La oposición en Diputados acelera el debate para limitar los DNU

La Cámara de Diputados avanzó este martes en el tratamiento del proyecto que modifica la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia, ya aprobado por el Senado el 4 de septiembre. En un plenario de comisiones cargado de cruces, se empezaron a delinear las posiciones: el PRO mostró fisuras, la UCR amaga con un dictamen propio y la oposición más dura presionó para ratificar la media sanción.

La primera en abrir el debate fue la diputada oficialista Mónica Litza (Unión por la Patria), quien recordó que el régimen de DNU nació con la reforma constitucional de 1994 para limitar el hiperpresidencialismo. “Lo que debía ser la excepción se ha vuelto la regla, sobre todo con este Gobierno”, advirtió en alusión al mega DNU 70/2023, que sigue vigente pese a haber sido rechazado en el Senado. La reforma que impulsa la oposición apunta a ponerle freno a ese abuso: fija que los decretos tendrán un plazo máximo de 90 días salvo aprobación explícita del Congreso, que el rechazo de una sola cámara alcanza para derogarlos, que deberán tratarse aún en receso y que no podrán ser multitemáticos.

Uno de los momentos más llamativos de la reunión fue la intervención de Silvia Lospennato. A contramano del grueso del PRO, la diputada abrió la puerta a acompañar la iniciativa. Reivindicó la postura histórica del partido sobre la inconstitucionalidad de la ley 26.122, pero criticó la doble vara con que se discute según el lugar que se ocupe en el poder.

“Esto no se trata de si los peronistas son malos o buenos. Es un tema institucional” citó Lospennato a Federico Pinedo con una frase de hace casi 20 años, cuando se debatió la ley de autoría de Cristina Fernández de Kirchner. “El Teorema de Baglini aplica perfectaente: cuando se está en el Gobierno se quiere una ley, y cuando se está en la oposición, otra”, lanzó la diputada.

El resto del bloque PRO, sin embargo, mantiene su rechazo al proyecto. Patricia Vásquez fue tajante al afirmar que se trata de una “hipocresía” por parte del kirchnerismo, que busca ahora limitar un mecanismo que usó con intensidad cuando fue gobierno.

“Esta es una ley kirchnerista. Alberto Fernández firmó 178 DNU, nos encerró ocho meses y nadie dijo nada. Ahora quieren una ley más estricta porque no están en el Ejecutivo”, lanzó.

En tanto, fuentes de la UCR confirmaron a C5N que trabajan en un texto alternativo. En ese sentido, Rodrigo De Loredo advirtió que “es preferible una norma imperfecta aplicada universalmente que una norma perfecta aplicada selectivamente”. El cordobés dio a entender en su alocución que está de acuerdo con la modificación de la norma, pero que no es el momento. Además, agregó que “este uso desigual de los DNU tiene aspectos desestabilizadores”.

La postura radical no es menor: en el Senado, nueve de los trece integrantes del bloque votaron a favor del proyecto y los cuatro restantes se ausentaron. Ningún senador radical votó en contra, lo que plantea interrogantes sobre cómo se ordenará el bloque en Diputados.

Sobre el cierre de la reunión, Germán Martínez chicaneó a los radicales y al PRO: nombró a los nueve senadores de la UCR que votaron a favor de la media sanción e ironizó “¿Todos esos son golpistas? Porque el presidente del bloque radical en el Senado votó a favor. ¿Enrique Goerling, propuesto por el PRO para presidir la bicameral de Inteligencia, es golpista? ¿María Victoria Huala, del PRO, es golpista? ¿Y Guadalupe Tagliaferri?”, enumeró con ironía.

Martínez insistió en que el debate no puede quedar empantanado en especulaciones electorales. “Nunca hubo en la historia un DNU como el 70, ni tantas materias afectadas por un decreto de necesidad y urgencia. No busquen excusas para no avanzar”, reclamó.

La comisión volverá a reunirse la próxima semana para firmar dictamen y llevar el proyecto al recinto en los primeros días de octubre. Más allá de que la oposición tiene los números para avanzar en el dictamen sin necesidad de hacerle modificaciones al texto, ya dan por hecho que, aun con media sanción en Diputados, la ley tendrá destino de veto presidencial: tendrán que comenzar a pensar en los dos tercios para una eventual insistencia.