El Ministerio de Capital Humano, por medio de la Secretaría de Trabajo, informó este jueves que se amplió a 446 la cantidad de convenios colectivos que deberán ser renegociados entre gremios y empresarios para adecuarlos a la Ley de Modernización Laboral, tras la finalización del régimen de ultraactividad.
El Gobierno comienza a aplicar la reforma laboral: inicia la renegociación de más de 440 convenios colectivos de trabajo
El Ministerio de Capital Humano, a traves de la secretaría de Trabajo, emitió un comunicado donde detalló que se iniciarán una serie de reuniones con las organizaciones sindicales y los sectores empleadores involucrados, tras la finalización del régimen de ultraactividad.
Entre los principales cambios que se pondrán en discusión se encuentran las condiciones de trabajo y las cuotas solidarias o aportes compulsivos pactados entre las partes intervinientes.
Según detalló la cartera a cargo de Sandra Pettovello, se dio inicio al procedimiento de convocatoria previsto en el artículo 137 de la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802, “con el objetivo de que las organizaciones sindicales y los sectores empleadores involucrados comiencen las negociaciones colectivas correspondientes”.
“La convocatoria se realiza teniendo en consideración lo dispuesto por la nueva ley de modernización laboral para fortalecer la negociación colectiva y promover acuerdos entre trabajadores y empleadores que contribuyan al desarrollo de relaciones laborales modernas, previsibles y adaptadas a la realidad productiva de cada sector”, completa el comunicado.
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El objetivo no es imponer cambios desde el Gobierno, sino generar un marco para que empleadores y sindicatos renegocien condiciones que, en algunos casos, fueron diseñadas para realidades económicas y productivas muy distintas a las actuales. La apuesta oficial es que las partes alcancen acuerdos sectoriales que luego puedan ser homologados por la autoridad laboral, encabezada por el ex abogado de Techint Julio Cordero.
Desde la CGT y distintos sectores gremiales ya cuestionaron aspectos centrales de la reforma laboral y advirtieron sobre posibles afectaciones a derechos adquiridos. Incluso antes de su implementación plena, la normativa motivó reclamos ante organismos internacionales y presentaciones judiciales.
"No es facultad de ningún gobierno limitar la autonomía sindical ni sustituir el debate democrático", sentenciaron desde la central obrera cuando se reglamentó la reforma laboral y definieron: "Defender la organización de los trabajadores es defender la democracia".
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