El Gobierno impulsa un proyecto de reforma del Código Penal que contempla un significativo agravamiento de las penas para la mayoría de los delitos, además de introducir la imprescriptibilidad de aquellos considerados especialmente graves. La reforma busca endurecer el marco punitivo, elevando, por ejemplo, la pena máxima para el homicidio simple de los actuales 25 a 30 años de prisión. Este incremento se replicará en delitos como lesiones leves, lesiones por conducción imprudente y abuso de armas, entre otros.
El proyecto también establece que el 82% de los delitos serán de cumplimiento con prisión efectiva, limitando severamente la aplicación de penas excarcelables. Una de las medidas centrales es la eliminación de la liberación anticipada para crímenes de alto impacto social, incluyendo homicidio, robo seguido de muerte y robo con armas, así como en casos de reincidencia delictiva. Asimismo, las condenas perpetuas dejarán de tener un límite temporal definido, buscando mayor rigurosidad en la ejecución de la pena.
Otro punto crucial de la reforma es la propuesta de la imprescriptibilidad para los delitos de mayor gravedad. Esta medida aplicaría principalmente a los homicidios agravados y a los delitos de índole sexual. Además de las modificaciones penales, el proyecto incorpora normativas para el sector público: los funcionarios condenados por delitos perderán automáticamente su jubilación de privilegio.
Finalmente, el paquete de reformas al Código Penal contempla robustecer el marco legal de la legítima defensa, ofreciendo un respaldo más firme a quienes actúen en defensa propia. Con este endurecimiento generalizado de las penas y las restricciones en los beneficios de cumplimiento, el Gobierno busca enviar un claro mensaje de mano dura contra el crimen y la corrupción pública.