El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) se reunió con funcionarios argentinos durante su 83° período de sesiones en Ginebra, Suiza. Evaluaron el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; sin mencionarlo, pero de acuerdo al detalle del planteamiento, el organismo internacional requirió precisiones sobre la aplicación del denominado protocolo antipiquetes en marchas y movilizaciones sociales. Además, manifestó preocupación por las prácticas institucionalizadas de violencia: detenciones injustificadas y violencia excesiva.
La Convención se extenderá hasta el 28 de este mes y se enmarca en la evaluación periódica que realiza el CAT a los países firmantes. El organismo internacional mantuvo encuentros previos con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y con diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes proporcionaron información crucial sobre la situación interna.
Un punto sustancial del diálogo surgió del informe confidencial que el CNPT había remitido semanas atrás al Comité de la ONU. El CAT incorporó aspectos de dicho documento y puso el foco en lo que consideró una “grave afectación a los derechos fundamentales de personas que participan en marchas”. Con esto, instó a la delegación argentina a detallar los criterios y límites de la aplicación de los protocolos de seguridad.
El organismo internacional aludió, también, a la existencia de prácticas institucionalizadas de violencia contra las personas privadas de la libertad, calificándolas de carácter sistemático y regular en el país. El Comité también expresó su alarma ante la información que recibió sobre el uso arbitrario de armas menos letales en las movilizaciones y el mantenimiento de torturas y malos tratos en contextos de encierro.
La CNPT tuvo su representación durante la Convención, Estuvieron presentes Juan Manuel Irrazábal, Presidente, junto con el procurador penitenciario adjunto, Ariel Cejas Meliare y el secretario ejecutivo, Alan Iud.
El debate entre las partes acaparó la atención internacional sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, tanto en lo relativo a la libertad de protesta y la actuación de las fuerzas de seguridad en la vía pública, como en la garantía de los derechos de las personas detenidas. Se acentuó la exigencia al Estado argentino: se espera una respuesta clara y medidas concretas para erradicar las violaciones sistemáticas a la Convención contra la Tortura.
