Allanan al director del Servicio Penitenciario Federal por la compra de comida en mal estado para el penal de Ezeiza

El juez federal Federico Villena ordenó el allanamiento de las oficinas del director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Martínez, por presuntos vínculos con empresas proveedoras de comida en mal estado. La medida judicial investiga una supuesta cartelización en el suministro de alimentos destinados a los internos del penal de Ezeiza.

El operativo, realizado el viernes, se enmarca en una causa que detectó raciones deficientes y licitaciones irregulares en cárceles federales. Martínez, quien ocupa el cargo desde 2024, quedó bajo la lupa tras denuncias que señalan una red de complicidades para beneficiar a firmas que entregaban alimentos no aptos para el consumo.

Durante el procedimiento, el director del SPF entregó un teléfono móvil que no era el de uso habitual y alegó haber “extraviado” su dispositivo diario esa misma mañana. La maniobra generó sospechas inmediatas en los funcionarios judiciales, quienes ordenaron un rastreo de antenas para verificar la última actividad del equipo.

El peritaje determinó que el celular tuvo conexión apenas una hora antes del arribo de la policía en el barrio de Barracas. “O fue mucha casualidad o alguien le avisó que iban a allanar”, ironizó una fuente de la investigación, según publicó Ámbito, sugiriendo una posible filtración que permitió al funcionario deshacerse del aparato.

Maniobras de cartelización y nexos con autoridades

La justicia detectó que la firma Bio Limp, actual proveedora y sin antecedentes en el rubro alimentario, sería una pantalla de Foodrush, empresa sancionada anteriormente por niveles de Escherichia coli en su comida por encima de los valores permitidos. El propio juez Villena comprobó la precariedad del servicio durante una visita al penal de Ezeiza, describiendo el alimento ante sus allegados como “un asco, vomitiva”.

carcel ezeiza

La investigación reveló que ambas empresas compartían camiones, empleados y facturaciones cruzadas por $150.000.000, operatoria que difícilmente pasara inadvertida. En el Juzgado Federal de Lomas de Zamora aseguran que las autoridades del SPF “no podían desconocer esta licitación” y los nexos entre las firmas concursantes.

A la causa se sumó el dato de que Martínez se movilizaba en un vehículo a nombre de Enrique “Quique” Antequera, un prófugo vinculado a la feria La Salada. Pese a los pedidos de nulidad de la fiscalía, Villena ratificó el avance del expediente y confirmó el respaldo de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para continuar con la investigación.