Los indultos de Carlos Menem: el fallido intento de cerrar la grieta más sangrienta de la historia argentina

En lo que parece un guiño irónico de la historia, durante un día de los Santos Inocentes, Carlos Saúl Menem anunció una serie de decretos de indulto que marcaron uno de los episodios más controvertidos de la transición democrática argentina.

No se trató ni de una broma ni de una noticia falsa: aquel 28 de diciembre de 1990 el riojano presentó efectivamente en sociedad el perdón para los ex comandantes de la última dictadura militar, el líder montonero Mario Eduardo Firmenich y el emblemático ideólogo económico del Proceso, el exministro José Martínez de Hoz.

Apenas 7 años después del final de la más sangrienta dictadura militar que la Argentina experimentó en toda su historia, sus principales exponentes –Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola y Armando Lambruschini- quedaron libres de culpa y cargo. La noticia se difundió un viernes de calor infernal y de a poco la Plaza de Mayo se fue llenando espontáneamente de una multitud que se mantuvo allí hasta la madrugada del 29, protestando contra la decisión de Menem.

Presentados oficialmente como un intento de “cerrar heridas” y consolidar la pacificación nacional, los indultos generaron un impacto político, social y simbólico que aún hoy sigue siendo objeto de debate por un gran número de razones, tanto judiciales como políticas.

Los perdones que prepararon el terreno

El año anterior, en octubre de 1989, Menem había preparado el terreno con una primera tanda de indultos que benefició a importantes figuras del Proceso, a militares involucrados en los levantamientos carapintadas y a algunos ex integrantes de organizaciones armadas. La hipótesis menemista de “la sociedad demandaba la reconciliación” chocó contra la realidad de las manifestaciones de septiembre de ese año contra el indulto, que se recuerdan entre las más masivas que transcurrieron alguna vez por el centro de Buenos Aires.

Si bien los indultos de 1990 fueron los de mayor carga simbólica, aquellos de 1989 provocaron quizás una indignación social mayor. Para empezar, porque gracias a uno de esos decretos quedaron libres personajes como Luciano Benjamín Menéndez y Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo el primero referente de lo más despiadado de la represión y, los otros tres, responsables de la guerra de Malvinas.

Memem Indultos 1989

Otro de los decretos de aquel octubre, el 1003/89, exoneró a 59 dirigentes y militantes de Montoneros y ERP, entre los que se contaban figuras emblemáticas de la lucha armada de los años 70, como Roberto Perdía, Fernando Vaca Narvaja y Rodolfo Galimberti. El rol de la antigua conducción de Montoneros fue uno de los aspectos que mayor indignación causó en todo el proceso de los indultos de 1989 y, tanto para propios como para extraños, los líderes guerrilleros optaron por ser funcionales a la impunidad de los militares, a cambio de salir airosos de causas judiciales que, en muchos casos, ni siquiera habían concluido.

La dirección de Montoneros se había alineado con Menem durante la interna con Cafiero y luego en la campaña presidencial y, tras el anuncio que los beneficiaba, Vaca Narvaja y Perdía fueron a la Casa de Rosada para agradecer a Menem y pedir por la libertad de Firmenich. Su postura contrastó con la de muchos antiguos militantes del peronismo revolucionario, como la socióloga Graciela Daleo, que rechazaron el indulto para no ser utilizados como "moneda de cambio" de la liberación de genocidas.

Un guiño a la "teoría los dos demonios"

Los indultos de 1990 incluyeron a las figuras centrales del aparato represivo de la dictadura iniciada en 1976. Entre los beneficiados estuvieron Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, quienes habían sido condenados en 1985 en el histórico Juicio a las Juntas, así como otros altos mandos militares y civiles con procesos judiciales abiertos o condenas firmes.

La medida también alcanzó a Mario Firmenich, ex jefe de la organización Montoneros, condenado a 30 años por en la causa del secuestro de Juan y Jorge Born, un intento explícito del gobierno menemista de mostrar una equiparación entre responsabilidades por la tragedia humana del período 1976-1983, que dejó como saldo 30.000 desapariciones y miles de detenidos y exiliados

Organismos de derechos humanos, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, denunciaron los indultos como un retroceso grave en la lucha contra la impunidad y organizaron movilizaciones masivas en rechazo a la decisión presidencial. Para estos sectores, la equiparación entre militares responsables del terrorismo de Estado y militantes de organizaciones armadas desconocía la responsabilidad específica del Estado en la comisión de crímenes sistemáticos.

Marcha contra el Indulto

Era el reconocimiento oficial y explícito a la “teoría de los dos demonios”, que justificaba el terrorismo de Estado al tratarse de un enfrentamiento entre dos bandos armados y no de la eliminación extrajudicial y masiva de militantes políticos, dirigentes gremiales y estudiantiles y líderes opositores.

En el plano político, la medida también generó tensiones dentro del propio peronismo y entre los distintos sectores. Algunos dirigentes oficialistas defendieron la decisión como un gesto de realismo político, mientras que otros la consideraron innecesaria y perjudicial para la credibilidad democrática. En la oposición, el rechazo fue mayoritario, aunque no exento de matices, incluso dentro del radicalismo, el partido que había impulsado el histórico Juicio a las Juntas, pero que había quedado atrapado por las presiones militares que derivaron en las polémicas leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que beneficiaron a cientos de implicados en la llamada "guerra sucia".

Un cierre en falso para un episodio oscuro de la historia

Los efectos concretos de los indultos sobre la vida de los principales beneficiados transitaron por caminos que denotaron que la medida de Menem fue una puerta que se cerró en falso.

Mario Firmenich se radicó en España tras recuperar la libertad y mantuvo el perfil bajo durante muchos años, dedicándose mayormente a la enseñanza universitaria. Todos sus intentos de regresar a la esfera pública fueron sistemáticamente repudiados, el último de ellos fue un video en el que manifestaba su apoyo a las marchas de jubilados de los miércoles frente al Congreso.

El año pasado, la Cámara Federal porteña ordenó que sea llamado a indagatoria como principal responsable del atentado a un comedor de la Policía Federal, en julio de 1976, que provocó la muerte de 24 personas y dejó 60 heridos. Su figura fue utilizada recurrentemente en el debate público como ejemplo de la simetría que el gobierno menemista buscó establecer entre actores enfrentados en los años setenta, una comparación que sigue siendo duramente cuestionada por amplios sectores de la sociedad.

Jorge Rafael Videla recuperó la libertad tras el decreto de 1990 y se retiró de la vida pública. En 1998 fue arrestado y puesto a disposición del juez federal de San Isidro, Roberto Marquevich, quien ordenó su captura por considerarlo autor mediato de los delitos de sustitución de estado civil y sustracción de cinco menores.

Videla dictadura

La anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final por parte del Congreso en 2003, y su posterior declaración de inconstitucionalidad por la Corte Suprema en 2005, terminaron de despejar los obstáculos legales para juzgar los crímenes de la dictadura. En ese nuevo escenario, Videla fue condenado nuevamente en juicios celebrados ya en pleno siglo XXI.

En 2010 recibió prisión perpetua por los fusilamientos en la Unidad Penal 1 de Córdoba, y en 2012 fue sentenciado a 50 años de prisión por el plan sistemático de apropiación de menores. Estas condenas, dictadas pese al antecedente del indulto de 1990, consolidaron el criterio de que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles e inamnistiables, y marcaron un punto decisivo en el proceso argentino de juzgamiento y sanción de los responsables del terrorismo de Estado.

Apenas unos meses más tarde, el 17 de mayo de 2013, Videla fue hallado muerto en su celda en la prisión de Marcos Paz. Tenía 87 años, 30 de los cuales había pasado enfrentando las consecuencias de la decisión de romper el orden democrático el 24 de marzo de 1976.