El "grito boricua" de Bad Bunny en el Super Bowl: la osadía de exponer la herida colonial frente a los ojos del mundo

La actualidad, atravesada por las redes sociales, imprime sesgos que muchas veces duplican —o amplifican— las noticias. Esa cámara de resonancia digital, donde importa la voz de la gente, impacta sobre la televisión, la radio y los portales informativos de manera inesperada. Y, en ocasiones, hay que agradecer ese efecto.

Más allá de gustos personales, Bad Bunny logró su cometido en el espectáculo del Super Bowl. Cometió la osadía de cantar por primera vez en castellano en semejante escenario, se atrevió a criticar al sistema desde dentro del propio sistema. Utilizó el escenario más mainstream del planeta para instalar en la conversación pública un tema que existe desde 1898 y que, sin embargo, rara vez ocupa el centro del debate.

Su presentación no solo visibilizó al artista ante públicos que quizás ni lo conocían; puso en circulación preguntas históricas incómodas: ¿qué pasó con Puerto Rico? ¿Qué le hicieron a Puerto Rico?

Bad Bunny river 13 febrero 2026

En 1898, tras la Guerra Hispano-Estadounidense, España perdió sus últimas posesiones coloniales en América, entre ellas Puerto Rico, que pasaron a manos de Estados Unidos mediante el Tratado de París, firmado el 10 de diciembre de ese año.

A Puerto Rico le cambiaron el dueño, pero no le permitieron dejar de usar collar. Los españoles se fueron, pero llegaron los yankis, que progresivamente se fueron apoderando de la vida social, cultural, económica y política de los habitantes.

Tras la ocupación, sectores de la dirigencia estadounidense —y parte de la élite local— sostenían que los puertorriqueños eran un pueblo “inferior”, incapaz de autogobernarse, que necesitaba ser civilizado e ilustrado. La prensa norteamericana reforzó esa narrativa.

En 1900, la Ley Foraker organizó el primer gobierno civil bajo autoridad estadounidense. En 1917, la Ley Jones concedió la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, aunque mantuvo limitaciones políticas sustanciales. En 1952 se estableció el Estado Libre Asociado (ELA), con constitución propia y autonomía interna, pero siempre bajo la soberanía del Congreso de Estados Unidos.

Esta figura, sostenida bajo la cláusula territorial del Artículo IV de la Constitución estadounidense, otorga al Congreso amplios poderes sobre la isla sin la obligación de extender todos los derechos constitucionales a sus habitantes.

La ciudadanía otorgada en 1917 convive, así, con un doble estándar político. Los residentes en Puerto Rico son ciudadanos estadounidenses, pero no votan por el presidente en las elecciones generales ni tienen representación con voto en el Congreso. En la Cámara de Representantes cuentan con un Comisionado Residente con voz, pero sin voto en el pleno. Participan en las primarias presidenciales, pero no en el colegio electoral. Solo pueden votar por el presidente si residen en alguno de los 50 estados o en el Distrito de Columbia.

El sufragio universal en la isla llegó en 1935, pero la plena representación federal sigue siendo una deuda estructural.

En cuanto a la administración interna desde 1898, el sistema evolucionó de una administración militar directa (1898-1900) a un gobierno civil designado por Washington (1900-1947) y luego a la elección democrática del gobernador. Actualmente, Puerto Rico cuenta con tres poderes locales: un Ejecutivo encabezado por un gobernador electo, una Asamblea Legislativa bicameral y un sistema judicial propio cuyo Tribunal Supremo puede ser revisado por la Corte Suprema de Estados Unidos.

Ese trabajo progresivo se llevó a cabo en todas las áreas de la vida social. La consideración xenófoba de los puertorriqueños permitió —avalada desde el centro del poder y por las élites intelectuales norteamericanas, e incluso por la prensa, como ya hemos mencionado— la implementación de políticas tendientes a la aculturación y la gentrificación de la población de la isla.

La americanización se implementó progresivamente a través del sistema educativo. Según la historiadora Aida Negrón de Montilla, se promovieron tradiciones anglosajonas, celebraciones estadounidenses y la enseñanza en inglés como herramienta de integración cultural, desplazando del calendario y del aula el mundo originario de los boricuas.

En el plano religioso, la hegemonía católica heredada de España fue desafiada por la llegada de múltiples confesiones protestantes que acompañaron el nuevo orden político, sin considerar religiosidades nativas. Pero el control político no fue el único mecanismo de dominación. También hubo políticas sociales de enorme controversia ética. En 1937, la Ley 116 legalizó la esterilización gratuita en Puerto Rico.

Bajo el impulso del Dr. Clarence Gamble, se establecieron clínicas que promovían la esterilización como política de salud pública y reforma económica, sosteniendo que Puerto Rico estaba “sobrepoblado”. Para la década de 1950, casi un tercio de las mujeres en edad fértil había sido esterilizada: la tasa más alta del mundo. Muchas denunciaron coacción, engaño o ausencia de consentimiento informado.

Tras ello no solo se escondían prejuicios raciales, sino también el temor a que más puertorriqueños migraran buscando su futuro en el territorio norteamericano.

La resistencia al proceso denominado “la operación” surgió de figuras como la Dra. Helen Rodríguez-Trías y organizaciones como el Comité para Acabar con el Abuso de la Esterilización, que documentaron violaciones sistemáticas de derechos reproductivos.

En 1956 también se realizaron en Puerto Rico ensayos clínicos para una píldora anticonceptiva experimental. Más de 200 mujeres pobres de Río Piedras participaron sin información adecuada sobre los riesgos.

La historia de Puerto Rico, en profundidad, está labrada por todo tipo de inequidades que aún se hacen visibles, manteniendo un vínculo asimétrico con Estados Unidos que sigue siendo objeto de debate, puesto que las decisiones del Tío Sam tienen supremacía.

Mientras Puerto Rico le aporta a Estados Unidos una posición geopolítica estratégica en el Caribe, esas bondades no se han volcado sobre los puertorriqueños, quienes en 2025 tuvieron un crecimiento económico del 1% mientras que en 2017 la furia del Huracán Maria desnudó la indiferencia del gobierno de Washington frente a la tragedia humanitaria que asoló a la isla. Donald Trump por entonces, prefirió emitir un tweet señalando que el territorio enfrentaba grandes problemas pero que había que recordar que “debe miles de millones de dólares a Wall Street y los bancos”. Un puro Donald Trump en su mejor estilo.

Puerto Rico no es un estado, pero tampoco una nación independiente. Es un territorio no incorporado cuya relación con Estados Unidos continúa siendo objeto de debate político interno. Un ámbito que esta representado por el Partido Nuevo Progresista, que promueve la estadilidad —es decir, que Puerto Rico se convierta en un estado de Estados Unidos— (41%); el Partido Independentista Puertorriqueño (31%), que aboga por la independencia; y el Partido Popular Democrático (21%), que defiende el mantenimiento del Estado Libre Asociado, pero con mayor autonomía.

Que ese debate se plasme en el escenario más comercial del planeta no es un dato menor. La cultura popular, saltó la valla y volvió a poner sobre la mesa una historia colonial que suele diluirse en la narrativa del progreso democrático estadounidense. Las redes hicieron lo suyo: discutieron, amplificaron un hecho deportivo y televisivo para que millones volvieran a hablar de 1898.

Tal vez esa sea la verdadera paradoja contemporánea. En el espectáculo más globalizado del mundo, la historia de un territorio sin voto pleno volvió a irrumpir en la conversación.

Y eso —más allá de simpatías artísticas— no es entretenimiento. Es un enorme hecho político. Sencillamente, es política.