Financiamiento universitario: la Corte Suprema ratificó la cautelar que ordena al Gobierno aplicar la ley

La resolución se produjo después de un acuerdo entre la administración libertaria y el sector universitario para incrementar los fondos, que fue firmado el 10 de junio. Aquel entendimiento se trataba de una actualización salarial del 24,33%, un aumento del 20% del monto de los gastos de funcionamiento en las universidades y una suba de $50.000.000.000 para los hospitales universitarios. Por este motivo, el fallo judicial no tendrá un impacto económico que altere las proyecciones del Gobierno.

En tanto, previamente el Consejo Interuniversitario Nacional junto a universidades habían presentado un amparo para anular el decreto 759/2025, con el cual el Gobierno dispuso que la ley sólo podía implementarse si se determina el origen de los recursos. Después, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dispuso que el Ejecutivo cumpla con los artículos 5 y 6, por lo que la administración de La Libertad Avanza elevó una queja ante la Corte Suprema, que ahora fue rechazada.

En este marco, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, celebró el fallo del máximo tribunal. "Fue un camino largo y difícil. Hoy la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. Gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social y herramienta central para el desarrollo del país y el futuro de todos. Luchar por lo correcto siempre vale la pena", expresó en X.

Las claves de la Ley de Financiamiento Universitario todavía no aplicada por el Gobierno

Entre los principales puntos, establecería la actualización automática del presupuesto universitario según la inflación medida por el Indec. El financiamiento contemplaría no solo los gastos de funcionamiento, sino también programas de investigación, extensión universitaria, hospitales universitarios e infraestructura.

Otro de los aspectos centrales es la recomposición salarial: el Poder Ejecutivo quedaría obligado a convocar paritarias para docentes y no docentes, asegurando que los salarios no quedaran por debajo de la inflación acumulada. También ampliaría la inversión en becas estudiantiles, con criterios de inclusión para sectores vulnerables, y destinaría recursos para la expansión de carreras y el fortalecimiento de la investigación académica. Además, crearía un fondo específico de $10.000 millones para implementar las medidas de manera inmediata.

Finalmente, la norma proyectaría una suba gradual del financiamiento estatal destinado al sistema universitario, desde un 1% del PBI en 2026 hasta alcanzar aproximadamente el 1,5 % en 2031, con mecanismos de control y auditoría para garantizar la correcta aplicación de los recursos.