El presidente Javier Milei instruyó este lunes a la Cancillería argentina y a los equipos jurídicos del Gobierno la apertura del "procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar" contra el Reino Unido. La decisión oficial responde al "accionar ilegítimo" británico en las Islas Malvinas y busca "impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado 'Sea Lion'".
La medida de la administración nacional aspira a frenar la explotación petrolera y objetar "la adopción de cualquier otra medida susceptible de agravar la situación". En ese aspecto, el comunicado de la Casa Rosada resaltó la urgencia de evitar "el otorgamiento de nuevos permisos de explotación de los recursos naturales existentes en la Plataforma Continental Argentina", un área bajo disputa de soberanía de acuerdo con los tratados internacionales.
Para fundamentar el reclamo, el Ejecutivo recordó que la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 2065 (XX), "reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte". Asimismo, ese documento multilateral "instó a ambos Gobiernos a encontrar una solución pacífica a la controversia mediante negociaciones" diplomáticas sin decisiones unilaterales.
De igual forma, el Gobierno citó la Resolución 31/49 de la ONU, la cual "instó expresamente a ambos países a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación". La Casa Rosada subrayó que la extracción unilateral de riquezas en la zona es "contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina".
El Gobierno fijó un plazo de dos semanas al Reino Unido e inició acciones penales por vuelos ilegales
La administración argentina "ha intimado formalmente al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para que, en el plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de las actividades". El comunicado advirtió que, ante un incumplimiento británico, el país "solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar los derechos soberanos sobre su Plataforma Continental".
Por otra parte, la Cancillería manifestó un "rechazo categórico a la respuesta del Reino Unido" frente a la declaración del presidente Milei ante la ONU. La postura oficial remarcó que "la pretendida denominación de las Islas Malvinas como 'Territorio Británico de Ultramar' y el referéndum celebrado en 2013 y no reconocido internacionalmente no alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía".
El Gobierno denunció además irregularidades graves tras detectar "operaciones realizadas por la empresa THALES UK LIMITED en la ruta aérea Islas Malvinas - Punta Arenas, mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización". Ante esta infracción, el Jefe de Estado ordenó "dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes".
Finalmente, el Gobierno sostuvo que "la República Argentina no se quedará de brazos cruzados" y mantendrá la protección territorial con "todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e internacional". El comunicado oficial concluyó con la consigna histórica del Estado: "Las Malvinas son argentinas".
