El exintendente de La Plata Julio Garro fue imputado por el Juzgado de Garantías N°5 Departamental en una causa que investiga una presunta asociación ilícita por el caso de los barrios cerrados ilegales en la capital de la provincia de Buenos Aires.
El dirigente del PRO y exfuncionario del gobierno de Javier Milei es investigado por su presunta participación en una asociación ilícita por la construcción de barrios privados en zonas no autorizadas.
El exintendente de La Plata Julio Garro fue imputado por el Juzgado de Garantías N°5 Departamental en una causa que investiga una presunta asociación ilícita por el caso de los barrios cerrados ilegales en la capital de la provincia de Buenos Aires.
En diciembre del 2023, el dirigente del PRO perdió la reelección en manos de Julio Alak y luego fue designado como subsecretario de Deportes en el gobierno de Javier Milei, cargo que ocupó hasta julio del 2024 cuando fue echado por exigirle a Lionel Messi que le pida disculpas a Francia por los cantos racistas y homofóbicos que realizaron algunos integrantes de la Selección contra Francia.
En las últimas horas, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta pidió una serie de allanamientos en distintas locaciones entre las que está incluida la casa de Garro. Se le imputan los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y administración fraudulenta.
Según la investigación, Garro en connivencia con funcionarios públicos de su gestión y empresarios particulares, habrían realizado múltiples desarrollos urbanísticos en zonas no permitidas, las cuales no contaban con la correspondiente autorización provincial por un monto superior a los u$s1.500 millones. El caso lo lleva la jueza Marcela Garmendia.
Este lunes el diario El Día de La Plata, informó que en total se realizaron cinco allanamientos y once órdenes de presentación, incluidas cuatro empresas y domicilios de exfuncionarios, además del de Garro. El perjuicio económico a privados y al municipio está estimado por el fiscal en $700.000 millones.
Ahora el fiscal intentará demostrar que el negocio estaba bajo el mando de Garro. La datos recolectados marcan que las irregularidades comenzaban con la autorización por ordenanza o decreto la construcción de barrio privado a cambio del 20 % de los lotes. Luego seguía mediante la aprobación de las obras de pavimento, agua, luz y gas, siempre y cuando se contratara a la empresa que era de los exfuncionarios de Garro. Por último, la apertura de inmobiliarias en La Plata, Bariloche y Punta del Este para vender los lotes.