Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1810521665115230502&partner=&hide_thread=false
El pasado 9 de julio en Tucumán el Gobierno obtuvo el respaldo de un número importante de mandatarios provinciales, incluidos los peronistas: Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Saénz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca) y el anfitrión, Osvaldo Jaldo (Tucumán), pusieron su firma.
Las ausencias las protagonizaron Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Claudio Vidal (Santa Cruz). De la lista, Vidal es el único que no se opone abiertamente al Gobierno sino que mantiene una relación ambigua, razón por la cual no acudió a Tucumán. Desde LLA argumentan que su ausencia fue debido a la emergencia climática que atraviesa la provincia y que no descartan contar con su firma en los próximos días.
Según se desprende del decreto 617/2024, el Consejo de Mayo estará integrado por representantes del Poder Ejecutivo, las provincias, de las Cámaras de Diputados y Senadores, empresariales y sindicales, cuya función principal será la de “asesorar al Ejecutivo nacional en la articulación e implementación de políticas y medidas para cumplir con los lineamientos del Pacto de Mayo”. El buen funcionamiento de este órgano es clave para el Gobierno, ya que de allí saldrá la elaboración y el consenso para la implementación de proyectos de ley que el Gobierno necesita para esta nueva etapa.
El decreto dispone que el Consejo de Mayo comenzará a funcionar “dentro del plazo de 30 días” a partir de este miércoles y, en base a su funcionamiento, detalla que “celebrará una sesión ordinaria al menos una vez cada 30 días. A su vez, podrá celebrar sesiones extraordinarias por decisión del presidente del Consejo o a solicitud de más del 50 % de los miembros del Consejo o a pedido del Presidente de la Nación”.
Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1813367132052467985&partner=&hide_thread=false
Este es un desafío para el Gobierno, y en particular para Javier Milei, quien en estos 7 meses de gestión cultivó un perfil opuesto al de cualquier político: insultó y ninguneó a la oposición que necesita para gobernar, desautorizó a sus ministros, sufrió la salida de al menos 55 funcionarios, en su mayoría pertenecientes al ministerio de Capital Humano y de Economía, y se caracterizó por evitar reuniones con los protagonistas del mapa político argentino.
Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SalinasPabloJ/status/1812992270440014197&partner=&hide_thread=false
Este tipo de accionar tiene efectos casi diarios que impactan directamente sobre los sectores aliados. Producto de las diferencias con Javier Milei, esta semana se produjo la salida de dos nuevos funcionarios: desplazaron a Julio Garro de la subsecretaría de Deportes de la Nación luego de solicitar que la AFA y Lionel Messi se disculparan por un canto racista en el festejo de la selección, y también al empresario textil Teddy Karagozian, quien criticó el rumbo del plan económico del Gobierno.
Los cortocircuitos también se percibieron en el destrato que recibió Mauricio Macri en el Pacto de Mayo, un particular accionar tras solicitar su presencia en el acto. Desde su entorno apuntan a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien desconfía de Macri y es la principal detractora de la fusión entre el PRO y LLA.
Lo cierto es que tras la aprobación de la Ley Bases, el líder del PRO decidió inaugurar un nuevo vínculo con el Gobierno, al que le marca la cancha y crítica de forma pública, tanto en primera persona como a través de su entorno. Lo sucedido el 9 de julio solo profundiza el quiebre y genera incógnitas sobre el accionar del partido amarillo y, en particular, del expresidente.
El rol de Guillermo Francos
El hombre clave que deberá garantizar el éxito del Consejo es el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien será el representante del Poder Ejecutivo y además presidirá el órgano, que funcionará bajó la órbita de la Jefatura de Gabinete. Entre sus funciones, deberá “convocar y presidir las reuniones plenarias del Consejo, por lo menos una vez al mes, o en lapsos menores si ello resultare aconsejable, o a pedido del Presidente de la Nación”. También estará a cargo del Plan de Trabajo “para el tratamiento de los diversos temas y deberá supervisar las tareas técnicas y administrativas que se presten en apoyo del Consejo”.
"El Gobierno está trabajando en relación a los proyectos que tiene pensado proponer en el Consejo para llevar adelante los 10 puntos del Pacto de Mayo", adelantaron desde Casa Rosada a C5N, aunque sin dar detalles sobre la dinámica de trabajo que se implementará en los próximos días. El poco protagonismo del Pacto de Mayo quedó reflejado este jueves cuando, tras reunirse con Francos, los jefes de los bloques dialoguistas confirmaron que ni se conversó sobre el Consejo.
Adelantado a su nueva función, Francos viene manteniendo reuniones con los distintos sectores que lo conformarán, algo que viene plasmando desde sus días al frente del Ministerio de Interior. Este martes se reunió con empresarios de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), quienes abiertamente apoyaron el Pacto de Mayo.
"Me transmitieron sus coincidencias con los puntos que integran el Pacto de Mayo, la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, la alta presión tributaria y la necesidad de que Argentina participe más activamente en el mercado global", publicó Francos en su cuenta de X.
Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GAFrancosOk/status/1813382488510579160&partner=&hide_thread=false
En simultáneo, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, se reunió esta semana con integrantes de la CGT para acercar posiciones después de los dos paros generales realizados contra la gestión actual. En aquella reunión, los gremialistas le exigieron al Gobierno retirar la apelación realizada por la Procuraduría General de la Nación ante la Corte Suprema por la sentencia favorable a la postura de la CGT sobre la inconstitucionalidad del capítulo laboral del DNU 70/23 obtenida en Cámara de Apelaciones del Trabajo; se cuestionó los artículos de la Ley Bases que promueven la reforma laboral y se rechazó la reincorporación del impuesto de Ganancias sobre la Cuarta Categoría presente en el Paquete Fiscal.
También pidieron el mantenimiento del régimen paritario de discusión sobre salarios con la libre negociación de las partes, sin intromisión de pautas de porcentajes por parte del Gobierno; y cuestionaron la gestión por “no contemplar la Producción, el Desarrollo y el Trabajo, privilegiando solo la cuestión monetaria e inflacionaria”.
El diagnóstico compartido por los sindicatos fue preocupante: "Un estado de profunda recesión, perdidas de empleos en todas las actividades y caída del poder adquisitivo de trabajadores activos (regulares e informales) y pasivos con una falta de perspectivas de mejoras de recuperación económica en el corto plazo”. De allí la expectativa sobre quién será el elegido para sentarse en la mesa del Pacto.
Consultados por este medio, ninguno de los sectores que formarán parte del Consejo tenían novedades sobre el funcionamiento y los representantes que lo integrarán. Desde el Gobierno subrayan que es una decisión de la cual no forman parte: “No podemos meternos en la dinámica de elección de los representantes. Es una elección que tiene que ser total y enteramente libre de ellos”.
Los costos y beneficios
Quienes participen del Consejo tienen algo claro que plasmaron algunos gobernadores después de la firma del Pacto de Mayo: ya le brindaron al Gobierno todas las herramientas para ejecutar, ahora empieza otra película en la cual Javier Milei no podrá poner excusas, sobre todo para que no arranque la economía.
Algo de eso compartieron los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba) y Gustavo Sáenz (Salta) luego del acto en Tucumán, cuando en una nota que brindaron en conjunto en TN aclararon que si bien pusieron su firma, eso no significa que “estén de acuerdo con todo”. Muchos de los gobernadores que estuvieron presentes en Tucumán no lo hicieron en apoyo a Milei, sino como una forma de negociar frente al ahogo financiero y a la paralización de la obra pública a nivel nacional.
Para un Gobierno con 38 diputados y 7 senadores es crucial contar con apoyos de la oposición “dialoguista”, que aportan un número importante de legisladores para impulsar las reformas deseadas. La nueva etapa que encara Milei trae debajo del brazo un paquete de leyes ambiciosas que ya plantearon diferencias entre lo más cercanos, con reparos particularmente sobre la reforma electoral.
Cada vez son más los cuestionamientos, incluso de aliados, al rumbo y al futuro de la gestión libertaria, en la que se mezclan la improvisación, el desconocimiento, la debilidad para negociar, la crisis económica de fondo, y la especial preocupación por los números de desocupación.