Los presidentes de las Cámaras Federales de Apelaciones alzaron su voz para expresar una profunda inquietud sobre el DNU 575/2025, una normativa que regula la administración de bienes decomisados. Este decreto, según los magistrados, podría afectar la ley de autarquía del Poder Judicial, lo que a su vez compromete la autonomía financiera de la institución. En una reunión reciente, los jueces federales no solo abordaron este tema, sino que también reafirmaron su compromiso con la independencia de la Corte Suprema de Justicia frente a las crecientes críticas.
"Advertimos con preocupación las dificultades que se presentarán frente a la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 575/2025, por el que se aprobó el Régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita cautelados y recuperados en los procesos penales de competencia nacional y federal y de extinción de dominio", indicó la demanda.
Además, el documento destacó: "El nuevo régimen jurídico, lejos de disipar toda duda en la aplicación de mecanismos para la recuperación, administración y disposición de los activos provenientes de actividades ilícitas, genera interrogantes, contradicciones y superposiciones regulatorias que atentan contra los mismos propósitos que inspiraron su dictado".
En este contexto, la Junta de Presidentes señaló que el decreto ignora el trabajo previo de la Corte Suprema en la materia. Específicamente, mencionaron la reciente Acordada Nro. 22/25, que estableció un reglamento para la gestión de efectos secuestrados y objetos decomisados. Esta decisión de la Corte ratificaba una serie de medidas similares que la propia institución ha tomado consistentemente desde 1991, demostrando una larga trayectoria y expertise en el manejo de estos asuntos.
Otro punto crucial del reclamo es la potencial afectación a la Ley de Autarquía Judicial n° 23.853. Esta ley es fundamental para el funcionamiento del Poder Judicial, ya que le otorga la potestad de administrar sus propios recursos y presupuesto. Los jueces advierten que el DNU podría interferir en este sistema, comprometiendo los recursos específicos que componen el presupuesto judicial y su destino. Por ello, instaron a un diálogo institucional para encontrar soluciones integrales.
Preocupación por las intimidaciones sufridas por una jueza de Rosario
Además de los temas normativos, los magistrados manifestaron su preocupación y solidaridad con la jueza federal de Rosario, Natalia Martínez, quien sufrió intimidaciones. En su comunicado, expresaron su compromiso con la defensa de la función jurisdiccional, la cual debe estar libre de presiones, amenazas o condicionamientos.
"Exhortamos a las autoridades competentes a realizar una investigación exhaustiva y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la magistrada y la de todos los integrantes del Poder Judicial", reclamaron. Y agregaron que confían "en que el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la unidad en defensa de la justicia serán el camino para superar este tipo de hechos que pretenden erosionar la vigencia de la ley y la paz social".
El pedido de "preservar la institucionalidad"
La Junta también se pronunció en defensa de la independencia de la Corte Suprema frente a las críticas. Aludiendo al Fallo Levinas, reafirmaron su posición de preservar la institucionalidad y el funcionamiento del Poder Judicial como un pilar del Estado de Derecho.
Además agregaron: “Entendemos que las meras descalificaciones, así como las constantes afrentas que ha recibido la Corte Suprema -ya sea integrada por sus ministros titulares o por quienes fueron seleccionados de manera transitoria para cumplir idéntica misión- menoscaban la función jurisdiccional y la independencia del Poder Judicial, en exclusivo desmedro de la administración de justicia y del Estado democrático de derecho”.
