, con gigantes como Techint o Aluar, quedará bloqueada por el proteccionismo norteamericano.
La balanza arancelaria: el agro festeja, la industria se cuida
El Capítulo 1 declara que Estados Unidos suprimirá aranceles para 1.675 productos argentinos, mientras que Argentina eliminará aranceles para 221 posiciones (maquinaria, transporte, dispositivos médicos, químicos) y reducirá al 2% otras 20 posiciones (autopartes). Se establece también una cuota de 100.000 toneladas para carne vacuna, con un adicional inmediato de 80.000 toneladas sobre la base existente. Esto permitiría un aumento de las exportaciones del sector en aproximadamente 800 millones de dólares.
Con esta primera sección, Argentina rompe su proteccionismo histórico al permitir que bienes de capital e insumos industriales estadounidenses entren al país con costo fiscal nulo o mínimo. A cambio, Argentina logra que el 70% de su oferta exportable actual entre a EE. UU. sin pagar impuestos.
Los grandes beneficiarios son el complejo agroindustrial y las empresas de energía/minería que requieren maquinaria pesada, ya que podrán comprar maquinaria a Texas a un 30% menos. Los perjudicados inmediatos son los fabricantes locales del rubro, dado que pierden protección arancelaria y tendrán que competir frente a gigantes como John Deere o Caterpillar.
Con respecto a la carne argentina, tiene el objetivo de exportarse para abastecer la industria de hamburguesas de Estados Unidos, y un productor de carne de la Pampa podrá quintuplicar sus ventas al mercado estadounidense. La implementación de este acuerdo podría presionar y subir los precios internos de los cortes de faena.
Chau a las licencias: vía libre para los insumos importados
La Sección 2 del acuerdo desactiva dos herramientas históricas del Estado. Por un lado, Argentina elimina las licencias de importación para Estados Unidos, renunciando a su capacidad de frenar el ingreso de bienes por escasez de dólares. Por el otro, el país aceptará de forma automática las certificaciones médicas de la FDA norteamericana, esquivando los controles y pruebas locales de la ANMAT para fármacos y dispositivos.
Esta última medida esconde un riesgo sanitario severo: atar nuestra salud a las decisiones de la FDA nos expone al feroz lobby de la industria farmacéutica. El antecedente es letal: en los 90, la agencia estadounidense cedió ante presiones y aprobó el analgésico OxyContin (Purdue Pharma), desatando una ola de adicciones recetadas que hoy mutó en la epidemia del fentanilo, causante del 70% de las muertes por sobredosis en jóvenes norteamericanos. Sin el "filtro soberano" de la ANMAT, cualquier droga riesgosa aprobada mediante lobby en Washington aterrizará directamente en nuestras farmacias.
La trampa automotriz: por qué será más difícil importar vehículos asiáticos
El acuerdo obliga a adoptar las normas de seguridad vehicular de EE. UU., las cuales difieren de los estándares globales de la ONU (UNECE) que usan Europa y China, históricamente más enfocados en la protección al peatón y la asistencia activa (ADAS+).
Esta diferencia técnica esconde, en realidad, una barrera geopolítica. Al imponer las reglas de Washington, se levanta un cerrojo: un auto eléctrico chino (como BYD o Chery) fabricado bajo normas globales deberá ser rediseñado por completo para entrar a nuestro mercado, perdiendo así su gran ventaja competitiva (el bajo costo).
A nivel productivo, el impacto aprieta a la industria nacional: si una terminal en Córdoba (como Ford o Toyota) quiere exportar a EE. UU., deberá eliminar de su cadena los componentes críticos chinos (baterías o chips) y reemplazarlos por proveedores aprobados, que suelen ser mucho más caros.
El negocio del conocimiento en la nube estadounidense
En la Sección 3, se garantiza el libre flujo transfronterizo de datos y se prohíben los requisitos de localización de datos, dado que Argentina reconoce a EE. UU. como una jurisdicción con protección “adecuada” para la transferencia de datos personales (a pesar de no tener una ley federal de privacidad como la europea).
Además, las empresas de servicios digitales como Netflix, Google y Amazon pueden operar en Argentina sin pagar aranceles por sus datos y sin estar obligadas a poner servidores en el territorio argentino. Para las empresas argentinas que exportan servicios basados en el conocimiento, esto es un gran beneficio, ya que consolidan a EE. UU como su mercado número uno.
Geopolítica explícita: el bloqueo a los capitales rivales
El capítulo 4 no deja lugar a dudas: la Casa Blanca podrá rescindir el acuerdo si Argentina firma tratados con terceros que supongan una “amenaza material” a la seguridad nacional estadounidense. Si EE. UU. sanciona a una empresa china (como Huawei) o prohíbe la exportación de ciertos chips, Argentina debe hacer lo mismo.
En ese sentido, el costo es muy grande: cualquier inversión china en puertos, represas o en 5G podría gatillar la suspensión del ARTI. Esto coloca a la Argentina en la primera línea de la competencia sistémica global, eliminando la política de "neutralidad equilibrada".
Asimismo, la letra chica trae un “derecho de admisión”. Argentina creará un comité especial para bloquear inversiones de “países no amigos” en obras clave. Es decir, si el dinero viene de un rival de EE. UU., no entra, aunque sea beneficioso económicamente.
Por otro lado, si EE. UU. adopta una medida fronteriza por seguridad nacional, Argentina deberá adoptar una medida similar. Básicamente, si Estados Unidos cierra sus fronteras o sanciona a un tercer país por un conflicto bélico, Argentina deberá seguir sus pasos. Para una nación que no es beligerante ni tiene enemigos globales, esto equivale a comprarse un problema ajeno. Nos obliga a importar hipótesis de conflicto que no nos pertenecen, poniendo en riesgo nuestra histórica tradición de paz.
Propiedad intelectual: patentes, remedios y el peaje por las semillas
El acuerdo expresa que Argentina adoptará "estándares internacionales más modernos" para el registro de patentes, lo que se traduce en aceptar las reglas de juego de las empresas del sector.
Al blindar y extender la exclusividad de los inventos estadounidenses, se le pone una barrera a las empresas argentinas que fabrican medicamentos genéricos a bajo precio. Es un triunfo redondo para laboratorios extranjeros como Pfizer o Moderna, pero un dolor de cabeza para el bolsillo local.
El impacto también golpea de lleno al campo. A cambio de poder exportar más materias primas, aceptamos que los productores paguen un “peaje” en dólares por la biotecnología agrícola. Es decir, aunque el cultivo sea en suelo argentino, su genética patentada pertenece a multinacionales estadounidenses. Esto obliga al productor local a pagar regalías cada vez que quiera resembrar su propia cosecha.
Con respecto al consumo digital, el acuerdo obliga a la Justicia argentina a ser implacable: desde cerrar sitios de streaming pirata hasta decomisar ropa y productos falsificados en ferias y fronteras. Anticipadamente esto precipitó el cierre de canales argentinos en la conocida aplicación Magis TV.
El bloqueo encubierto a los insumos baratos y la paradoja ambiental
El acuerdo exige que Argentina prohíba importar bienes producidos con "trabajo forzoso", obligando a vigilar toda la cadena productiva siguiendo las normas de la Organización Internacional del Trabajo. En criollo: si una fábrica argentina quiere venderle a Estados Unidos, no puede usar insumos baratos provenientes de regiones que Washington tenga en la mira (lo cual es un bloqueo indirecto a China). Esta cláusula funciona como un "candado" a favor de los trabajadores locales. Violar esos derechos ahora traería consecuencias comerciales directas con nuestro principal socio.
La medida impone una carga administrativa enorme a las PyMEs exportadoras. Ahora, una pequeña o mediana empresa argentina debe convertirse en auditora y certificar la trazabilidad perfecta de toda su cadena de valor (demostrando que no hay trabajo esclavo ni daño ambiental en sus proveedores). Un solo papel mal firmado y la aduana estadounidense bloquearía la carga.
Sin embargo, mientras a Argentina se le exigen trazabilidades ambientales y laborales, Estados Unidos sostiene su gigantesca industria de indumentaria (fast fashion) relocalizada en países como Bangladesh, entre otros. Según los reportes globales de calidad del aire, el país asiático es consistentemente rankeado como el segundo país más contaminado del mundo debido a esta industria. Allí, quienes cosen la ropa para las marcas occidentales cobran un salario mínimo de apenas 113 dólares mensuales en condiciones laborales precarias. Esto demuestra que, en el comercio global, las reglas morales suelen aplicarse según la conveniencia estratégica.
Conclusión: el precio real de entrar al club de Washington
El ARTI marca el fin de la ambigüedad estratégica de Argentina. El país canjea su histórica política de neutralidad y sus vínculos multipolares por una silla en el sistema de seguridad económica de Estados Unidos.
¿Es un acuerdo realmente positivo para el país? La respuesta revela la profunda asimetría entre ambos socios. Posicionada desde la urgencia financiera, Argentina logra una victoria táctica fundamental: dólares rápidos mediante la exportación de carne y litio, acompañados del vital respaldo del Tesoro estadounidense. Sin embargo, Washington se lleva el premio mayor a largo plazo: se asegura los recursos críticos que necesita y bloquea a China en el Atlántico Sur, todo sin ceder un milímetro de su propio proteccionismo industrial. Argentina es la dueña de los recursos, pero la Casa Blanca dicta las reglas tecnológicas y regulatorias.
La palabra final sobre este giro histórico se conocerá en marzo, cuando el acuerdo enfrente su votación definitiva en el Congreso. Aunque la convergencia ideológica entre Javier Milei y Donald Trump fue el catalizador de este pacto, la historia de las relaciones internacionales demuestra que los países no tienen amigos, tienen intereses.
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