El próximo miércoles 13 de noviembre a las 9 hs, el día en el que se espera el fallo de la Cámara de Casación contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, se realizará una clase pública titulada “CFK, el poder real y la mafia judicial: un caso de estudio de lawfare” frente a los tribunales de Comodoro Py.
La iniciativa, cuya convocatoria es abierta y se espera la participación de cientos de jóvenes estudiantes, es convocada por el abogado y docente, Juan Grabois, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, la periodista y política brasileña, Manuela Dávila y la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Avellaneda, Anabella Luccardi, y busca "visibilizar la persecución contra la ex presidenta y denunciar, a través de la docencia, los procesos judiciales espurios que consolidarán la proscripción de Cristina ya anunciada en medios de comunicación".
lawfare cristina
La convocatoria para el próximo miércoles frente a Comodoro Py.
En su cuenta de X, Juan Grabois publicó la convocatoria y escribió: “Este 13 de noviembre, la mafia judicial va a ofrecer otro ejemplo de Lawfare, en este caso y otra vez sopa, contra Cristina. Nosotros nos encontramos a las 9hs frente a Comodoro Py para dar una clase pública sobre el cómo y el porqué de éste Plan Cóndor softpower que coordina en toda Latinoamérica el poder real mediante sus aparatos desinformacionales, mercenarios políticos, verdugos judiciales y grupos parapoliciales”.
Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena expresó: "En Argentina hay sectores que no aceptan las reglas el juego del régimen democrático y quieren afuera del tablero político a una de las líderes más importantes de la historia argentina. Y esos sectores tienen voceros masivos de comunicación que anticipan fallos condenatorios en sus portadas como hizo La Nación y como, tiempo atrás, publicó Clarín con 'la bala que no salió y el falló que sí saldrá'".
"Esta articulación manifiesta entre grupos de medios, poder ejecutivo nacional y un sector concentrado de la justicia no es otra cosa que una impunidad sin límites que tiene rehén a la democracia y a los argentinos. Los mismos que fogonean el odio son los que también gatillan sentencias como estas", agregó.
El próximo miércoles la sala IV de la Cámara Federal de Casación leerá su decisión en relación a si confirma o modifica el veredicto emitido en un juicio oral sobre la adjudicación de la obra pública en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015, y en el marco del cual se condenó a la ex presidenta.
Al respecto, la fiscalía había pedido elevar la pena a 12 años de cárcel al sumar el delito de asociación ilícita, ya que el Tribunal Oral Federal 2 la condenó por "administración fraudulenta" a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.