Caso ANDIS: piden la indagatoria del "amo de claves" de la Suizo

El fiscal Carlos Rívolo solicitó la declaración indagatoria de Hernán Daniel Díaz, el jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina S.A. que se negó a facilitar las claves de los correos electrónicos corporativos de esa firma. Aquella decisión del "amo de las claves" lo colocó en posición de desobediente en el marco de una causa explosiva que altera el humor de la Casa Rosada.

El requerimiento de indagatoria fue formulado ante el juez federal Julián Ercolini, quien deberá decidir si convoca a Díaz para que cumpla con su principal acto de defensa. Todo indica que el magistrado obrará de acuerdo con lo solicitado por la fiscalía. Son RÍvolo y Ercolini los magistrados que deben investigar la conducta del encausado.

El episodio por el cual Díaz pasó de ser un testigo con expertise específica a ser denunciado ocurrió el 29 de agosto pasado durante el allanamiento realizado en la sede de la droguería Suizo Argentina, en Avenida Monroe al 800 de la Ciudad de Buenos Aires. Aquella diligencia había sido ordenada por el juez Sebastián Casanello a instancias del fiscal Franco Picardi, en el marco del caso Andis.

El caso ANDIS es aquel en el que se investiga un supuesto esquema de recaudación ilegal y direccionamiento de contrataciones por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad, mientras el organismo estuvo comandado por Diego Spagnuolo, un abogado que, a la par de su rol como funcionario público, representaba al presidente Javier Milei en las demandas que el mandatario iniciaba contra periodistas.

Esa investigación se inició a partir de una denuncia que recogía las grabaciones difundidas por el canal de streaming Carnaval, en las que se escuchaba a Spagnuolo hablar de la presunta recaudación ilegal: allí sugería que Suizo Argentina tendría un rol relevante y que los fondos llegarían hasta la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Cuando se produjo el allanamiento de Suizo Argentina, Díaz manifestó conocer el procedimiento técnico necesario para realizar el blanqueo de claves de los correos electrónicos corporativos y allanar el camino de la Justicia, pero se negó a llevarlo a cabo. Invocó, para ello, carecer de autorización de los directivos y del abogado de la empresa presente en el lugar.

La posición asumida por Díaz generó que el operativo policial y judicial se extendiera por más de diez horas. Aquel día, por orden del juez Casanello, el empleado informático fue llevado a una sede policial, para sacarlo de la tensión que implicaba tener todas las miradas puestas sobre él durante un allanamiento y para hacerle saber que, como testigo, debía colaborar con la Justicia. Aun así, mantuvo su negativa. Esa actitud le valió una denuncia penal.

"No tengo autorización de los directivos ni del abogado", repitió una y otra vez Díaz, pese a que la orden judicial estaba debidamente notificada y su cumplimiento era obligatorio. Ahora, el fiscal Rivolo le atribuye el delito de desobediencia, figura que protege el normal funcionamiento de la administración pública y el respeto debido a las órdenes legítimas de autoridad competente.

En su dictamen, Rívolo fue contundente: "La invocación de instrucciones o falta de autorización por parte de superiores jerárquicos o del representante legal de la empresa no constituye, en principio, causa de justificación válida frente a un mandato judicial, cuyo cumplimiento reviste carácter obligatorio y de orden público". El mensaje del fiscal es claro: cuando un juez ordena algo en el marco de la ley, no importa lo que diga el dueño de la empresa ni el abogado. La orden judicial está primero. De lo contrario, no habría allanamientos posibles.

El caso ANDIS comenzó a tramitarse en los tribunales federales de Comodoro Py el 20 de agosto de 2025 y desde entonces no paró de sumar capítulos: allanamientos, secuestro de teléfonos, declaraciones testimoniales y un entramado de chats que fueron revelando el armado interno de lo que Casanello calificó como una "organización criminal" que operó dentro del organismo estatal.

La actitud asumida por Díaz no fue el primer obstáculo que enfrentó el expediente. Todavía resuena en los tribunales lo que ocurrió cuando Casanello ordenó allanar los domicilios de Emanuel y Jonathan Kovalivker. Alguien los alertó. Jonathan alcanzó a irse antes de que la policía llegara a su casa. A Emanuel lo frenaron cuando estaba por salir del barrio Isla, en Nordelta, justo antes del allanamiento. Llevaba consigo 266.000 dólares repartidos en sobres, además de 7 millones de pesos en efectivo. Por ese episodio fue imputado, indagado y procesado el jefe de Seguridad de Nordelta, Claudio Ariel De Vicentis. El procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal de San Martín en febrero.

¿Qué esconde la droguería Suizo Argentina? La pregunta está clavada en el expediente desde aquel primer allanamiento. La empresa, una de las principales contratistas del Estado en el sector de la salud, con contratos millonarios con la Andis, quedó en el centro de la escena cuando los investigadores empezaron a desentrañar las conexiones entre funcionarios y proveedores.

Entre los correos electrónicos a los que la Justicia todavía no pudo acceder están los de Emanuel Kovalivker, miembro del directorio de Suizo Argentina, y los de Sebastián Nuner Uner, un directivo de la empresa cuyo nombre aparece en la investigación. Surge de la prueba colectada que sería una persona de marcada influencia sobre quienes tenían capacidad para direccionar las contrataciones de Andis e incluso de tomar decisiones sobre el funcionamiento interno del organismo. Tanto el juez Casanello como el fiscal Picardi creen que Nuner Uner sería el "helvético" al que referían varios de los imputados en sus conversaciones por whatsap. Él también fue allanado. Todo indica que a esta película aún le faltan capítulos.