Piden informes sobre los "30.000 terroristas" que Javier Milei aseguró haber expulsado del país

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro presentó un pedido de informes y de acceso a la información pública ante el Gobierno para auditar las recientes expulsiones de extranjeros. El requerimiento dirigido al Ministerio de Seguridad y a la Dirección Nacional de Migraciones busca esclarecer los criterios legales de estas medidas, a raíz de la presunta deportación de miles de personas anunciada por el presidente Javier Milei.

El origen del reclamo parlamentario remite a una entrevista televisiva concedida por el jefe de Estado al periodista Luis Majul en la señal LN+. Durante ese diálogo, el mandatario abordó las dificultades de su gestión y aludió a las deportaciones efectuadas entre los años 2025 y 2026.

El Presidente deslizó una cifra inédita sobre ciudadanos de otros países echados del territorio nacional. "Los 10.000 terroristas que echamos el año pasado. ¿Sabés cuántos llevamos echados este año? El año pasado, 10.000; este año ya llevamos 20.000", aseguró el mandatario. La afirmación oficial estipula un total de 30.000 personas deportadas en un lapso de apenas dos años.

Javier Milei acusó a extranjeros de infiltración política

Ante las consultas periodísticas sobre la identidad de estos individuos, el líder libertario sostuvo que se trata de migrantes con un objetivo político claro. "Son gente que se infiltra de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino", afirmó.

El relato oficial vincula a estos grupos con movimientos financieros contrarios a los intereses de la República Argentina. En otro tramo de la entrevista, el jefe de Estado relacionó a estas personas con una eventual corrida de "u$s70.000 millones".

Cámara de Diputados

Para contrastar estos dichos, Ferraro exigió que el Poder Ejecutivo detalle el número exacto de extranjeros expulsados, rechazados o inadmitidos durante 2025 y 2026. El texto legislativo reclama que los funcionarios entreguen esta información discriminada por mes y por categoría jurídica.

El diputado solicitó además conocer cuántas personas poseían imputaciones, procesamientos o condenas por estos delitos y cuántas de ellas figuraban en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).