El Gobierno de Bolivia desestimó el pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira, que exigen cientos de manifestantes en medio de un clima de violencia y enfrentamientos en todo el país. El ministro de Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, aseguró que le parece "absurda" la idea y remarcó que "no se va a negociar ningún espacio de poder bajo presión, no se va a negociar el delito, el crimen".
"No va a haber una renuncia del presidente Rodrigo Paz, me ha parecido hasta absurdo que algunos medios de comunicación me llamen y me digan 'es verdad que ya va a haber la renuncia' que 'se está pensando en la salida del país'. No va a renunciar, ni el presidente Rodrigo Paz ni su gabinete; eso no va a suceder, que quede bien claro a estos actores que se están movilizando", aseguró Fernando Aramayo en diálogo con el medio El Deber.
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Ante esta situación, las fuerzas de seguridad bolivianas pusieron en marcha este sábado la operación denominada "Corredor humanitario", de la que participan unos 2.500 agentes policiales y 1.000 efectivos militares. En esa línea, Aramayo aseguró que "no se va a negociar ningún espacio de poder bajo presión, no se va a negociar el delito, el crimen".
"Quienes están infringiendo este tipo de acciones van a tener que responder ante la norma; quienes quieran sentarse a negociar a la mesa de buena fe tienen que deponer actitudes y vamos a negociar", sentenció. Como consecuencia de los enfrentamientos, al menos 50 manifestantes resultaron heridos y alrededor de 100 fueron detenidos.
Desde La Paz, en Bolivia, el periodista Adrián Salonia informó que en las 20 provincias hay bloqueos y mucha convulsión social y descontento contra el Presidente. "Estamos muy preocupados porque, como trabajadores, nos vemos perjudicados al no poder trasladar nuestro ganado por las carreteras y caminos secundarios. En La Paz las carreteras se encuentran bloqueadas por pedidos y demandas hacia el presidente Rodrigo Paz", expresó Alfredo, uno de los manifestantes para Mañanas Argentinas.
Al quitar los subsidios a los combustibles, se disparó el precio del gasoil y del diésel, que repercutió en los alimentos de la población. "Llegó un momento en que el Gobierno comenzó a importar combustible de mala calidad, el cual dañó vehículos tanto de los transportistas como de toda la sociedad. A raíz de eso se generó una demanda de la población para que el Gobierno dé una solución", añadió.
