Presentan un proyecto para restituir subsidios al transporte de personas con discapacidad

"La decisión adoptada presenta serios cuestionamientos desde el punto de vista constitucional, convencional y legal, en tanto compromete derechos fundamentales de colectivos especialmente protegidos y altera condiciones materiales indispensables para su ejercicio efectivo", expresa la iniciativa al momento de ahondar los fundamentos que se centran en cuestionar la constitucionalidad y el impacto social de la eliminación de los subsidios.

Además, se advierte que el transporte gratuito no constituye un privilegio sino una herramienta esencial de inclusión, accesibilidad y acceso a tratamientos médicos, rehabilitación, educación y trabajo.

El texto también es acompañado por varios diputados del bloque que integra Giuliano, Unión por la Patria. Entre ellos, el jefe de la bancada opositora, Germán Martínez.

En diálogo con C5N, Giuliano advirtió que "el ajuste de los dos primeros años del gobierno de Milei sobre la discapacidad hizo colapsar el sistema de gratuidad al transporte para discapacitados, para oncológicos, pediátricos pacientes, y para trasplantados en la lista del Incucai".

"Lo cierto es que es una resolución la que deroga la el fondo compensador, completamente hipócrita, porque no se elimina el beneficio, se elimina el financiamiento. En realidad es un paso hacia la eliminación del derecho. Y en un mercado flexibilizado del transporte, como es el resultado de la gestión de Milei, imagínense que ese costo va a ser trasladado a los demás pasajeros, porque pueden aumentar la tarifa, o bien van a empobrecer el servicio, o van a bajar las frecuencias. Eso es lo más probable".

"Pero lo peor de todo esto es que inauguran una cuestión muy grave, que es que cuando la ley no les gusta, no la cumplen. Y eso es un permitido que se traslada a toda la comunidad", completó.

Subsidios al transporte de personas con discapacidad: qué dice el proyecto de la oposición

El proyecto de resolución pone en alerta que la medida adoptada por el Gobierno vulnera los principios constitucionales y convencionales vinculados a la protección de personas con discapacidad y al derecho a la salud, además de representar un retroceso en materia de derechos sociales.

"Resulta particularmente grave que el Gobierno Nacional procure sostener formalmente la vigencia del derecho mientras elimina simultáneamente el mecanismo económico que históricamente permitió su implementación efectiva. Mantener formalmente una obligación legal no equivale, por sí mismo, a garantizar su cumplimiento efectivo", advierte el mismo.

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