Murió Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada en Madrid que generó una ola de protestas

La movilización, que avanzó bajo el lema "Ni una Maricarmen más", tuvo como principal demanda la aprobación del llamado "decreto Maricarmen". Este paquete normativo buscaba establecer prórrogas automáticas para los contratos de alquiler, congelar los precios y regular tanto los arrendamientos temporales como por habitaciones.

Incluso el papa León XIV se refirió al desalojo de Maricarmen y reclamó soluciones estructurales para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

“Tenemos que buscar soluciones más justas para que no sucedan estos casos”, sostuvo el pontífice durante una rueda de prensa a bordo del avión papal. León XIV planteó que los vecinos, la comunidad, la parroquia, la diócesis o el Estado deberían intervenir para evitar que una persona mayor y con discapacidad termine siendo expulsada de su hogar.

“Muchas veces reaccionamos sólo al momento de emergencia, pero tenemos que ver en realidad cuál es la causa sistémica de este problema y cómo ayudar”, agregó. En ese sentido, pidió también exigir a los líderes políticos y a las autoridades que busquen respuestas frente a una problemática que, según señaló, “está aumentando evidentemente”.

Jaqueado por la situación social, el gobierno español intentó aprobar dos decretos vinculados con medidas para afrontar la crisis habitacional, pero fueron rechazados con los votos del Partido Popular (PP), Vox y Junts.

Finalmente, el presidente Pedro Sánchez anunció el adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. La decisión implicó la disolución anticipada de las Cortes Generales y puso fin a la actual legislatura antes de lo previsto.

Este miércoles, ya con las cortes disueltas, se publicó la nueva versión de ambas normas, y será la Diputación Permanente del Congreso la que tenga que aprobar o volver a tumbar los textos.

En España, los decretos ley entran en vigor al publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), justo después de su aprobación en Consejo de Ministros, y tienen un plazo de 30 días para debatirse en el Congreso. En este caso, la luz verde o el veto está en manos de la Diputación Permanente del Congreso.