12 de enero 2022 - 06:44

Gil Lavedra, el gran "camaleón"

El abogado consideró que "armar causas judiciales es un delito". Lo que omitió es que su participación como abogado querellante, contratado especialmente por la AFIP (algo sin antecedentes) para el caso Oil Combustibles tuvo muchos puntos de contacto con la secuencia grabada por la AFI.

El abogado (y armador del frente que pretende disputar las elecciones en el Colegio Público de Abogados de la Capital) Ricardo Gil Lavedra opinó del escándalo del “Gestapo-Gate” por el armado de causas durante la gestión de María Eugenia Vidal. En declaraciones a Radio Continental, espantado, afirmó que “es un delito que debe ser esclarecido” y lamentó que el Gobierno de Cambiemos no hubiese “cortado” con el “padecimiento” que significa la intromisión de los servicios de inteligencia en expedientes judiciales.

Ricardo Gil Lavedra en "Animales sueltos", de A.Fantino (completo HD) - 20/03/18

Así, buscó distanciarse al máximo de lo que se planteó en la reunión del 15 de junio de 2017 en el Banco Provincia cuando el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas y tres altos mandos de la AFI expusieron ante empresarios un plan para preconstituir prueba en una investigación judicial con el fin de acorralar al polémico sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina.

En ese mismo encuentro, el secretario de Justicia de Vidal –exfiscal- también afirmó que lo que los hombres de negocios describían como sus padecimientos por las presiones de Medina no se sostendrían en un expediente penal y no tenían la fuerza para apuntalar una acusación en su contra. Acto seguido, se presentó un plan criminal para que esa misión tuviese éxito que incluía, en palabras de Villegas, un acuerdo con los jueces, fiscales y la Procuración que estarían advertidos del plan y darían luz verde.

Entrevistado Gil Lavedra, como si fuese un turista recién aterrizado en Ezeiza, planteó con firmeza su desagrado a esa situación y su férrea convicción institucional en que los servicios de inteligencia no son para “amigos”. “Armar causas judiciales es un delito”, concluyó con toda razón.

Lo que Gil Lavedra omitió es que su participación como abogado querellante, contratado especialmente por la AFIP (algo sin antecedentes) para el caso Oil Combustibles tuvo muchos puntos de contacto con la secuencia grabada por la AFI. De hecho, así fue declarado en el juicio oral frente al TOF N°3 por el testigo Oscar Ramos Rivera, un ex AFIP al que Alberto Abad recurrió para la querella que lideraba Gil Lavedra. En ese encuentro se discutió un informe de los planes de pago que tenía Oil. “La primera vez que escucho sobre el informe de Barroso fue en una reunión en AFIP en la época en la que la querella la llevaba Gil Lavedra y la dirección de planificación penal presentaba los testigos propuestos.

Barroso hizo un comentario que me deja perplejo: que Oil combustibles no tenía deuda exigible al momento del inicio de la causa penal”, dijo el testigo Ramos Rivera. Y luego agregó –ante los jueces- que el impacto en los rostros que vio fue como si Gil Lavedra no hubiese sabido ese dato que desbarataba el eje de la acusación. “Lo que recuerdo es mi sorpresa. Me dio la impresión de que el querellante se estaba enterando en ese momento”, lanzó Ramos Rivera en alusión al ahora espantado Gil Lavedra, impresión que compartió con otros asistentes al encuentro. Una reunión, varios participantes que no tenían nada que hacer allí, una prueba que no alcanzaba y la decisión “política” de seguir adelante a cualquier costo. Una pena que la reunión en la AFIP no hubiese sido filmada. Para apreciar los rostros.

El “armado” para Oil continuó hasta su conclusión final, el 16 de diciembre pasado con la absolución de los accionistas de la petrolera por no ser responsables de ningún delito penal. De haberse percatado Gil Lavedra de las similitudes que tenía su contratación y todo el andamiaje desplegado por la AFIP y el Poder Ejecutivo de entonces para llevar adelante un cometido al que la prueba no le era favorable con las imágenes del Banco Provincia, seguramente también se hubiese espantado. Aunque eso lo hubiese privado de un contrato millonario pagado por la AFIP, horas de televisión y radios apuntalando el caso (algo a lo que ningún abogado del cuerpo del organismo se hubiese prestado), y un puesto “ad-honorem” en el Ministerio de Justicia de Macri. Tampoco hubiese podido ufanarse –en privado- de sus contactos en la justicia para dirigir fallos en uno u otro sentido en el desarrollo del proceso, algo de lo que sus interlocutores ocasionales, en Comodoro Py y en Punta del Este, pueden dar fe.

Al “nuevo” Gil Lavedra lo asquearía.

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