El abogado de la legisladora Lourdes Arrieta pedirá a la Justicia que investigue "si existió un financiamiento de genocidas a determinados diputados" de La Libertad Avanza (LLA) para gestionar la visita a la cárcel de Ezeiza e impulsar una agenda específica dentro del Congreso.
"El último título que me puso la diputada es ser su guardaespaldas para rescatarla de los machirulos que son guapos puertas adentro, pero después no bancan un proyecto pro milico en la Cámara de Diputados", aseguró este lunes Yamil Castro Bianchi en diálogo con Radio 10, donde también ratificó la denuncia por violencia de género contra el diputado Nicolás Mayoraz.
"Cuando uno a una mujer le dice 'Vení para acá o te aislamos'; 'Tenés que acompañar este proyecto o se acabó tu carrera política', y sumado esto con el agravante de 'Por tu culpa perdimos esta batalla cultural contra el kirchnerismo', hay suficientes elementos para considerar la existencia de violencia de género", remarcó.
Tras filtrar los proyectos con que sus compañeros de bloque buscaban liberar a los genocidas, Arrieta denunció que le tendieron "una cama" para expulsarla de la bancada. "Lo que más le preocupa a la diputada es que se la castigue a ella y no a quienes organizaron esta visita", señaló el abogado.
"La expulsión de Lourdes Arrieta va a dejar en evidencia que toda aquella persona que defiende el plan o la agenda del Presidente va a ser expulsada, y van a primar quienes van a atentar contra la democracia y manejan otro plan", advirtió.
lourdes arrieta
Arrieta denunció que buscan expulsarla del bloque de LLA.
"Lo que faltó acá es una conducción política o administrativa del presidente de la Cámara de Diputados. Ya pasó un mes y medio de la visita y recién este domingo hubo un intento de explicación de Martín Menem. Si representan alguna intención de que a los militares le pase tal o cual cosa, presenten los proyectos y discútanlos", reclamó.
Castro Bianchi anunció que va a proponer "una nueva pata" en la investigación para determinar "si existió un financiamiento de genocidas a determinados diputados para proponer una agenda". "Entiendo que lo menos llamativo que se va a evidenciar esta semana es que un cura tiene una sociedad offshore en Miami", adelantó.
Aunque no mencionó su nombre y apellido, dio a entender que se trata del sacerdote Javier Olivera Ravasi al señalar que "el padre de este cura está privado de su libertad por crímenes de lesa humanidad". "No sé si solamente por violador o también por haberle robado cosas a las personas, propiedades o bienes muebles, y si ese dinero fue blanqueado en otro país. Hay muchas hipótesis", sostuvo.
"Tengo que terminar de corroborar un último detalle, pero hay una sociedad en Miami que tiene el mismo nombre que una sociedad en Argentina que integra este cura. Y en Georgia, Estados Unidos, también hay otra. Es una información que pude conseguir el fin de semana y tendría que investigar", concluyó.