A menos de 24 horas de haber jurado como vocal titular de la Cámara Federal porteña, el juez Pablo Bertuzzi estampó su firma en dos fallos que el oficialismo —impulsor de su designación— y sus aliados esperaban con ansias. Se trata de la confirmación del apartamiento de los querellantes en el caso $Libra y la ratificación del archivo de la investigación por la millonaria deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri con el FMI. Con estas decisiones favoreció, entre otros, al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo.
"Cambió la foto": Javier Milei y aliados celebran fallos de la nueva Cámara Federal porteña
Apenas asumido, el juez Bertuzzi estampó su firma en dos fallos que el oficialismo esperaba con ansias: el apartamiento de los querellantes en el caso $Libra y el archivo de la investigación por el préstamo del FMI al gobierno de Macri. Ambos se inscriben en la decisión del Gobierno de avanzar en la cobertura de las vacantes del Poder Judicial.
Ambos pronunciamientos se inscriben en lo que el oficialismo define como un "cambio de foto". Un nuevo escenario directamente vinculado con la decisión política del actual gobierno de avanzar en la cobertura de las vacantes del Poder Judicial. Esta tarea, que el ministro de Justicia heredó de su antecesor Mariano Cúneo Libarona, arrastraba también demoras del gobierno de Alberto Fernández.
Quienes participan activamente en el proceso de designación de jueces aseguran que, durante los últimos meses, Bertuzzi se mantuvo muy activo para lograr ser confirmado en el cargo que hasta esta semana ocupaba de manera interina, tras un traslado que en su momento le otorgó Macri desde un Tribunal Oral. Lo consiguió.
Bertuzzi escaló al sexto lugar en el ranking de los concursantes tras la entrevista personal para luego ser nominado por el Gobierno nacional. En la evaluación de antecedentes y su examen apenas había alcanzado el puesto 21 sobre 55 para llegar al tribunal de apelaciones que revisa los casos de corrupción que involucran a funcionarios de distintos gobiernos nacionales. Ese llamativo salto generó todo tipo de suspicacias. Los primeros fallos que firmó desde que juró como juez titular de la sala primera del tribunal de apelaciones no hicieron más que multiplicar los comentarios.
A las 9 horas y 13 minutos del viernes, Bertuzzi rubricó el fallo que confirma el apartamiento de los querellantes en la causa $Libra, por la que están imputados los hermanos Milei. Veintidós minutos antes lo había hecho su colega, el juez federal, Mariano Llorens. Quien no tuvo tiempo de estudiar el caso fue Pablo Yadarola, el último de los jueces que se integró al tribunal esta semana. No fue necesaria su firma.
La decisión fue más allá del apartamiento de las querellas —medida que en primera instancia había tomado el juez Marcelo Martínez de Giorgi—. Los jueces del tribunal de apelaciones sostuvieron que se encuentra "diluida" la hipótesis principal del caso, que sostenía que se trató de una estafa organizada desde las altas esferas gubernamentales con la intervención de un grupo de desarrolladores de criptoactivos.
Los magistrados afirmaron que esa hipótesis no encuentra respaldo en la prueba, pese a que las querellas lograron acreditar en el expediente que el contrato de $Libra se hizo conocido el 14 de febrero de 2025 a partir de un posteo del presidente Milei y que en el momento de esa publicación él estaba en contacto con su criptoamigo Mauricio Novelli, quien a su vez se encontraba en Dallas controlando las operaciones en el mismo lugar que Hayden Davis, el creador del token. Detalles.
Los criptoamigos de Milei habían ingresado en varias oportunidades a la Casa Rosada e incluso fueron el nexo entre el presidente y Davis. Los inversores que apostaron por $Libra, invitados por un posteo de Milei con la excusa de fondear pequeñas y medianas empresas argentinas, vieron esfumarse su dinero en pocos minutos cuando un grupo con información privilegiada tiró de la alfombra, se quedó con grandes ganancias y facilitó el derrumbe de la cotización.
Bertuzzi le puso la firma a otro fallo. En este caso se trató de la causa vinculada a irregularidades en la toma de deuda -57.000 millones de dólares- del gobierno de Macri con Fondo Monetario Internacional (FMI) en la cual figura como imputado el ministro de economía Caputo. El expediente se encontraba bajo investigación cuando el magistrado ya ocupaba un lugar en el tribunal de apelaciones como juez trasladado. Este viernes, quedó archivada.
Los jueces afirmaron que no se probó dolo en abuso de autoridad, que la política monetaria no es revisable judicialmente y que no hubo fraude ni malversación dado que no se detectó que los fondos se desviaron para beneficio personal. Le dieron la razón a la jueza María Eugenia Capuchetti.
Para llegar a esta instancia, el fiscal Franco Picardi había remarcado que el caudal probatorio es tan amplio que incluye, por ejemplo, la detección de "expedientes administrativos simulados" creados "con posterioridad a la firma del acuerdo, con dictámenes jurídicos que citaban normas inexistentes al momento de los hechos". Detalles que también quedarán archivados.
Quienes siguen de cerca los movimientos del Poder Judicial y escrutan su vínculo con el poder político aseguraban el viernes que en los próximos días se conocerán más fallos que celebrará el Gobierno y sus aliados. Algunos de ellos muy sensibles. Sugieren, por caso, prestar atención a lo que ocurra en la causa conocida como Revolución Federal, donde se investiga a un grupo de jóvenes violentos que agitaban consignas de odio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la misma época en que ella fue víctima de un intento de atentado.
En ese expediente hay una línea de investigación que incomoda mucho al ministro de Economía. La misma busca responder por qué una empresa de su familia le compró muebles a una improvisada mueblería de Jonathan Morel, uno de los líderes de Revolución Federal. Una compra a un artesano del conurbano bonaerense para un emprendimiento inmobiliario en Neuquén. En el kirchnerismo sospechan que la respuesta a esa pregunta podría encontrar una posible vía de financiamiento de los grupos vinculados a los discursos violentos que agitaban el odio en las calles en la antesala del atentado contra la exvicepresidenta.
Un peritaje oficial determinó que la empresa de Caputo Hermanos pagó entre un 10 y 20% más que el precio de mercado de los muebles adquiridos. Fuentes judiciales al tanto de la investigación aseguran la existencia de un segundo peritaje que podría haber arrojado una conclusión contraria.
"Cambió la foto", celebraba esta semana una fuente del Gobierno. La frase elegida no es azarosa: en la foto de la jura de Bertuzzi y Yadarola quedaron inmortalizados el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; su segundo, Santiago Viola; el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y en el público hubo jueces, fiscales, empresarios. De todo. "Cerraron con Comodoro Py", aseguraba un observador habituado al mundillo judicial. Quienes siguen los movimientos de cerca sostienen que de los detalles de las causas que llegan al Gobierno se ocupa el viceministro de Justicia, Viola, mientras que el timón lo tiene Mahiques.
Esta semana, el ministro de Justicia dio una entrevista en la que aseguró que el gobierno de Milei prevé completar la Corte Suprema de Justicia en este o en su próximo mandato. Además de dar por sentado que Milei conseguirá ser reelegido, el mensaje que debió leerse fue: "Tenemos los votos". Los 66 votos que logró el oficialismo para el pliego de Yadarola fueron una prueba de ello. Tan fuerte se siente el Gobierno que en sus filas no descartan volver a postular para la Corte al juez federal Ariel Lijo, además de a una mujer. Por ahora, son solo rumores.
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