Activistas de derechos humanos, políticos y vecinos de Río sostienen que "la guerra contra las drogas es un fracaso constante"

En los últimos meses, Brasil realizó sus dos operativos más importantes de la historia para combatir a las bandas del crimen organizado. El primero sucedió el 28 de agosto en la avenida Faria Lima, en San Pablo, el centro financiero del país y uno de los corredores más pudientes del mundo. Sin disparar un solo tiro, la misión "Carbono Oculto" logró desmantelar una trama de blanqueo de dinero superior a los US$ 9 mil millones, a partir de empresas energéticas y fintechs, que realizó el Primer Comando de la Capital (PCC), uno de los grupos delictivos más importantes de Latinoamérica.

El segundo despliegue también sucedió un 28, pero de octubre, y el resultado fue un tragedia: al menos 132 personas fueron asesinadas (99 de las cuales no tenían antecedentes policiales) por la policía civil y militar de Río de Janeiro en una redada que se llevó adelante en las favelas de Penha y Alemão para impedir el avance del Comando Vermelho, otro de los carteles de mayor relevancia en la región. Este último accionar fue duramente condenado tanto por políticos, referentes de derechos humanos y activistas sociales locales. En diálogo con C5N, ellos no solo aseguran que existen medidas más eficaces que la violencia para combatir al narcotráfico. También, sentencian: "La guerra contra las drogas es un fracaso constante".

"El contexto de la operación fue una acción planificada por el gobernador Cláudio Castro, del mismo partido que (Jair) Bolsonaro, quien movilizó esta lógica de 'necropolítica' para oponerse al Gobierno Federal y posicionarse electoralmente. Fue algo extremadamente grave y una violación a los derechos humanos", sostiene Luciana Boiteux, concejala de Río de Janeiro por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), profesora de derecho penal en la Universidad Federal de Río de Janeiro (URFJ) e integrante del Consejo Nacional de Políticas sobre Drogas.

La "Operación Contención" lanzada por el gobernador Castro fue calificada como una matanza por los vecinos de las favelas. También hubo acusaciones de torturas y ejecuciones sumarias, ya que se encontraron varios cuerpos sin vida que habían sido acribillados a balazos, mutilados y hasta decapitados. Para la concejala carioca, esta brutalidad de la policía "es parte de la cultura".

"Tenemos una cultura de la violencia policial que se consolida después de la dictadura porque no hubo una intervención en la lógica autoritaria y represiva. Es una continuación de lo que se hacía en los gobiernos militares", explica Boiteux, en diálogo con C5N. Además, la profesora sostiene que estas incursiones, como la sucedida esta semana en Penha y Alemão, "son un ejemplo del fracaso del uso de la violencia y de la brutalidad policial para combatir el crimen organizado".

madre llorando masacre rio

"Sabemos que la policía ingresó a la comunidad, pero el crimen continúa en la comunidad. Las más de 130 muertes no causaron ninguna interferencia. El gobernador no recuperó territorio y ahora tenemos gente que sufrió, que llora por sus familiares y toda una ciudad que se paralizó por el miedo de esta operación absurda", dice Boiteux.

Luego, la concejala agrega: "Los gobiernos insisten en la guerra contra las drogas para combatir el crimen organizado porque es un discurso populista. El modelo prohibicionista tiene más de cien años y nunca logró tener resultados positivos"

Para combatir a las bandas del crimen organizado, Boiteux asegura que "pueden hacerse varias cosas. La legalización de las drogas es una de ellas porque el mercado ilícito se fortalece en la marginalidad".

Masacre en primera persona

"Vivo en el Complejo de Alemão y ya he vivido las tres mayores masacres de Río de Janeiro". La persona que habla es Felipe Gomes, tiene 27 años y, por su propia historia marcada por la violencia de la guerra contra las drogas, hoy forma parte de "Marcha das Favelas" (Marcha de las Favelas), una organización que combate el prohibicionismo desde los barrios populares cariocas, a partir de manifestaciones, eventos culturales y debates sobre reducción de daños en el consumo de estupefacientes.

"Durante la la masacre de Jacarezinho -sucedida en 2021 en Río de Janeiro y en la que murieron 27 personas-, irrumpieron mi casa y mi tienda de ropa. Me torturaron y se llevaron todo mi dinero. La policía siempre entra con el mismo objetivo: nos ven a todos como delincuentes. Sobrevivir en una favela es un reto enorme", cuenta Gomes, quien esta semana logró estar un día más con vida después de que balazos de la policía carioca tocaran la puerta de su casa una vez más.

Para este joven, tanto en la "Operación Contención", como en todas las anteriores, "la policía no actúa con la intención de arrestar criminales porque existen maneras menos letales de combatirlos. El verdadero señor de la guerra no está en las favelas. Ellos operan en palacios gubernamentales y en otros países. Además, tuvimos un gran número de muertes causadas por apuñalamientos y torturas, incluyendo decapitaciones", contó Gomes. Luego, continuó: "¿Este es el papel de la policía? ¿Qué intentan demostrarle a la sociedad?".

"Tras estos sucesos catastróficos, hay un gran trauma infligido a la juventud de la favela por tanta violencia y nadie piensa en brindarle apoyo psicológico a la comunidad. La violencia policial es tan solo una de las armas del Estado contra las favelas porque también lo es la falta de salud básica, transporte público y escuelas", aseguró el joven residente del Complejo de Alemão.

Los que la pagan son los pobres

Las poblaciones más vulnerables socioeconómicamente, es decir los pobres, son quienes más pagan las acciones de la guerra contra las drogas. No solo por las intervenciones violentas en las favelas que, además de los cientos de muertos, provocan el cierre de escuelas y centros de salud.

"El mayor fracaso de la Ley de Drogas fue el encarcelamiento masivo que comenzó en 2006. Brasil ha llegado a ostentar la tercera población carcelaria más grande del mundo, pero que trajeron un impacto devastador en las mujeres y personas negras y pobres, grupos históricamente invisibilizados por las políticas públicas. Esto sucede sin una contrapartida en salud, atención o reinserción", asegura Cecilia Galicio, abogada especialista en Derecho Internacional Público y asesora principal del Consejo Estatal de Política sobre Drogas de Brasil.

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Según los datos del Departamento Penitenciario Nacional, recogidos en el Anuario Brasileño de Seguridad Pública del año 2024, la población carcelaria está compuesta principalmente por hombres afrodescendientes, jóvenes y con bajos niveles educativos y económicos.

Los afrodescendientes representan el 66,7% de los presos, mientras que los no afrodescendientes constituyen el 33,3%. Además, la disparidad racial se ha incrementado con el transcurso de los años. El encarcelamiento de las personas afrodescendientes aumentó un 377,7% entre los años 2005 y 2019.

Por otro lado, una encuesta realizada por la Iniciativa Negra para una Nueva Política sobre Drogas, identificó a través de un análisis del perfil de las personas encarceladas en São Paulo por delitos relacionados a las drogas que el 54% de los detenidos son afrodesciendentes, cuando tan solo representan al 31% de la población del Estado, según datos difundidos por la Encuesta Nacional por Muestra de Hogares del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

“El encarcelamiento de pobres y negros es un reflejo del racismo estructural de Brasil. Estamos hablando de una historia de violencia perpetrada desde la supuesta liberación de los esclavos, cuya pobreza, violencia y discriminación afectan a los negros en nuestro país", asegura Galicio.

"Esta desigualdad racial –con respecto a las estadísticas de la población carcelaria– es evidente no solo en las cifras, sino también en la severidad del trato dado a los negros, quienes enfrentan castigos más rigurosos y son objetivos preferentes de las políticas penales”, agrega contundente la abogada.

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Con respecto a la "Operación Contención" sucedida esta semana en Río de Janeiro, Galicio dice que "resulta paradójico que una ley (de drogas), cuyo objetivo es proteger la salud pública, se invoque para producir muertes". "Una política centrada en el prohibicionismo está condenada al fracaso y la historia lo ha demostrado desde la Ley Seca de Estados Unidos", sentencia.

"La Ley de Drogas funciona como un cáncer normativo: alimenta el encarcelamiento masivo, genera tragedias irreparables y múltiples violaciones de derechos humanos, algo que Brasil es un reincidente", dice Galicio. Luego, cuenta que la comparación más reciente a los hechos sucedidos en Penha y Alemão es "la masacre de Carandiru", sucedida en 1992 y que provocó 111 muertes. "En ese caso, el Tribunal Superior de Justicia se confirmaron las condenas a 75 policías por sus abusos. Pero las penas fueron extinguidas en 2024, a partir de un indulto, creando así un escenario de impunidad", sostiene la abogada.

"Estos precedentes transmiten el mensaje erróneo de que la violencia estatal letal puede no encontrar respuestas institucionales adecuadas, perpetuando el ciclo de la injusticia. Esta es una combinación trágica si se suma el legado colonialista, racista, el militarismo, el populismo punitivo, el uso del miedo como arma política y la devaluación de la vida en ciertos territorios. Además, existe una falla estructural del sistema judicial penal, que con frecuencia justifica prácticas policiales letales cuando las personas son negras y pobres", concluye Galicio.

¿Cómo combatir a las bandas del crimen organizado sin violencia?

Si el uso de la violencia estatal no ha sido una herramienta eficaz para combatir a las bandas del crimen organizado, ¿de qué manera se puede reducir su poder? "La legalización de las drogas es una forma", sostiene la concejala Boiteux. "Pero no es la única", aclara.

Entonces, la profesora explica que "hay que actuar para reducir los daños del crimen organizado. También se tiene que investigar el lavado de dinero, a los empresarios que no están en los barrios pobres y que más lucran con esta violencia. Tenemos que asfixiar e impedir que las armas y las drogas lleguen a las comunidades, cercenando la lucratividad de estas bandas". "Esto se hace con planificación e inteligencia y no se logrará ningún resultado positivo en la disputa de territorios y armamentos", asegura Boiteux.

Gomes, el joven activista que vive en el Complejo de Alemão, cree que el mejor camino para tratar las drogas no es el castigo, sino el acompañamiento. Para él, esto también debería implementarse en las comunidades más vulnerables con "el desarrollo de zonas de ocio y educación, la promoción de oportunidades laborales justas y la valoración del territorio como parte integral de la ciudad. Hoy, esto no es la prioridad", asegura Gomes.

"Durante años, la favela ha estado totalmente controlada por el narco y la presencia política se limita a representantes que buscan el voto, renuevan una cancha deportiva y desaparecen por cuatro años", agrega el integrante de Marcha das Favelas.

Para la abogada Galicio, "las iniciativas más prometedoras son aquellas que atacan el circuito financiero". Ella sostiene que "seguir el rastro del dinero es más eficiente porque se centra en quienes se benefician. Las investigaciones de activos, la cooperación interinstitucional y el control del flujo dan mejores resultados que las operaciones espectaculares y sangrientas", asegura la especialista en derecho penal. "Un ejemplo fue la Operación Carbono Oculto", cierra Galicio, sobre el desmantelamiento de una red perteneciente al Primer Comando de la Capital que blanqueó más de US$ 9 mil millones en los últimos cinco años.