Diputados del PRO también rechazaron el DNU de Javier Milei que reforma el acceso a la información pública

La reforma que realizó Javier Milei a la Ley de Acceso a la Información Pública generó un amplio rechazo de todo el arco político, inclusive, ahora, de los diputados del PRO, el principal aliado de La Libertad Avanza en la Cámara baja. Los legisladores del partido que preside Mauricio Macri advirtieron que las modificaciones representan un "retroceso" y pidieron "mantenerla intacta".

Los cambios se implementaron a través del Decreto 780/2024, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del Presidente y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que reglamenta el artículo 1° de la Ley N° 27.275. Uno de los cambios más importantes es la redefinición de lo que implica "información pública". "No se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la Ley N° 27.275 y su modificatoria", expresa el texto.

"Alterar esta norma por la vía reglamentaria sin el debido consenso representa un retroceso en términos de transparencia y control público, elementos esenciales para el buen funcionamiento de nuestra democracia", remarcaron los diputados a través de un comunicado publicado en X.

"Esta ley es fundamental para la ciudadanía, ya que garantiza un derecho esencial en cualquier democracia: el acceso libre y sin restricciones a la información pública. Este derecho no solo promueve la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también le brinda a los ciudadanos un mayor control y supervisión sobre las acciones del Estado", agregaron.

La Ley de Acceso a la Información Pública fue presentada por Macri en abril de 2016, a los meses de haber asumido como presidente, y fue promulgada en septiembre del mismo año. Sin embargo, fue reglamentada recién en 2017, sin decenas de artículos e incisos que habían sido modificados también por DNU y que generó amplias críticas por quienes habían apoyado el proyecto en un primer lugar.

Pablo Avelluto, exministro de Cultura durante aquella época, ironizó desde su cuenta de X: "El gobierno limita el acceso a la información pública. Pero no son fascistas, autoritarios ni de extrema derecha, dicen los amigos liberales más raros del planeta Tierra mientras acompañan el rumbo".

FOPEA, contra las restricciones al acceso a la información pública: "Los ciudadanos son los dueños y no el Estado"

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) se manifestó en contra de los cambios que el Gobierno nacional introdujo este lunes en la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública y remarcó que "son los ciudadanos los dueños de la información pública y no el Estado". "Este derecho no puede ser restringido mediante un decreto del Poder Ejecutivo", plantearon desde la entidad.

"El Decreto 780/2024, reglamentario de la Ley N° 27.275, contiene restricciones al derecho de acceso a la información pública que lesionan su efectiva vigencia. Los cambios se oficializaron a través del decreto 780/2024, publicado en el Boletín Oficial. Allí se incluyen límites a la interpretación de los asuntos de interés público", expresaron en un comunicado.

Entre esos límites, la entidad enumeró: "'El alcance del concepto de información pública, que comprende cuestiones de interés público ligadas a la actividad estatal y su control, y excluye por su propia naturaleza a la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica'. También se especifica el alcance del término 'documento', al señalar que 'las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público'".

"Además, se introduce un artículo referido a la 'buena fe', y se fija que 'la violación al principio de buena fe por parte de todos los actores intervinientes configura el supuesto previsto en el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación', que implica la imposición de indemnizaciones", criticaron.