El Gobierno prorrogó por un año la emergencia en el sector energético nacional hasta el 9 de julio de 2026. Extiende, también hasta la misma fecha, la intervención del ENRE y Enargas y el período de transición hacia subsidios energéticos focalizados. La administración que conduce Javier Milei busca asegurarse que "los órganos competentes sigan adoptando las medidas necesarias para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos".
El Gobierno prorrogó por un año la emergencia energética y mantendrá la intervención en el ENRE y Enargas
La medida se hace extensiva hasta el 9 de julio de 2026. También se amplía hasta esa misma fecha el período de transición hacia subsidios energéticos focalizados. La administración libertaria busca asegurarse que "los órganos competentes sigan adoptando las medidas necesarias para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos".
La medida se hizo efectiva a través del decreto 370/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y lleva la firma de Javier Milei y todo su Gabinete. La norma afecta directamente a la generación, el transporte y la distribución de la electricidad y el gas natural. La normativa previa vencía el 9 de julio de 2025.
En el texto se argumenta que "continúa siendo imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia generada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece, especialmente como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas".
En esa misma línea, el Gobierno publicó el decreto 371/2025, que delega las capacidades para el carácter de autoridad concedente respecto de las modificaciones contractuales o de las licencias que sea necesario realizar en materia tarifaria a la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía.
Además, remarcaron que "la política de precios mayoristas de la energía y de congelamiento de las tarifas [...] se complementó con sucesivos y superpuestos regímenes de subsidios generalizados que comprometieron gravemente la situación financiera del Estado y las condiciones de prestación y calidad de los servicios públicos". En ese sentido, subrayaron que "a través de la eliminación del mecanismo de inclusión automática en el RASE, se identificaron más de un millón y medio de hogares que estaban categorizados en el Nivel 2 (bajos Ingresos), recibiendo subsidios que no habían solicitado".
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