Manuel Adorni, ex jefe de Gabinete, no pudo demostrar el origen del dinero con el que se dio una vida de lujo durante su paso por la función pública, pero logró que Gerardo Pollicita, el fiscal federal que lleva la investigación, le aceptara una historia de criptoactivos y vidas austeras. En la mañana del viernes, con toda la atención de la opinión pública puesta en la llegada del Papa a tierras sudamericanas, el fiscal emitió un dictamen en el que sostuvo que no pudo comprobar un incremento patrimonial injustificado durante el paso del exvocero por la función pública.
Pollicita opinó que el caso debería tramitarse ante el fuero Penal Económico con el objetivo de analizar si el exfuncionario cometió el delito de evasión. Exactamente lo que buscaba la defensa de Adorni cuando planteó que el dinero utilizado para viajes y casas de fin de semana con cascadas provenía de la vida que Adorni llevó antes de desembarcar en el gobierno de Javier Milei. Ahora deberá definir el juez Ariel Lijo si acepta el cambio de fuero.
En su justificación patrimonial, Adorni había asegurado que logró hacerse de una suma cercana a los 600 mil dólares a partir de inversiones que había realizado entre 2014 y 2018 en criptoactivos. Aseguró que aquellas operaciones requirieron erogaciones de dinero en efectivo en bares de la Ciudad de Buenos Aires y finalmente aseguró que, a pesar del éxito de su apuesta, había optado deliberadamente por vivir como si no contara con esos fondos. Hasta que llegó a funcionario.
“Este Ministerio Público Fiscal considera que los resultados arrojados por las medidas de prueba efectuadas durante la instrucción no permiten controvertir la versión brindada por la defensa con relación al dominio sobre estas direcciones de criptoactivos por parte del investigado”, aseguró el fiscal, tras apoyarse en un informe elaborado por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA).
En su dictamen, el propio fiscal reconoció que los registros públicos y el informe de PFA no permitieron revelar “la atribución subjetiva de esas direcciones (las aportadas por la defensa de Adorni) a una persona determinada durante el período bajo examen; es decir, quién ejercía el control de las claves privadas al tiempo de concertarse los movimientos históricos”.
“La prueba reunida no permite descartar que Manuel Adorni haya tenido el dominio de las ocho direcciones durante el período en que operaron”, escribió el fiscal. La frase podría escribirse de otro modo y la impresión que dejaría al lector sería completamente contraria: la prueba reunida no permite acreditar que Adorni haya tenido dominio de las ocho direcciones durante el período que operaron.
No hubo segundos internos. No hubo consultas con oficinas especializadas dentro del Ministerio Público Fiscal. Definió la PFA, que depende del Ministerio de Seguridad de Alejandra Monteoliva.
De convalidarse lo opinado por el fiscal como criterio válido, se abriría una puerta enorme para cualquier funcionario público sospechado de haberse enriquecido de manera ilegal. El acusado solo debería alegar que en el pasado, antes de llegar a la función pública, realizó acertadas inversiones en criptoactivos y presentar direcciones que puedan respaldar la versión. Luego, un informe de la PFA dirá que no se puede saber quién las manipuló en el pasado.
La opinión del fiscal era esperada por la Casa Rosada, donde la noticia llegó casi tan rápido como al imputado. “Una obra maestra”, definieron al enterarse. Hacía tiempo que en los pasillos del poder se hablaba del destino de tres causas en particular: el caso $libra, Adorni y aquella en la que se investiga corrupción en la Agencia Nacional de la Discapacidad (ANDIS).
Los operadores a cargo de las gestiones informales habían advertido que los esfuerzos por ayudar a Adoni fracasarían si el exfuncionario mantenía su nivel de exposición pública. No había caído bien que fuera a la televisión a exponer su coartada (o la coartada que le habían preparado). En la Casa Rosada creen que eso demoró los tiempos. Pero finalmente, todo ocurrió como lo presagiaban.
Estaban expectantes desde que el fiscal Pollicita requirió a la PFA que informara si se podría reconstruir la titularidad histórica de las direcciones aportadas por la defensa de Adorni. Era exactamente la medida de prueba que querían. Sabían la respuesta.
Ante el planteo del fiscal, el denunciante del caso Gregorio Dalbón se apresuró a realizar una nueva presentación ante el juez federal Lijo para que dé intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que es la misma que se presentó para pedir que no se cierre el caso $LIBRA.
En el caso, el titular de la PIA, Sergio Rodríguez, reclamó que se siga investigando si el presidente Javier Milei fue parte de una maniobra orquestada por un grupo de criptopillos para atraer inversores a que apostaran por el token y luego dar un "tirón de alfombra" y huir con su dinero. Lo hizo luego de que trascendiera que el juez Marcelo Martínez de Giorgi dictara el sobreseimiento de Milei y los demás imputados, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.
Se presentó sobre la hora, justo antes de que quedara firme la resolución. La presentación fue recibida en el juzgado federal 8, que estuvo subrogado durante la última semana por el juez Daniel Rafecas. El magistrado pidió la opinión de Taiano, que deberá leer un dictamen donde se cuestiona su propia postura. Una vez que responda la vista, el planteo deberá ser resuelto por el juez Martinez de Giorgi que esta semana se reincorporará a su juzgado.
Aunque Rafecas, de acuerdo a sus movimientos, no tenía previsto intervenir en el caso $LIBRA, la Casa Rosada se movió como para garantizarse que eso no ocurriera. Le hicieron un gesto al magistrado y mandaron su pliego al Senado para que finalmente pueda convertirse en juez de la Cámara Nacional de Casación, si consigue el acuerdo. Los operadores judiciales institucionales del gobierno intentan estar en todos los detalles.
Mientras tanto, hubo un segundo movimiento que generó ruido en las oficinas del poder porque amenaza con aguar el festejo de Milei, con apagar la hoguera a la cual el mandatario mandó a todos los que alguna vez difundieron el caso $LIBRA. La Cámara Federal de Casacion Penal va a escuchar a las víctimas que fueron expulsadas del expediente. Permitirles volver a participar como querellantes seria reanimar el caso.
Los blindajes perfectos no existen.
