El Gobierno presentará para su tratamiento en las Sesiones Extraordinarias del Congreso un proyecto de modificación integral del Código Penal que propone un endurecimiento generalizado del esquema de sanciones y amplía la duración de las penas para la mayoría de los delitos.
Entre los cambios más relevantes, que comenzarán a debatirse desde el 10 de diciembre, figura la suba del máximo previsto para el homicidio simple, que pasaría de los actuales 25 años a 30, incremento que se replicará en figuras como las lesiones leves, las lesiones ocasionadas por conducción imprudente y el abuso de armas.
La iniciativa también redefine el alcance del cumplimiento efectivo de las condenas: según el proyecto, alrededor del 82% de los delitos deberán purgarse en prisión, lo que reduce drásticamente las posibilidades de acceder a regímenes excarcelables. Otra medida de peso es la supresión de la liberación anticipada para delitos considerados de alto impacto social —entre ellos, homicidio, robo seguido de muerte, robo con armas— y para quienes reincidan. En este marco, las penas perpetuas dejarán de tener un horizonte temporal preciso y adquirirán un carácter más estricto en su ejecución.
El texto incorpora además la imprescriptibilidad para los delitos catalogados como más gravosos, con especial foco en los homicidios agravados y en los delitos de naturaleza sexual. En paralelo, introduce regulaciones dirigidas al ámbito estatal: los funcionarios que reciban condena penal perderán automáticamente cualquier jubilación de privilegio que les corresponda.
Como complemento, el proyecto refuerza la figura de la legítima defensa, con el propósito de otorgar mayor cobertura legal a quienes actúen para proteger su vida o la de terceros. En conjunto, el paquete de reformas apunta a consolidar un mensaje de mayor severidad frente al delito y a la corrupción en la función pública.