Javier Milei y la realidad hecha mierda

Como una especie de Rey Midas al revés, el presidente Javier Milei atraviesa una coyuntura en la que transforma todo lo que toca y lo que nombra en mierda. La referencia obvia está relacionada con que es la palabra más utilizada por el libertario en sus habituales diatribas, pero el efecto va más allá del discurso y se traslada a las consecuencias de decisiones que complican más las cosas en distintos ámbitos.

En palabras de un diputado opositor experimentado, "está haciendo mierda todo con su disociación de la realidad". Y es cierto, la economía real muestra una cara muy distinta de la recuperación que describe el Gobierno. Mientras el oficialismo apuesta a que un repunte de la actividad llegue a tiempo para recuperar sus chances en las elecciones de 2027, las empresas y las familias enfrentan un escenario cada vez más asfixiante.

Desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2026 desaparecieron 30.633 empleadores registrados, una caída del 6%. La crisis golpea especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que sufren la caída del consumo, el aumento de los costos, la falta de financiamiento y, como nuevo dato, la persecución fiscal. Hay relevamientos que advierten que hasta 31.500 pymes podrían cerrar durante 2026.

El problema ya no es solamente vender menos. En el sector Pyme advierten que comienza a romperse la cadena de pagos. Empresas que antes se financiaban para invertir ahora se endeudan para pagar salarios, proveedores y compromisos corrientes. En ese contexto, ARCA profundiza una política de ejecuciones fiscales y embargos que puede terminar de estrangular a compañías que ya tienen problemas de liquidez. El Estado tiene derecho a cobrar los impuestos que se deben, pero resulta difícil justificar que la respuesta frente a una pyme endeudada sea quitarle inmediatamente el dinero de sus cuentas y de sus cobranzas cuando ese mismo dinero es el que necesita para mantener abiertos sus negocios y sostener puestos de trabajo. La política recaudatoria que emprendió la gestión Milei puede terminar convirtiendo una deuda impositiva en una quiebra.

Mientras el propio Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, niegan la crisis de morosidad que se inició por los bajos salarios, que deriva en caída del consumo y el consecuente sufrimiento de comercios, empresas y fábricas, en el Congreso el problema pasó de ser social a ser político. En Diputados, hubo 133 votos a favor de un apartamiento del reglamento para tratar el tema deudas de las familias. Más de 25 proyectos se discutirán en comisiones y se busca que alguno de ellos sea tratado en la sesión del 9 de septiembre. El presidente de la Cámara, Martín Menem, recurre por estas horas a maniobras legislativas que demoren el tratamiento pero el tema, como sucedió con extranjerización de la tierra en el Senado, ya pregnó en la sociedad.

Milei causó polémica por el contenido de su discurso ante alumnos de secundaria.

La propia Patricia Bullrich habló en el Senado cuando se trató allí también la cuestión y admitió la necesidad de buscar mecanismos para aliviar el endeudamiento porque la situación económica "está áspera". Bullrich, que se había mantenido alineada en las últimas semanas, volvió a la costumbre de diferenciarse del Presidente. Lo hizo reconociendo lo que Milei niega y lo hace con gestos menores. Luego del enorme revuelo que generó la violenta charla del presidente en el Colegio ORT, la senadora visitó una escuela del Barrio de Villa Urquiza, publicando fotos con alumnos donde parecía reinar la armonía y con este texto: "El trabajo de los adultos es dar herramientas, pero también dejar a los chicos ser libres en sus elecciones".

Bullrich sufrió una importante derrota con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada -que continuará freezada en Diputados-, ve cómo el súper RIGI se empantanó y anunció que tiene quince días para negociar la Reforma Electoral. Lo llamativo es que tanto su entorno como la oposición coinciden es que los acuerdos están muy verdes y que hoy el oficialismo no tiene los votos para suspender las PASO, lo único que le importa.

Durante la semana que pasó, casi todos los gobernadores aliados visitaron la Rosada, pero Diego Santilli no pudo conseguir la certeza de que hay entendimiento en el tema. Es que, como viejos tahúres, los mandatarios provinciales miran las encuestas en baja, como quien orejea las cartas del rival, y deciden apostar salteado. A veces, como en la Reforma de la Carta Orgánica del BCRA e inocencia fiscal, apoyan. A veces, como pasó con la Ley de Propiedad Privada, no.

Consultado por este cronista sobre la evidente contradicción de que, en su momento de mayor debilidad, el Gobierno haya conseguido dar media sanción a una ley que puede perpetuar las políticas monetaristas de Milei y atornillar a Santiago Bausilli a la presidencia del Banco Central, un experimentado legislador del centrão vernáculo le restó importancia. "A esta ley la derogás por mayoría simple con otra ley cuando los tiempos cambien", aseguró el veterano, y le bajó el precio también a la designación de otros 67 jueces esta semana: "Eso no es de Milei. Es la familia judicial la que los impone".

La última reunión del panperonismo, en la que participaron todos sus gobernadores, Sergio Massa, Máximo Kirchner y los jefes de bloques del Congreso, envió una señal muy clara y es que el que ayude al oficialismo a voltear las PASO es el enemigo. Más allá de otros acuerdos, ese es el límite. Lo entendió perfectamente el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, que hasta hace poco se mostraba proclive a la eliminación y hoy desliza que una alternativa es que no sean obligatorias. La misma propuesta le sugieren los aliados del PRO y la UCR a Santilli.

El discurso de Milei y del Gobierno parece estar cada vez más disociado de la realidad.

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Las PAS pueden ostentarse como demostración de que algún cambio se produjo pero no le sirven al Gobierno, que quería salar las heridas del peronismo quitándole una herramienta para ordenarse. Tampoco le suma de cara a la sociedad, porque no puede utilizar el discurso de bajar el gasto gasto de la política. Las PAS cuestan lo mismo que las PASO. Otra victoria a lo Pirro no es aceptable para Bullrich.

Pero, además, hay otra coincidencia entre la senadora y la oposición, y está relacionada con las expectativas electorales. Tanto a su alrededor como cerca de Sergio Massa repiten casi la misma frase: "Una cosa es que Milei mida 35 puntos y otra 10 puntos menos". Cerca del tigrense agregan que, con 25 puntos de intención de voto, "se te animan todos". Por eso, tanto una como el otro tiraron globos de ensayo esta semana en los que se mencionan sus posibles precandidaturas presidenciales.

Pero, volviendo a los gobernadores peronistas, la amenaza del espacio es muy clara y tiene que ver con instalar competencia en su distrito a los díscolos. Si hasta hace unos meses el peligro para los jefes de provincia era que Karina Milei les impusiera candidatos opositores, hoy sucede lo mismo pero con su propio partido. "Si jugás a favor de Milei en esto, te armamos una candidatura paralela. Nosotros no vamos a ganar, pero vos tampoco", cuentan que un dirigente bonaerense le dijo a Osvaldo Jaldo hace poco. Pocas horas después, el gobernador tucumano habló a favor de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

Esta semana se estrenó un nuevo bloque, "Argentina federal", que reúne a los diputados misioneros y salteños más un formoseño y puntano que entraron a la Cámara por LLA. Los de Misiones, que responden al gobernador Hugo Passalacqua, ya se reunieron con Massa y también se comprometieron a sostener las Primarias. La conducta de los salteños tiene ribetes más intrincados por la estrecha relación del gobierno de Gustavo Saénz y la Casa Rosada, pero ya muestran cierta independencia del mandatario.

Otras señales que deberían alarmar completan el cuadro que va de lo social a lo político, conforme se degradan las condiciones de vida de las mayorías. La renuncia del titular de la Oficina de Presupuesto del Congreso pasó desapercibida, pero se produce después de una auditoría impulsada por una comisión ordenada por Menem que apunta a cercenar la elaboración de informes técnicos para Diputados y Senadores. Desde el comienzo de su presidencia, la OPC se convirtió en un blanco móvil del Gobierno y desde la oposición se venía alertando sobre un intento de vaciar el organismo de control, que es manejado por personal técnico que fue designado por concurso. Es llamativo que el presidente Milei haga alarde de que él solo se maneja con datos y no con opiniones, pero su administración haga tantos esfuerzos por obturar cualquier posibilidad de contar con datos confiables. La renuncia de Marco Lavagna al INDEC es un antecedente aún más sonoro que este.

Mientras tanto, el Gobierno intenta mostrar señales de futura bonanza y cae en nuevas contradicciones. En el Ministerio de Hacienda hablan de la necesidad de reactivar al mismo tiempo que el Presidente dice que "la economía está volando". El plan hipotecario anunciado por Luis Caputo es presentado como una herramienta para ampliar el crédito, pero está destinado al sector más acomodado de la sociedad. Los cuestionamientos apuntan a que los $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES ya están dentro del sistema financiero. Por lo tanto, el programa podría no generar crédito nuevo sino direccionar recursos que hoy financian otras líneas hacia los préstamos hipotecarios.

En el mejor de los casos, se estaría cambiando el destino del dinero disponible. En el peor, se podría terminar quitando financiamiento a familias y empresas que necesitan préstamos personales o productivos. "Necesitan solucionarle a los desarrolladores inmobiliarios los departamentos que tienen sin vender en barrios chetos de la Ciudad. La plata del FGS se la van a llevar los socios de Caputo, como pasó con todo lo demás", asegura un operador que conoce el mercado.

Caputo fue cuestionado tras su anuncio para impulsar los créditos hipotecarios.

Las mismas señales equívocas envió el Gobierno en las vísperas de una nueva reunión del Consejo del Salario. El mismo día que empresarios y sindicalistas debían decidir el valor de lo que funciona como referencia para distintos programas sociales, prestaciones y subsidios y que hoy está en $376 mil, los diarios afines al oficialismo publicaron que impulsa un salario mínimo garantizado de referencia de $1.070.000 brutos. Claramente, no hace referencia al SMVM, pero generó una confusión informativa que no suma nada pero embarra la cancha.

El dato ni siquiera es tan bueno para los trabajadores formales privados, cuyo salario mínimo sería de aproximadamente $860.000 netos o en mano, porque hoy casi ningún trabajador congeniado gana por debajo de esa cifra. Con este ruido en el medio, la Secretaría de Trabajo hizo todo lo posible para que la reunión fracase y lo logró, como en todas las ocasiones anteriores. Los gremios reclamaron un salario mínimo de $911.000, mientras los empresarios ofrecieron apenas $400.000, frente a los $376.600 que rigen actualmente. Sin acuerdo, será el Gobierno nacional el que termine fijando el nuevo monto, seguramente muy cercano a lo que ofrecieron las patronales, en una definición que tiene mucho impacto social.

A esa fragilidad interna se suma un resultado impensado para los libertarios en la política exterior. La decisión de Donald Trump de ampliar el acceso de Brasil al mercado estadounidense de carne sin incluir a la Argentina dejó expuesta la distancia entre la estrecha alineación política de Milei con Washington y los resultados concretos que esa relación produce para la economía argentina. La diplomacia de Karina Milei y Pablo Quirno había convertido la relación con Trump en una de sus principales apuestas y hasta había impulsado una Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos. Pero cuando llegó la hora de repartir beneficios comerciales, la Argentina quedó afuera.

El Presidente seguirá insultando a quienes señalan una realidad absolutamente evidente, pero el despliegue discursivo solo empeora un panorama funesto para gran parte de los argentinos.