Oro del Banco Central: la SEC confirmó que recibió la denuncia por las operaciones

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) confirmó la recepción de la denuncia que efectuó el abogado Gregorio Dalbón por las operaciones que se llevaron a cabo con el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La denuncia se presentó ante la Office of the Whistleblower de la SEC, mediante un Form TCR, que es el canal institucional previsto por la Dodd-Frank Act para poner en conocimiento del regulador posibles infracciones a la ley federal de valores de EEUU.

Según informaron, se construyó sobre los mismos hechos que sostienen la causa penal CFP 4971/2026 (Juzgado Federal N° 4, Dr. Lijo; Fiscalía Federal N° 11, Dr. Pollicita), y se presentó como tip informativo, sin reclamo de recompensa, lo que preserva su legitimidad pública.

El viernes, la Securities and Exchange Commission acusó recibo por escrito. En el documento identificó la denuncia contra el BCRA, la entidad que preside Santiago Bausili, y Deutsche Bank. De esta manera, el caso sobre el oro del organismo está radicado formalmente ante el regulador de Wall Street.

"El mensaje que habilita: el gobierno argentino y Deutsche Bank quedaron bajo el radar de la autoridad regulatoria de los Estados Unidos; toda operación adicional sobre ese oro se hace, desde ahora, con el regulador norteamericano ya notificado", explicaron desde la oficina de Dalbón.

La lupa sobre el Deutsche Bank y las comisiones

Uno de los ejes de la ampliación es la presunta participación del Deutsche Bank en las operaciones. Dalbón se apoyó en publicaciones periodísticas que señalaron que esa entidad habría sido una de las contrapartes de los contratos sobre el oro argentino.

Según esas versiones, las operaciones habrían funcionado como una cobertura frente a una eventual caída del precio del metal, mediante la venta a terceros del derecho a comprarlo a un valor de algo más de u$s3.000 por onza, cuando la cotización superaba los u$s4.000. El propio escrito aclara que esa descripción no surge del informe de auditoría de la AGN y debe ser confirmada mediante los contratos. La presentación también pone el foco en el dinero que pudieron haber percibido las entidades financieras que intervinieron.

“No se conocen los montos de eventuales comisiones, honorarios o márgenes percibidos por las entidades intervinientes, ni quiénes los habrían cobrado”, advirtió Dalbón. En ese sentido, señaló que se mencionó públicamente una cifra superior a los US$ 60 millones, aunque pidió que ese dato sea verificado durante la investigación.

El abogado también sostuvo que, de acuerdo con la información periodística citada en su presentación, el BCRA se habría negado a entregar a la Auditoría General de la Nación copias de los contratos, documentos que permitirían conocer las condiciones pactadas y quiénes autorizaron las operaciones.

Otro punto que plantea el escrito es que Caputo y Bausili tuvieron vínculos laborales con el Deutsche Bank. Esa circunstancia, por sí sola, no acredita una irregularidad, pero la denuncia solicita que se esclarezca cómo se seleccionó a la contraparte y qué controles se aplicaron.

Un pedido para acceder a los correos y servidores del Central

Dalbón justificó el pedido de allanamiento en que la prueba principal de la causa es documental y electrónica y se encuentra en poder del propio organismo investigado.

“La prueba esencial de esta causa es documental y electrónica, y está en poder de un organismo cuyas máximas autoridades son los denunciados”, sostuvo.

Por eso, solicitó que la medida alcance a los correos de la Presidencia, el Directorio y las áreas de mercados, reservas, riesgos y asuntos jurídicos del BCRA, además de los servidores y los registros de acceso y modificación de archivos.

El pedido comprende las comunicaciones intercambiadas durante 2024 y 2025 con el Deutsche Bank y otras entidades vinculadas con las operaciones. El objetivo es preservar los registros y reconstruir quiénes participaron de las decisiones, cómo se negociaron los contratos y qué costos tuvieron las transacciones.

El denunciante advirtió que la información electrónica puede ser modificada, ocultada o suprimida por quienes tienen acceso a ella. Si el juez no considera procedente el allanamiento, solicitó como alternativa una orden judicial para que el BCRA entregue la documentación y garantice su conservación.