Perú: Roberto Sánchez tildó de ilegítimo al gobierno de Keiko Fujimori y anunció un frente para recuperar la democracia

El excandidato presidencial izquierdista desconoció los resultados oficiales del balotaje y convocó a una coalición civil tras denunciar manipulación en el voto exterior.

El candidato presidencial izquierdista de Juntos por Perú, Roberto Sánchez, tildó de ilegítimo al futuro gobierno de la derechista Keiko Fujimori y anunció la creación de un frente patriótico para recuperar la democracia. El pronunciamiento ocurrió este domingo durante un mitin en la sede de su partido en Lima, tras su derrota en la segunda vuelta electoral.

El dirigente político agradeció el apoyo de sus electores con el fin de "darle justicia a los mártires del sur y lograr la libertad a nuestro presidente Pedro Castillo, con una exigencia ética de reparación frente al golpismo peruano presente en el Parlamento". Sánchez defendió además su triunfo dentro del territorio nacional, donde obtuvo el 50,08% de los sufragios.

El líder opositor justificó la impugnación judicial del proceso debido a que, según su denuncia, "no hubo transparencia, trazabilidad y cambiaron las reglas del juego a días de la segunda vuelta". La acusación apuntó de forma directa a las modificaciones de último momento en el procedimiento de conteo para los votos emitidos en el extranjero.

Ante esta situación, el partido izquierdista recurrió a los tribunales internacionales para frenar la proclamación oficial. "Cuando hay una intención siniestra de manipular esa votación, ellos son los que han causado esa nulidad y hemos acudido en nuestro derecho democrático a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar una petición, una demanda y una medida cautelar", recordó.

El dirigente opositor condicionó el diálogo con el nuevo ejecutivo

Sánchez afirmó que la administración de Fujimori "nace con una profunda ilegitimidad, una profunda desconfianza, con un rechazo por la mayoría de los territorios del Perú".

El excandidato exigió el esclarecimiento inmediato de las 50 muertes registradas en las protestas sociales de los años 2022 y 2023 y demandó una investigación profunda para sancionar a las autoridades políticas que permitieron "el uso desproporcionado de la fuerza" en las manifestaciones.

"Mientras eso no esté con voluntad política en la mesa para identificar, sancionar y reparar con los propios familiares, no hay nada que conversar", subrayó el referente.

Finalmente, exigió la derogación de las normas denominadas pro crimen que aprobó el Congreso y la liberación del expresidente Castillo. "Mientras no haya consideración de estas medidas urgentes y prioritarias no le creemos nada, no le tenemos confianza y aquí estaremos dispuestos a caminar con nuestro pueblo hasta las últimas consecuencias por justicia, dignidad y soberanía", concluyó.