Marcelo D'Alessandro rompió el silencio sobre el escándalo de los chats

Luego de la Justicia porteña se declarara incompetente en la investigación por el hackeo que sufrió el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, y pasara al fuero federal de Comodoro Py, el exfuncionario rompió el silencio y habló sobre la causa.

El exminsitro porteño se presentó en los Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 porteño por el juicio por el crimen de Lucas González, sin embargo, luego de declarar como testigo, fue abordado por la prensa y habló sobre la causa de los chats.

Sobre ese tema, D’Alessandro aseguró que “lo que hicieron fue hackear mi teléfono, también el de jueces y fiscales, Diego Santilli” y detalló que ante un dictamen la Justicia “dijo que habiendo tomado el control del teléfono lo que podía hacer es editar, crear o modificar chats existentes. Si vos te fijas, es un programa que yo no utilizaba y que son del 2015 y del 2016 que es donde aparecen algunos audios que es donde se basa estos actores del oficialismo para decir que son reales”.

“Como si fuera poco, la investigación siguió y tenemos bien en claro y confeso a una persona que dijo que le dieron los objetivos y le pagaron para que hackee a estas personas”, agregó el exministro.

Por otra parte, D’Alessandro aseguró que tiene “los teléfonos y los audios del hacker y toda la banda de cómo actuaba” y agregó: “No voy a parar hasta dar con el autor ideológico. Los chats no son ciertos”.

La causa por el hackeo a Marcelo D'Alessandro pasará a Comodoro Py

Mediante una resolución, la jueza María Araceli Martínez, solicitó que el expediente pase a los tribunales de Comodoro Py y se acumule a la causa que investiga el juez federal Sebastián Ramos a la investigación por el viaje a Lago Escondido que realizó el exministro junto a jueces, fiscales y empresarios.

“La solicitud de incompetencia presentada por la Dra. Dupuy, implica tácitamente el reconocimiento, por parte de la directora de la investigación, que las medidas urgentes ya se han agotado y en consecuencia, corresponde en este preciso momento, adoptar la resolución que el frenesí de la investigación aconsejó posponer hasta este día”, sostuvo la jueza porteña Martínez, según surge del fallo de 16 páginas.

En el escrito recordó que en la causa que tramita en manos del juez Ramos se “investiga tanto la posible aceptación por parte de funcionarios públicos y magistrados, de determinados servicios de costo económico ofrecidos por empresarios, en razón de los cargos que ejercían y posiblemente por intervenciones que pudieron tener en casos puntuales ligados a los roles que poseen” como “el hackeo y espionaje que habrían conducido, de forma delictiva a acceder a las comunicaciones realizadas desde los teléfonos de las personas implicadas”.