Causa FMI: llamativa coordinación y una apelación en duros términos

El fiscal federal Franco Picardi apeló, en muy duros términos, el archivo de la causa en la que se investiga la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras la cual se produjo una fenomenal fuga de capitales.

La apelación se produjo en un contexto de llamativas coincidencias: el lunes dos de febrero, la jueza María Eugenia Capuchetti dispuso el archivo de la causa y, el jueves, el presidente Javier Milei y su ministro de Justicia (que se quiso ir y le pidieron que se quede), Mariano Cúneo Libarona, firmaron un decreto para ordenar a la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) que deje de actuar como querellante. Esas decisiones tiene como beneficiarios a los acusados, entre los que se encuentra el ministro de Economía Luis ‘Toto’ Caputo y su exjefe político Mauricio Macri. Se trata de una causa que también molesta al FMI, evaluados constante de la política económica del gobierno de Milei.

Cuando ordenó el archivo de la causa, la jueza Capuchetti afirmó que “las conductas observadas en el manejo de los fondos por parte de las autoridades argentinas no pueden ser calificadas como constitutivas del delito de malversación de caudales públicos, debido a la ausencia de una norma jurídica, reglamento u orden de autoridad competente que impusiera al gobierno cuestionado un destino obligatorio y preciso respecto de los recursos otorgados”. A quienes investigaron y denunciaron este caso les resultó más que llamativo que esa sea la conclusión a la que arribó la jueza en un expediente que tiene 7 (siete) años de investigación. La conclusión, además, se tomó a contramano de lo que proponían la fiscalía, la querella, los denunciantes y los organismo de control, en sus dictámenes de mayoría.

Luis Caputo Mauricio Macri

“La magistrada realiza una evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas, así como del marco regulatorio que rige la materia sobre la que versa el caso y la aplicabilidad de normas imperativas. Todo ello, para arribar a un temperamento conclusivo de la investigación”, afirmó el fiscal Picardi en la apelación a la que accedió este medio.

El fiscal detalló en su escrito que los funcionarios públicos a cargo del proceso de toma de deuda ocasionaron un perjuicio económico para el patrimonio público cuantificado en 29.618 millones de dólares (USD 29.618.000.000) por la Sindicatura General de la Nación.

“También es posible afirmar que provocaron otros daños de compleja estimación patrimonial, entre otras cosas, como consecuencia de los efectos del endeudamiento tomado y sus consecuencias”, continuó. “Estas afirmaciones surgen de diversas evidencias incorporadas al caso; me refiero, por ejemplo, a: las cartas de intención (CI); los informes técnicos del FMI hacia la Argentina; los informes remitidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA); la documentación remitida por el Ministerio de Economía de la Nación; los informes de la Auditoría General de la Nación (AGN); los informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN); las declaraciones testimoniales de personal de la AGN, entre otras”, detalló Picardi.

María Eugenia Capuchetti Jueza

Y, acto seguido, expresó: “Todo esto fue deliberadamente ignorado por la señora jueza al momento de archivar las actuaciones. Su fallo, como dije, no cumple con las exigencias mínimas de fundamentación: menciona hechos de manera aislada como si no fueran parte de un mismo esquema delictivo, tal como ha sostenido esta sede fiscal; utiliza opiniones para determinar qué parte de estas acciones no constituyen delitos, ya que otras no son analizadas; no utiliza prueba directa para rebatir las acusaciones; y, además trae como referencia segmentos de evidencia -con bajo nivel de credibilidad- para justificar de manera sesgada el archivo”.

Por supuesto, el magistrado describe que la maniobra que se investiga abarca los movimientos llevados a cabo en un período de menos de cuatro meses por la administración Macri cuando, en coordinación con las autoridades del BCRA, contrajeron deuda externa por la suma de 57.100 millones de dólares (USD 57.100.000.000). Es tal la magnitud de la histórica deuda contraída que su monto superó las reservas disponibles en el país, en aquel momento, así como la cuota de crédito que el FMI podía darle a la Argentina”.

El caudal probatorio es tan amplio que incluye, por ejemplo, la detección de “expedientes administrativos simulados” que se crearon “con posterioridad a la firma del acuerdo, con dictámenes jurídicos que citaban normas inexistentes al momento de los hechos”, según surge del dictamen de la fiscalía.

Las acciones llamativamente sincronizadas de la jueza y el Poder Ejecutivo encendieron las alarmas en quienes siguen el expediente con atención. El fiscal apeló. Ahora la pelota llegará a la Cámara Federal porteña.