Causa Vialidad: para la defensa de Lázaro Báez, los fiscales "tergiversan lo que dijeron los peritos"

El empresario, dueño de "Austral Construcciones" enfrenta un pedido de 12 años de prisión, la misma pena que la Fiscalía reclama para la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En el inicio del segundo día de alegatos en la causa Vialidad, el abogado del empresario Lázaro Baéz volvió a apuntar contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola y aseguró que “la teoría de la acusación choca contra la ley y a la Fiscalía no le gusta la ley”.

“Todas las inferencias que realizan los doctores (Sergio) Mola y (Diego) Luciani resultan violatorias del principio de legalidad”, sostuvo Juan Vilanueva y consideró que la fiscalía “tergiversa lo que dijeron los propios peritos de manera maliciosa”.



Ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, el abogado de Báez reiteró que la pericia “en ningún aspecto puede ser valorada” como prueba y que “las conclusiones de la fiscalía son una disconformidad con la normativa vigente”.

“La verdad es que nosotros entendemos que acá no hay espacio para la interpretación creativa que nos proponen los fiscales. La ley es la ley”, argumentó además al sostener que todo se hizo en base a la normativa vigente.

El letrado Vilanueva sostuvo que no hay prueba de que las empresas de Báez hayan tenido algún “privilegio” por sobre las demás contratistas de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La fiscalía “no presentó una sola prueba” de que lo que ocurría con las 51 obras adjudicadas a Báez en ese período “fuera una situación excepcional, preferencial o por fuera de la norma”.

La forma en que se hacían las cosas “era la práctica normal y general” en la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Cruz y era la misma “en todos los casos”.

Los alegatos del abogado de Lázaro Báez

En la primera jornada de alegato, Villanueva había anticipado que pediría la absolución del empresario.

Báez tiene un pedido de 12 años de prisión, la misma pena que los acusadores reclaman para la presidenta del Senado, quien al ejercer su derecho a defensa durante su alegato sostuvo que los fiscales cometieron “prevaricato”.

Báez está acusado por supuesta “asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública”.

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