El Gobierno y su choque de discursos por el rumbo económico y la defensa de Manuel Adorni: ¿desajuste o interna feroz?

A pesar de que volvió a atribuir la crisis "a las bombas que dejaron los kukas", las declaraciones del mandatario implican un matiz respecto del discurso oficial sostenido hasta ahora, que tendía a minimizar el impacto recesivo del ajuste o a ubicarlo exclusivamente en una etapa inicial ya superada. Esta vez, Milei reconoció que la desaceleración persiste en grandes sectores y que el enorme costo social del programa económico sigue presente.

Ese enfoque contrasta con la postura del ministro de Economía, Luis Caputo, quien viene sosteniendo un diagnóstico inexplicablemente más optimista. En sus últimas intervenciones públicas, aseguró que la Argentina atraviesa niveles "récord" de actividad, consumo y producto, e incluso afirmó que "la gente está mucho mejor que en 2023".

La diferencia no es menor: mientras el Presidente admite desigualdad en la recuperación y efectos visibles del ajuste, el titular del Palacio de Hacienda plantea un escenario de mejora generalizada y consolidada. La convivencia de ambos mensajes deja en evidencia una falta de alineamiento en la comunicación económica del Gobierno. Negar la realidad no es fácil.

Sobre todo porque los datos relacionados con la pérdida del poder adquisitivo, la destrucción del aparato productivo, el crecimiento de la morosidad en las familias, el cierre de empresas y la caída estrepitosa del consumo son aplastantes.

La economía argentina atraviesa una fase que incluso dentro del propio análisis económico local se describe como atípica y preocupante. Bajo la gestión de Milei, se consolidó una combinación poco frecuente: apreciación cambiaria, aceleración inflacionaria y caída del salario real. Históricamente, cuando el tipo de cambio se atrasaba, los ingresos tendían a recomponerse. Sin embargo, el actual esquema rompe esa lógica.

Entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, el tipo de cambio real se apreció cerca de 17%, mientras que los salarios formales acumularon una caída del 4,5% hasta enero, según datos del INDEC, con proyecciones que estiman una baja de hasta el 7,5%. Este desacople entre dólar, precios e ingresos configura una secuencia "excepcional" por su persistencia, en un contexto donde la inflación no cede al ritmo esperado y el poder adquisitivo continúa deteriorándose.

El impacto de este esquema se refleja con fuerza en la actividad productiva. La industria profundizó su caída durante el inicio de 2026: el Índice de Producción Industrial Manufacturero registró en febrero una baja del 8,7% interanual, acumulando un retroceso del 6% en el primer bimestre. Sectores clave muestran desplomes significativos, como el de productos textiles (-33,2%), maquinaria y equipo (-29,4%) y la industria automotriz (-24,6%), lo que evidencia un freno extendido en el entramado fabril.

El deterioro también alcanza al consumo masivo. En la Ciudad de Buenos Aires, las ventas en supermercados mostraron caídas generalizadas durante 2025, con un descenso del 10,2% interanual en diciembre y retrocesos de hasta el 40% en algunos rubros desde la asunción del actual gobierno. La contracción del consumo se da en paralelo a la pérdida de ingresos reales, consolidando un escenario de demanda deprimida que retroalimenta la recesión.

A este cuadro se suma una creciente tensión en áreas sensibles del gasto social, atravesadas por restricciones presupuestarias. El funcionamiento del PAMI, que asiste a más de 5 millones de afiliados, está al borde del colapso por una deuda superior a los 500 mil millones de pesos con prestadores. La falta de pagos deriva en demoras en turnos, copagos y recortes en prestaciones, agravando la situación de los jubilados.

En este frente también afloran diferencias dentro del Gobierno. El ministro de Salud, Mario Lugones, mantuvo reuniones con Luis Caputo luego de que su entorno echara a rodar rumores sobre una posible renuncia. No hubo resultados concretos y desde Casa Rosada solo se ofrecieron definiciones vagas sobre una eventual solución. En paralelo, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, tomó distancia del conflicto al aclarar que su cartera no interviene en PAMI ni en discapacidad. Una aclaración innecesaria, que expuso fricciones internas en la gestión.

El panorama en el área de discapacidad replica las mismas tensiones: deudas acumuladas, aranceles desactualizados y prestadores en crisis por el aumento de costos sin compensación. La combinación de ajuste fiscal, demora en pagos y falta de coordinación política empieza a impactar directamente en la calidad y continuidad de servicios esenciales.

En conjunto, los indicadores delinean una crisis que no solo se expresa en variables económicas, sino también en la capacidad del Estado para sostener prestaciones básicas. La crisis de los colectivos de esta semana es otra muestra. La crisis del transporte en el AMBA vuelve a golpear de lleno a quienes dependen del colectivo para trabajar todos los días.

El Gobierno convocó a las empresas del sector a una reunión el próximo martes 14 para discutir una reestructuración del sistema, en medio de un escenario cada vez más tenso. En las últimas semanas, las compañías recortaron hasta un 30% las frecuencias por el aumento del gasoil y el atraso en los subsidios, dejando a miles de usuarios atrapados en largas esperas, viajes más inciertos y mayores dificultades para llegar a tiempo a sus empleos.

Las tensiones no se limitan al frente económico, aunque, claramente, el contexto sirve para potenciarlas. La interna política es una constante en un gobierno en el que la adhesión de sus dirigentes es aluvional. Y en torno a la situación de Adorni, la cosa no es diferente.

A pesar de que cada vez está más complicado e, incluso, del creciente malestar en sectores del oficialismo, mantiene el respaldo explícito del Presidente y de su hermana. Ambos planean acompañarlo públicamente en su próxima presentación en la Cámara de Diputados, en lo que se interpreta como el último gesto político para sostenerlo en el cargo. El costo que paga la dupla puertas adentro es altísimo y crece cada día.

De hecho, el apoyo es cada vez menos unánime dentro del espacio libertario. La senadora Patricia Bullrich evitó respaldarlo de manera contundente y marcó distancia al señalar que no puede opinar sobre su situación personal. Incluso deslizó que el funcionario podría no tener la experiencia política necesaria para enfrentar este tipo de crisis, al remarcar que "no tiene el cuero tan duro" como otros dirigentes.

Bullrich también dejó abierta la posibilidad de que Adorni evalúe su continuidad en función del impacto personal y familiar de la situación, aunque aclaró que esa decisión corresponde exclusivamente al propio funcionario y al Presidente.

La interna está presente en cada situación del Gobierno, no solo en el discurso. Una muestra al azar es la situación de la licitación por la hidrovía del Río Paraná. La compulsa quedó reducida a las belgas Jan de Nul y DEME, que superaron la primera evaluación técnica y competirán en la etapa final. Detrás de la licitación, sin embargo, asoma una disputa política en el corazón del oficialismo. De un lado, el sector alineado con Santiago Caputo, apuntado por su cercanía con Jan De Nul y los cuestionamientos que ya habían rodeado la licitación fallida del año pasado. Del otro, el armado que responde a Karina Milei, que busca equilibrar el proceso y ganó protagonismo tras el encuentro entre directivos de DEME y Martín Menem.

Así, la definición de una concesión clave para el comercio exterior -que además tiene relevancia geopolítica- quedó atravesada por una pulseada interna: más que una licitación trascendental, la Hidrovía se convirtió en otro capítulo de la disputa por el control político dentro del propio Gobierno. Una disputa que cada vez es más evidente.