El fiscal Carlos Stornelli pidió investigar la denuncia del Ministerio de Seguridad por supuesto espionaje ilegal a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, pero reivindicó el derecho constitucional que protege las fuentes informativas y no va a pedir allanamientos a los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico ni del medio que publicó el documento.
Denuncia de espionaje ilegal a Karina Milei: el fiscal Stornelli abre la investigación, pero sin allanar a periodistas
Reivindicó el derecho constitucional que protege las fuentes informativas y no va a pedir que se registren los domicilios de Jorge Rial y Mauro Federico ni del medio que publicó los audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia.
La decisión tuvo lugar luego de que el juez federal Julián Ercolini corriera vista al fiscal para que determinara si correspondía abrir o no la investigación.
La denuncia fue interpuesta ayer por Patricia Bullrich por violación a la ley de inteligencia nacional, en la que además pidió entre otras medidas, el allanamiento de periodistas y medios de comunicación por la difusión de grabaciones efectuadas a la hermana del presidente.
Stornelli ahora debe decidir si impulsa la presentación de Bullrich que sostuvo que los hechos denunciados "forman parte de un ataque a una de las principales figuras del Gobierno nacional", en referencia a la secretaria general de Presidencia, y que fueron: “mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520″.
Bullrich solicitó al juez la adopción de una medida cautelar urgente, “tendiente a evitar que se profundice el daño y que se propaguen nuevas filtraciones ilícitas”.
Entre las medidas, la ministra pidió que se ordene el allanamiento y secuestro forense en las oficinas y estudios de Carnaval Stream, que se incauten servidores, discos rígidos, consolas de edición, backups, planillas de programación y toda documentación relativa a la recepción y difusión del material sobre Karina y que se dispongan allanamientos en los domicilios de Jorge Rial, Mauro Federico, entre otros, por la difusión de los audios.
La medida solicitada fue criticada por arbitraria por abogados constitucionalistas y juristas que consideran que se trata de un pedido ilegal contrario a la libertad de prensa y de expresión y que constituye un acto de censura previa. Paralelamente, otro juez del fuero Civil y Comercial, Alejandro Maraniello dictó una medida cautelar prohibiendo la difusión de nuevos audios.
El ministerio consiguió esa medida acudiendo de manera llamativa a un juez que no tendría competencia para dictar este tipo de resoluciones. El juez Maraniello tiene numerosas denuncias en su contra tramitando ante el Consejo de la Magistratura por acoso sexual y laboral y maltrato a empleados de su juzgado.
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