Las manifestaciones contra el gobierno boliviano iniciaron en enero a raíz del Decreto Supremo N°5503 que quitó las subvenciones al petróleo y el gas y se profundizaron en marzo con reclamos por combustible importado adulterado. La Central Obrera Boliviana, mineros y campesinos encabezan los bloqueos de rutas que derivaron en desabastecimiento.
Las protestas que se sostienen en Bolivia desde hace dos semanas tienen su origen en el Decreto Supremo N°5.503 que firmó el presidente Rodrigo Pereira Paz el 17 de diciembre de 2025 para implementar un ajuste generalizado y, entre otras cosas, quitar la subvención del petróleo y el gas progresivamente en un periodo de seis meses. La Central Obrera Boliviana (COB) se movilizó durante las 72 horas siguientes a su sanción.
En marzo se sumaron los daños que provocó el combustible importado adulterado, que el Gobierno adjudicó a una red de sabotaje y robo de combustibles que opera en Chile y Bolivia y que involucraría a exfuncionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Como consecuencia, Pereira Paz tuvo que resarcir económicamente a miles de conductores y transportistas que denunciaron daños en sus vehículos.
El ajuste sustentado en el Decreto Supremo generó un salto en la inflación, que escaló de 0,59% en diciembre de 2025 a 1,31% en enero de este año, según el Banco Central de Bolivia. Mientras que en febrero (-0,62%) y marzo (-0,34%), el Índice de Precios al Consumidor cayó a números negativos.
De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, el decreto tenía el objetivo de "enfrentar una crisis económica concreta y urgente, marcada por la falta de combustibles, la caída de dólares y un gasto público que ya no podía sostenerse". En un comunicado de enero explicaron que las subvenciones eliminadas no cumplían su "función original" y habían generado "desabastecimiento, filas interminables, contrabando y un mercado negro donde los precios eran mucho más altos que los oficiales".
Sin embargo, el incremento de los precios derivó en reclamos salariales en todos los sectores que terminaron uniéndose este mes en grandes protestas en La Paz y en todo el país. Las movilizaciones las encabezan la Central Obrera Boliviana (COB), mineros, profesionales del transporte, docentes y campesinos. Los bloqueos de ruta en La Paz y El Alto derivan, de todas formas, en desabastecimiento de combustible, alimento y medicamentos.
Además de los incrementos salariales, otro pedido que inunda las calles es la renuncia del presidente boliviano. El sábado la Policía intentó desbloquear las rutas, pero dieron marcha atrás para evitar una escalada de conflictividad.
La agencia Erbol informó que la Fiscalía General del Estado emitió una orden de arresto contra el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, uno de los líderes de la protesta. También desplegó 3.500 efectivos para reprimir las movilizaciones.
“Ya se ha emitido a requerimiento de informe policial y de Inteligencia y a requerimiento de la denuncia que ha realizado el Ministerio de Gobierno, una resolución de aprehensión fundamentada en contra del señor Argollo y otros ”, informó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca. Además, afirmó que ya detuvieron a 90 personas en la represión de este lunes.
El ministro de Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, aseguró que le parece "absurda" la idea de que Pereira Paz renuncie y remarcó que "no se va a negociar ningún espacio de poder bajo presión, no se va a negociar el delito, el crimen".
"No va a haber una renuncia del presidente Rodrigo Paz, me ha parecido hasta absurdo que algunos medios de comunicación me llamen y me digan 'es verdad que ya va a haber la renuncia' que 'se está pensando en la salida del país'. No va a renunciar, ni el presidente Rodrigo Paz ni su gabinete; eso no va a suceder, que quede bien claro a estos actores que se están movilizando", aseguró Fernando Aramayo en diálogo con el medio El Deber.
El presidente de Bolivia agradeció este viernes en X la asistencia humanitaria enviada por su par argentino, Javier Milei, y lo definió como "un alivio vital para nuestras comunidades en momentos de gran necesidad".
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció que algunos manifestantes pasaron al "uso de armas" y acusó al exfuncionario del Ministerio de Defensa Bernabé Gutiérrez Paucara de liderar a los Ponchos Rojos, una facción de campesinos aimaras del altiplano de La Paz considerada radical y que suele exhibir armas antiguas en sus protestas y mantiene una organización de estilo militar.
"Hoy llega a La Paz la marcha de los cocaleros y de Evo Morales, ese es el hecho noticioso más importante del día, pero queremos denunciar que, lamentablemente, se han identificado que hay grupos que han pasado al uso de las armas y eso sí nos tiene preocupados", advirtió el portavoz este lunes a raíz de un video difundido en redes sociales donde se proclama una guerra civil, según el medio El Deber.
Morales, desde X, le advirtió al oficialismo: "Mientras no se atiendan las demandas estructurales como combustible, comida e inflación, no se frenará la sublevación".
El 10 de mayo, en el medio de las protestas contra el ajuste de Pereira Paz, debía comenzar el juicio por trata y tráfico de personas contra el expresidente de Bolivia Evo Morales y contra la pareja Idelsa Pozo Saavedra y Emeterio Vargas Mamani. Sin embargo, el ex jefe de Estado y sus abogados no se presentaron, fue declarado en rebeldía y ordenaron su captura. El juicio está suspendido hasta que el exmandatario se entregue o sea detenido.
La hipótesis judicial es que la pareja habría entregado a su hija de 15 años al jefe de Estado, a cambio de favores económicos y políticos, y la menor terminó pariendo un hijo a sus 16 años, basados en la denuncia del viceministro de Justicia de Jeanine Áñez, Guido Melgar, quien inició la causa a raíz de una carta anónima que fue corroborada por el Servicio de Registro Civil y el Servicio General de Identificación Personal.
"Habría tenido una relación sentimental con Juan Evo Morales Ayma y habría quedado embarazada cuando tenía 15 años y cinco meses, teniendo una hija el año 2016, en el mes de febrero, cuando tenía 16 años", había revelado el ministro hace seis años y agregado: "La menor existe, la madre existe y la menor tiene como padre registrado a Juan Evo Morales Ayma".
Según publicó Clarín, la Fiscalía de Bolivia detuvo la investigación mientras Morales estaba refugiado en Argentina. La Fiscalía de Tarija la reactivó e imputó al exmandatario por trata agravada de personas cuando el sindicalista cocalero se distanció del entonces presidente y ex ministro de Economía, Luis Arce.
El Ministerio Público presentó la acusación formal contra Morales en octubre de 2025 y la Fiscalía de Tarija aseguró tener 170 pruebas, entre ellas 39 testigos, en su contra.
El representante sindical se encuentra refugiado en el Trópico de Cochabamba, rodeado de sus militantes para evitar su detención como lo hicieron entre octubre y noviembre de 2024 con bloqueos de rutas. En paralelo a las manifestaciones contra el ajuste de Pereira Paz, los seguidores del expresidente tomaron el aeropuerto de Chimoré, cerca de su refugio en Lauca Ñ.
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