El Gobierno termina el año celebrando que logró los votos para tener el primer Presupuesto aprobado por el Congreso de su gestión. Para hacerlo, recurrió a la misma táctica que fracasó en Diputados, pero que esta vez funcionó. El resultado diferente se explica porque ajustó las clavijas en los acuerdos con sus socios provinciales para que no se le escapara ningún detalle. En la Cámara Baja, la imprevisión fue letal: le costó al Gobierno perder todo el capítulo en el que derogaba las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad.
Esta vez, el involucramiento de Patricia Bullrich, más la acción coordinada de Diego Santilli y Lule Menem, dieron resultados y lograron partir al peronismo y al radicalismo. Los integrantes del partido de Alem votaron masivamente en contra de la educación, mientras que los gobernadores justicialistas presionaron a sus senadores para que privilegien los acuerdos con la Rosada.
El esquema fue claro. El oficialismo anexó a los artículos más controvertidos, como el 12 o el 30, otros que sirvieron como excusa a los gobernadores para acompañar. La teoría de la extorsión parece haber quedado muy atrás ante mandatarios que ya han comprobado que el Gobierno cumple a medias con los acuerdos y cuyo apoyo solo les ha garantizado migajas a lo largo de estos dos años.
Es cierto que el capítulo 2 incluyó además préstamos del BID a las provincias, en un contexto de asfixia financiera, y hay quienes consideran a esto una forma de extorsión. Pero la tesis de que los mandatarios fueron forzados a presionar a sus senadores para que voten contra leyes ya sancionadas por el propio Congreso es indulgente con dirigentes que viven reclamando un proyecto de país federal, pero luego se avienen a acompañar a una gestión que desintegra la idea misma de Nación, atacando su desarrollo educativo y científico.
Recapitulando, mientras el artículo 12 atenta contra el financiamiento universitario y otorga a la Secretaría de Educación la potestad de manejar con discrecionalidad el envío de fondos -incluso habilitando el congelamiento de partidas si considera inadecuado su uso-, el artículo 30 elimina las metas de financiamiento educativo, la inversión progresiva en ciencia y tecnología, el fondo para las escuelas técnicas e, incluso, las partidas destinadas al sistema de defensa nacional.
La pregunta que subyace es hasta dónde está dispuesta a acompañar esta dirigencia a un proyecto que no solo desfinancia a sus provincias, sino que también deja sin trabajo a una parte creciente de las personas que viven en ellas. La respuesta, que apela al más absoluto pragmatismo, no deja de tener una apoyatura democrática.
El acompañamiento de los gobernadores a la gestión Milei ha sido pendular. Antes de las elecciones -y del salvataje de la administración norteamericana del presidente Donald Trump- se mostraron abiertamente opositores y parecieron recuperar algunas de las banderas que los llevaron a ser electos en sus provincias. Después del triunfo oficialista, las banderas se arriaron y el frío cálculo es lo único que prima en la relación con el Poder central. Decíamos, la estrategia no deja de tener una lógica absolutamente democrática. Si la voluntad popular le ha otorgado más poder a la motosierra y a la reprimarización del esquema productivo del país, ¿por qué ellos irían en contra?
Lo que subyace entonces es otra pregunta, pero ahora acerca de los límites de ese apoyo, manifestado el 26 de octubre. El Presidente ha asegurado en una entrevista con el periodista Luis Majul que "estamos viviendo un récord de consumo. La gente está comprando como nunca en los últimos 8 años". Mientras esta afirmación se hacía, la Cámara Argentina del Juguete aseguraba en un comunicado que las ventas del sector cayeron casi un 7% en relación con la Navidad de 2024. El sector sirve como ejemplo porque refleja los mismos males que otros rubros más visibles de la economía. La apertura indiscriminada de importaciones, la baja de competitividad por el dólar pisado y la crisis de consumo se unen para este resultado.
Como en los '90, la herramienta del Gobierno para frenar la inflación es también el ancla de la actividad. Hoy, como en la larga década neoliberal dominada por el menemismo y continuada por la Alianza, las variables relacionadas con el deterioro de la economía real comienzan a hacerse cada vez más visibles. Según un estudio de la consultora Indaga-RSO, publicado por Tuny Kollmann en el diario Página 12, el 93% de los argentinos dice tener complicaciones con deudas y el 81% afirma que está muy preocupado y temeroso de perder el trabajo.
Esto no implica necesariamente que el apoyo manifestado en la última elección se evapore de un día para otro. Ni siquiera el tan anticipado cataclismo financiero parece cercano, con el apoyo sostenido que Milei y Caputo tienen del FMI y el Tesoro norteamericano. Pero la economía real no hace otra cosa que derrumbarse momento a momento.
Quizás la experiencia del menemismo sirva para pensar los límites de este proceso. En 1995, un Carlos Menem que había generado una hegemonía sin igual durante sus seis años de gobierno, había fragmentado a la oposición y conseguido la reforma constitucional que le permitía competir, logró una reelección aplastante en un contexto de destrucción del aparato productivo y con un desempleo del 18%.
El lema "estamos mal, pero vamos bien" sonaba aún convincente para los que perdían su trabajo y con su indemnización -aún ese rara avis existía- ponían un Laverrap, una cancha de pádel, un parripollo o manejaban un taxi. Dos años después, todos esos emprendimientos habían fracasado, por falta de experiencia o porque la crisis también los golpeaba de lleno. En 1997, Menem perdía las elecciones de medio término. La historia es conocida: la Alianza no fue una verdadera alternativa en lo económico-social y el colapso sobrevino recién en 2001.
Hoy, una parte importante de la sociedad sufre los rigores de la motosierra, ha perdido la esperanza de una mejoría real en sus condiciones de vida y quizás estaría dispuesta a votar en contra, pero el proyecto Milei es lo único que se le ofrece. Recordemos que en 2003, con una imagen negativa altísima y sindicado como uno de los responsables de la situación social extrema que se vivía, Menem fue primero en las elecciones presidenciales. Solo el inesperado liderazgo de Néstor Kirchner condenó al olvido momentáneo a un proyecto que años atrás había sido tan hegemónico como el de Javier Milei. Hoy, como en ese tiempo, el dirigente que pueda encarnar un cambio de tendencia todavía no se ve con claridad.
